El proyecto de ley que modifica el régimen de declaraciones juradas, ampliando su alcance, se votará en noviembre en la comisión especial de transparencia, lucha contra el lavado de activos y crimen organizado de la Cámara de Representantes. El Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional (PN), que integran esa comisión, están de acuerdo en aprobar la iniciativa, pero subsiste una discrepancia sobre la publicidad de las declaraciones juradas de los legisladores.
Según la Ley 17.060, el presidente y vicepresidente de la República, los ministros de Estado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, así como los senadores, diputados e intendentes, deben hacer declaraciones juradas de sus bienes e ingresos. Es obligatorio dar publicidad en el Diario Oficial a las declaraciones del presidente y del vicepresidente de la República; el proyecto a estudio de la comisión, presentado en julio de 2016 por el FA, propone hacer públicas todas.
En la sesión del 4 de octubre, según consta en la versión taquigráfica, los representantes del PN en la comisión, Omar Lafluf y Graciela Bianchi, objetaron este punto por razones de “seguridad” de quienes formulan las declaraciones. “El defecto que le vemos es que cualquier persona, por cualquier motivo, sin ningún tipo de identificación, acceda por página web o de la manera que sea a esta información. Eso es un riesgo muy grande”, alegó Bianchi, y sostuvo que su partido no está dispuesto a que “las declaraciones juradas se volanteen”. “Me preocupa lo que se dijo de los secuestros, porque siempre nos parece que acá no pasan, pero pasan y pasarán, desgraciadamente. Además, es necesario tener en cuenta el manejo de la prensa, que es absolutamente irresponsable en muchos casos”, opinó la legisladora.
Los diputados nacionalistas proponen, en cambio, que haya que realizar, identificándose, una solicitud fundada para acceder a esos datos. “Un pedido de acceso a la información pública, como se hace normalmente, pero diciendo: ‘Yo quiero conocer la declaración jurada de, por ejemplo, Jorge Gandini, por esto, por esto y por esto’”, ejemplificó Lafluf, en conversación con la diaria (en realidad, la Ley de Acceso a la Información Pública no exige que el solicitante explicite sus motivos).
Lafluf sostuvo que están “de acuerdo con todo” el proyecto, salvo ese punto sobre la publicidad de las declaraciones. “En lo personal, yo cuestiono un poco el beneficio en cuanto al objetivo que persigue la declaración jurada. Supongo que la declaración jurada es para ver si alguien se enriquece ilícitamente por el cargo que ocupa, más que nada. Entonces, ¿qué beneficio trae hacerlo público?”, inquirió.
Bianchi fue particularmente enfática respecto de este punto en la sesión de la comisión del 5 de julio, según consta en la versión taquigráfica. Consideró que el solicitante debería explicitar para qué pide la declaración jurada. “¿Para subirla a las redes e interpretarla como quiere?”, preguntó. “Además, hay que empezar a decir que nuestros sueldos no son nada del otro mundo; el problema es que los que ganan poco son los demás”, valoró.
La diputada frenteamplista Bettiana Díaz (Movimiento de Participación Popular) dijo a la diaria que está “bastante obstaculizada la decisión” sobre el proyecto, “porque el Partido Nacional no tiene acuerdo, y hace meses que nos viene planteando reparos con el hecho de hacer públicas las declaraciones”. Añadió que el FA podría estar dispuesto a aceptar que quien pide información tenga que identificarse, para “destrabar un poco el proyecto”. “No ponerle un marco tan difícil para la ciudadanía común como es el procedimiento de acceso a la información pública, sino que vos pidas una declaración y por ejemplo tengas que ir hasta la Jutep [Junta de Transparencia y Ética Pública], o tengas que certificar que sos una persona que existe, que tiene un documento, para que la Jutep tenga la información de quién está accediendo”, aclaró Díaz.
En el FA se maneja la posibilidad de utilizar un sistema similar al de la central de riesgos del Banco Central del Uruguay: la base de datos es pública pero hay que registrarse como usuario para obtener información.
En la sesión de la comisión del 4 de octubre, el presidente de la Jutep, Ricardo Gil, fue consultado sobre la publicidad de las declaraciones. Consideró que el punto de la seguridad personal “hay que atenderlo”. “Hay distintas formas, como identificar al que pide la información. En algunos lugares tiene que ir personalmente. Si no, no se la dan. Si va, se la dan, pero tiene que ir, mostrar el documento, etcétera”, señaló. Por otra parte, desestimó que esto pueda generar consecuencias trágicas para los legisladores. “La evidencia empírica muestra que en ningún lado las declaraciones juradas generaron secuestros. No fueron causal de más inseguridad, pero de cualquier manera es un tema a tener en cuenta. Hagámoslo bien”, sugirió.
Por otra parte, Lafluf dijo que su partido propondrá aumentar las sanciones a quienes no cumplan con la obligación de presentar sus declaraciones, pero también disminuir la cantidad de personas obligadas.