El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Pablo Zerbino, dijo la semana pasada que “deshacer las políticas sociales, que son las que nos están complicando, en alguna medida, es difícil”. Si se desmantelaran las políticas sociales que se aplican actualmente desde el gobierno, también se verían afectados sectores del campo, en particular los productores familiares y los asalariados rurales.

Los gobiernos del Frente Amplio aplicaron políticas generales que alcanzaron a la totalidad de los productores, por ejemplo, financiando el sistema de trazabilidad del ganado. Entre 2006 y 2013 invirtieron 80 millones de dólares en este rubro, sin medir si el propietario de los animales tenía 50 o 2.500 cabezas de ganado. Esta inversión, de la que poco se habla en estos días, tuvo un impacto directo en la apertura de nuevos mercados y en el incremento de las exportaciones de carne.

Pero desde 2005 también se aplicaron políticas diferenciales, dirigidas a la población rural más vulnerable. En esto participaron básicamente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), por medio de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) y el Instituto Nacional de Colonización (INC), y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El MGAP impulsó una ley que creó el Registro de Productores Familiares. Es considerado productor familiar aquel que “gestiona directamente una explotación agropecuaria y/o realiza una actividad productiva agraria” con su familia, tiene hasta dos asalariados no familiares, explota hasta 500 hectáreas, con índice Coneat 100, reside en el establecimiento o en una localidad ubicada a una distancia no mayor a 50 kilómetros, y tiene ingresos nominales familiares no generados por la actividad productiva agraria declarada inferiores o iguales a 14 Bases de Prestaciones y Contribuciones. Quienes mediante una declaración jurada ingresan a esta lista, acceden a una serie de políticas públicas específicas, que, según sostuvo un jerarca del MGAP, “han colaborado en que muchos productores y asalariados permanezcan en el campo”.

Uno de los beneficios que tienen los productores familiares, asalariados rurales y habitantes de poblaciones menores a los 5.000 habitantes es el Programa Microcrédito Rural de la DGDR. Este crédito, que no exige garantías, sino que se basa en el control social y el aval de los vecinos (se crearon Comités de Crédito Local, CCL, conformados por habitantes de la zona que aprueban o desaprueban los créditos), puede ser utilizado para un emprendimiento productivo o para el mejoramiento de la vivienda. Actualmente, hay 142 CCL con 730 integrantes honorarios, de los cuales 50,8% son mujeres. La cartera activa al 30 de setiembre de 2017 sumaba 1.750.169 dólares en 3.883 créditos activos, y con 97,43% de la cartera al día o con menos de 30 días de atraso. Se desembolsaron en más de diez años unos 13.310.338 dólares en 37.924 créditos, al que accedieron 13.283 personas (50,46% mujeres y 49,53% hombres), y 63,1% de los usuarios ha operado entre dos y 16 veces con el programa, según información aportada a la diaria por la DGDR.

La DGDR también realizó intervenciones dirigidas a productores familiares y medianos productores con fondos no retornables para apoyar inversiones estratégicas en establecimientos, asistencia técnica y capacitaciones. Estos subsidios son de hasta 8.000 dólares por productor y en los últimos cinco años se ejecutaron 11 intervenciones, en las que se aprobaron 1.329 proyectos que involucran a más de 7.000 productores, totalizando un desembolso de más de 47 millones de dólares. También la DGDR hizo intervenciones hacia las organizaciones rurales (cooperativas, sociedades de fomento rural, ligas de trabajo, etcétera) para su fortalecimiento institucional y fomento del asociativismo, con subsidios de entre 20 y 150.000 dólares. Entre 2012 y 2017 se destinaron 14 millones de dólares para este rubro.

Una de las herramientas territoriales que se implementaron para la coordinación interinstitucional son las Mesas de Desarrollo Rural, integradas por el Consejo Agropecuario Departamental y representantes de las cooperativas y organizaciones gremiales agropecuarias y de la Comisión Agro de la Junta Departamental. En estos ámbitos se coordinan y definen políticas territoriales entre la institucionalidad agropecuaria y las entidades del gobierno. Por ejemplo, es donde el MGAP y el Mides coordinan las políticas sociales a aplicar en un determinado territorio. En la actualidad hay 41 mesas en todo el país.

Tierra para quien la trabaja

El INC también ha invertido fuertemente en proporcionar acceso a la tierra a productores familiares y asalariados rurales, que muchas veces son las dos cosas a la vez. Entre 2010 y 2015, invirtió 185 millones de dólares en compra de tierras y en lo que va de la segunda administración del presidente Tabaré Vázquez ya lleva 50 millones de dólares. Entre 2005 y 2017, más de 3.000 familias de productores familiares y asalariados rurales se convirtieron en colonos, accediendo a tierras que ahora se trabajan.

El INC otorga tierras en arrendamiento a colonos seleccionados de una lista de aspirantes. El criterio es considerar a las personas con mayores dificultades económicas, pero que a su vez tengan condiciones para desarrollar un emprendimiento productivo, priorizando a los jóvenes. También implementó la cotitularidad de la tierra, lo que permite que las mujeres puedan ser titulares.

Durante el último período, se le dio transparencia al acceso a la tierra, algo que en el siglo pasado no ocurría, ya que las tierras de colonización se vendían al mejor postor, y por eso hoy existen “colonos” que no residen en el establecimiento y acumulan tierras en distintos lugares.

Otra de las instituciones que apoyan a la población rural en general es el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR), que, si bien es conocido por las unidades constructivas implementadas en las villas y pueblos para la vivienda familiar (centros nucleados), también construye viviendas en el medio rural de forma dispersa o en unidad de producción. De las 29.002 unidades constructivas desarrolladas por el MEVIR, 24.486 son viviendas nucleadas, 3.816 son unidades productivas y 700 son otro tipo de construcciones (galpones, tambos, infraestructura para agua y electrificación, etcétera).

UTE, el MEVIR, el MGAP, el INC, otras instituciones y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (que financia) vienen desarrollando en forma articulada un plan de electrificación rural que ha llevado energía eléctrica a lugares remotos que no tenían luz.

En tanto, el Banco de Previsión Social redujo los aportes patronales a los productores familiares con menos de 200 hectáreas índice Coneat 100 sin mano de obra contratada.

El Mides también desarrolla políticas públicas hacia la población rural, que se beneficia con las transferencias mediante la Tarjeta Uruguay Social, como la población vulnerable urbana. Los montos rondan actualmente entre 992 y 1.984 pesos por un hijo, hasta 5.334 por cuatro o más hijos en el monto duplicado. Pero también la población rural tiene acceso a todos los demás programas del Mides, además de a algunos específicos dirigidos a las personas en situación de vulnerabilidad social en el campo.