La JIFE, un órgano encargado de controlar la aplicación de los tratados internacionales de la Organización de las Naciones Unidas en materia de drogas, presentó ayer su informe anual sobre 2013, que fue elaborado antes de que la ley se aprobara efectivamente en el Parlamento uruguayo. Por esto, en el documento todas las referencias a la ley están en condicional, a la espera de su aprobación, que se hizo en diciembre.
Bajo el título “Fomento de la coherencia en la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas”, el informe señala que se observa “con preocupación un proyecto de ley que se está examinando en el Uruguay”. Agrega que la ley “contravendría los tratados de fiscalización internacional de drogas, en particular la Convención de 1961”, y recomienda a las autoridades que velen por el cumplimiento del derecho internacional y que estudien las consecuencias de la norma “para la salud y el bienestar de la población”. Prácticamente lo mismo dice también respecto de las nuevas normativas en los estados de Washington y Colorado, en Estados Unidos.
No obstante, Yans, en la presentación a la prensa del informe, consideró que la ley “contraviene” la Convención sobre Estupefacientes de 1961 y recordó al gobierno uruguayo “la necesidad de respetar los tratados”. “La JIFE sigue preocupada por algunas iniciativas que tienen por objeto la legalización del uso del cannabis sin fines médicos ni científicos”, afirmó el jerarca, que agregó que cuando los gobiernos “piensen en adoptar futuras políticas en ese ámbito, deberían anteponer a cualquier otra consideración la salud y el bienestar de la población”. Yans reiteró el pedido al gobierno uruguayo para que “restrinja el consumo de estupefacientes, incluido el cannabis, a fines exclusivamente médicos y científicos”.
A la vez, Yans insistió en la dificultad de diálogo con el gobierno uruguayo. Consideró que tras la aprobación de la ley mantiene un “diálogo difícil con las autoridades” uruguayas. “Tengo ganas de renovar una estrecha cooperación con el gobierno de Uruguay para abordar el asunto de acuerdo con los tratados de los cuales Uruguay forma parte”, dijo.
Las críticas se reiteran incluso después de que Uruguay, representado por una delegación encabezada por el vicecanciller Luis Porto, explicara ante la JIFE, en Viena, el objetivo de la Ley de Regulación del Mercado de la Marihuana. En esa presentación, Porto respondió a Yans, quien había afirmado que la actitud de Uruguay era propia de “piratas”.
Sin saber
Calzada dijo ayer a la diaria que la JIFE “se extralimita en sus potestades”, ya que podría plantear que Uruguay “en tal y tal punto se aparta de las convenciones”, lo que no aparece en el informe. “Lo que planteamos por intermedio de Porto es que nosotros nos mantenemos dentro del espíritu de las convenciones en general y que todos los comentarios o las apreciaciones que ellos hacen con relación a nuestra ley son genéricos y no señalan en ningún momento en qué punto la ley uruguaya se aparta”.
Calzada insistió con que el objetivo de la ley es introducir una herramienta “para el control del comercio ilegal, regulando el mercado y manteniendo en todos sus términos las reestricciones y aspectos penales que hacen a lo que tiene que ver con la Ley de Estupefacientes. En Uruguay va a seguir penado el comercio ilegal de marihuana, y esto está muy claro y preciso en la ley”. Consideró que en los comentarios de Yans “no hay un conocimiento a fondo de la ley” y que en ellos muestra que “no tiene ningún argumento con fuerza para sostener” que Uruguay “contraviene” la convención.
Además, el secretario de la JND cuestionó que el informe de la JIFE “ve con preocupación el informe de la OEA [Organización de Estados Americanos]”, algo que considera “impertinente”. El informe de la OEA plantea la necesidad de debatir y repensar la política de drogas, a partir de la experiencia de muchos países de América Latina. Para Calzada, poner en cuestión el informe de la OEA “es como decir que sobre esto no se puede pensar”.
Calzada pidió “no sobrevalorar este informe de la JIFE”, ya que “no representa ni siquiera la posición de toda la Junta”. Explicó que luego de la presentación de Uruguay en Viena, “la JIFE no sacó una condena a Uruguay porque no lograron un acuerdo, hubo cinco miembros [de 13] que no estaban de acuerdo en condenar a Uruguay”. Sobre el diálogo de las autoridades uruguayas con la JIFE, Calzada dijo que en febrero se transmitió el reclamo de “un diálogo abierto, pero no desde la imposición de una posición”.
Para debatir
También cuestionó el informe de la JIFE el embajador uruguayo ante la OEA, Milton Romani, ex secretario general de la JND. Romani fue invitado a comentar el informe de la JIFE por el encargado de su elaboración en español, Francisco Thoumi, también miembro de ese organismo. Romani aseguró que “el primer derecho es a debatir” y afirmó que la JIFE “se desliza a ser juez y parte en un tema que hoy es un gran movimiento mundial basado en un enfoque de derechos humanos”. “La JIFE tiene mandato para vigilar las convenciones. No lo tiene para emitir juicios sobre las políticas soberanas, dictadas por parlamentos o referéndums populares”, opina, y cuestiona, en esa misma línea, que la JIFE “advierta ahora a Perú que el acullico o masticado de la hoja de coca es un delito”. “Insólito, luego del recorrido que hiciera el Estado Plurinacional de Bolivia al rescate de la cultura milenaria de la coca”, observó.
Además, señaló como una contradicción que la JIFE critique las medidas de “legalización para afirmar que las drogas de circulación legal hacen daño”. “Una verdadera estrategia de salud debería impulsar mercados regulados de todas las sustancias que hacen daño. A no ser que la JIFE piense que el camino es incorporar al tabaco y al alcohol a las convenciones y tratados internacionales, criminalizando toda la cadena de éstos. Como no es eso lo que se propone, sólo puede decirse que es una chicana argumentativa”, sentenció.