La aprobación del proyecto de ley que establece la responsabilidad penal del empleador por el incumplimiento de las normas de seguridad y de salud en el trabajo, que cuenta con media sanción al haber sido aprobada por la Cámara de Diputados, volvió a postergarse y la iniciativa no será votada por la cámara alta sin modificaciones. Los senadores señalan que de aprobarse el proyecto tal como está podría ser considerado inconstitucional, y quieren introducir el concepto de “omisión deliberada” en la definición del delito. Así lo resolvió ayer la bancada de senadores del Frente Amplio (FA), en una extensa reunión en la que se trató exclusivamente ese tema.
El proyecto, originalmente presentado por los diputados del FA Raúl Olivera (Partido Socialista), Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo, PVP) y Martín Tierno (Movimiento de Participación Popular) y por el nacionalista Carmelo Vidalín (que finalmente no lo votó), recibió trámite en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, de la que emanaron tres propuestas distintas: una del FA, otra del Partido Nacional y una tercera del Partido Colorado. Finalmente, el 6 de noviembre de 2013, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Olivera, Puig y Tierno sólo con los 50 votos del FA.
Riesgos penales
La Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop) emitió un comunicado en el que valora negativamente no haber participado en la formulación de la norma “o en sus primeras etapas de discusión”, y advierte que en caso de “no ser ajustada”, tendrá un efecto “particular sobre las cooperativas” y un “desestímulo” por los riesgos penales “que supondría para los socios y especialmente para los directivos”. En Cudecoop no comparten “la definición de un delito antes de que un hecho sea consumado, frente al cual sí podría haber delito y responsabilidad penal”.
El texto aprobado establece una pena de tres a 24 meses de prisión para el empleador o quien ejerza la dirección de una empresa que no haya adoptado “los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador”. La bancada de senadores del FA ya había postergado la aprobación del proyecto y había resuelto como fecha límite mañana, 12 de marzo. Sin embargo, la semana pasada la mayoría de los senadores oficialistas votó a favor de realizarle modificaciones, lo que implica que el proyecto vuelva a Diputados para su aprobación definitiva. El tema fue discutido nuevamente ayer.
La misma votación
Según informó el coordinador de la bancada de senadores del FA, Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), ayer se ratificó lo resuelto la semana pasada en cuanto a “la necesidad de introducir modificaciones al proyecto” y con “un criterio ampliamente mayoritario”. Según pudo saber la diaria, la votación fue nuevamente de 14 a 2; quienes votaron por no modificar el texto fueron los senadores Eduardo Lorier (Partido Comunista) y Constanza Moreira (independiente).
Rubio explicó que la resolución será informada hoy a todos los coordinadores de las bancadas sectoriales de diputados por el coordinador de la bancada de diputados del FA, Jorge Orrico (Asamblea Uruguay), quien participó en la reunión de ayer con los senadores. “La idea es transmitir a los diputados lo resuelto, y es probable que en el correr del día se reúnan para tomar una postura”, agregó Rubio. A partir de lo que resuelva la bancada frenteamplista en la cámara baja los senadores examinarán “los pasos a seguir”. “Nuestra voluntad es buscar acuerdos” con los diputados, aunque no se decidió aún en qué ámbito se podrían alcanzar”, dijo Rubio.
Por su parte el PVP emitió una declaración convocando “fraternalmente” a votar en el Senado “esta herramienta en defensa de la vida, la salud y la integridad física del trabajador” y denunciando la actual situación, en la que “muere un trabajador por semana en accidentes de trabajo” y “cada dos días un trabajador queda con una discapacidad permanente”. “No creemos en leyes mágicas que resuelvan por sí solas la situación, pero estamos convencidos [...] [de] que la aprobación de la norma legal constituirá una herramienta imprescindible para la prevención” y expresará “un mensaje muy claro: ‘Sr. usted que organiza el trabajo ajeno, tenga especial cuidado en proteger la vida, la salud y la integridad física del trabajador’”, añade la declaración.
Puig dijo a la diaria que lo resuelto en la bancada de senadores va en contra de “un acuerdo alcanzado en Diputados con todos los sectores” del FA e incluso con “el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS]”. Según el diputado del PVP, el MTSS designó a “un abogado que trabajó en conjunto” con los diputados del FA en la redacción del proyecto. Puig añadió que varios diputados mantuvieron una reunión con los senadores del FA, al igual que una delegación del PIT-CNT, y éstos “no pudieron” convencerlos con los argumentos que presentaron para defender la modificación del texto. El senador Lorier dijo ayer que por el momento no realizaría declaraciones sobre el tema.