Cuatro campañas de recolección de firmas intentan acomodarse en la previa del año electoral, en busca de cambiar el marco jurídico del país: tres de ellas para reformar la Constitución por intermedio de sendos plebiscitos, y la restante para someter a referéndum y derogar la Ley de Riego, aprobada por el Parlamento el año pasado.

Entre todas, estas iniciativas previstas en la Constitución ya han recolectado cerca de 850.000 firmas según sus promotores, pero para que todas las consultas populares se realicen van a tener que sumar por lo menos 1.470.000: unas 269.000 para cada plebiscito, y aproximadamente 640.000 para el referéndum.

La campaña por el referéndum contra la Ley de Riego es la que más adhesiones ha conseguido (450.000 según sus organizadores), pero también la que debe actuar más rápido: tiene hasta el 27 de octubre para presentarlas, porque ese día se cumplirá un año de la promulgación de la norma que se busca derogar. El presidente de la Federación de Funcionarios de OSE, Gustavo Ricci, contó que hace dos semanas se realizó la primera jornada de recolección nacional, resuelta y apoyada por la Mesa Representativa del PIT-CNT, y entre ayer y anteayer, la segunda. Hoy varios colectivos se movilizarán desde la Universidad de la República hasta la Plaza Cagancha, durante la X Marcha Nacional en Defensa de la Vida y el Agua, cuya consigna central de este año es “No a la Ley de Riego”.

La norma fue impulsada por el oficialismo, pero el referéndum cuenta con el respaldo de algunos sectores del Frente Amplio, como el Partido por la Victoria del Pueblo, y también de algunos integrantes de Casa Grande.

Además, la campaña es apoyada por Unidad Popular.

Por la carta magna

Con resultados a todas luces menos exitosos, pero con la tranquilidad de que aún les quedan más de siete meses, las tres campañas por plebiscitos (que se realizarían junto con las elecciones nacionales de octubre de 2019) avanzan a velocidad dispar.

“Vivir sin miedo”, lanzada por Jorge Larrañaga y su sector, Alianza Nacional –y que ha cautivado a buena cantidad de dirigentes colorados, entre ellos los senadores Pedro Bordaberry y Germán Coutinho–, es la que viene reuniendo más adhesiones, según lo que dicen sus organizadores. Y eso a pesar de que fue la última en arrancar: se inició en mayo de este año y ya contaría con 150.000 firmas. Esta iniciativa apuesta a reformar la Constitución para que se elimine la prohibición de realizar allanamientos nocturnos, se cumplan por completo las penas por delitos graves, se pueda condenar a prisión perpetua revisable por delitos gravísimos y se cree una Guardia Nacional conformada por militares. En el equipo de “Vivir sin miedo” descuentan que se llegará a las firmas requeridas para abril, e incluso “la idea es llegar a 300.000”, dijo a la diaria el diputado nacionalista Pablo Abdala. “No tenemos apuro y quizá a fin de año estén las firmas que precisamos, pero vamos a seguir juntando porque hay que tener un margen. Además, no es sólo juntarlas, también hay un proceso de revisión, pero igualmente estamos trabajando a un ritmo interesante”, explicó. Este fin de semana, el sector aprovechará la celebración del Día del Patrimonio para realizar una gran jornada de recolección de firmas en todo el país. “Hay mucha gente haciendo colas y eso hay que aprovecharlo”, señaló Abdala.

En cambio, la campaña que busca dejar sin efecto la “obligatoriedad” de la bancarización –prohibiéndola expresamente– declara que ha llegado a un caudal levemente menor (entre 120.000 y 140.000 firmas), pero arrancó casi un año antes, en junio de 2017. Esta recolección de firmas debió sortear un singular obstáculo: otra campaña con la misma intención y lanzada casi al mismo tiempo por el mediático abogado Gustavo Salle, quien terminó admitiendo a fines de julio de este año que no llegaría al objetivo previsto, aunque aseguró haber reunido unas 50.000 adhesiones.

La recolección que sigue adelante tuvo el apoyo inicial de la Cámara Regional de Comerciantes del Este y de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, y tras su despliegue ha obtenido, entre otros apoyos, el de Un Solo Uruguay, que adhirió a la iniciativa en mayo de este año, por entender que la Ley de Inclusión Financiera “ha tenido un montón de costos extras para las pequeñas y medianas empresas”, según explicó a la diaria uno de los portavoces del grupo de “autoconvocados”, Marcelo Nougué. Este sostuvo además que la norma “atenta contra la libertad individual”, “obliga a algo que no es necesario para el país” y “genera ganancias extras para los bancos, controlando la vida de cada uno de los uruguayos”. “Nos dicen que es para evitar el lavado de activos, pero es como que para evitar la delincuencia común nos pongan una tobillera a todos”, afirmó.

La agrupación Héctor Gutiérrez Ruiz del Partido Nacional, encabezada por Jorge Gandini, también está colaborando activamente con la recolección de firmas desde agosto. “La instrumentación de la inclusión financiera tiene mil problemas y exigencias que van más allá de lo lógico y sensato”, dijo Gandini a la diaria en agosto. La reforma también cuenta con el apoyo de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, cercana a Unidad Popular, y los precandidatos nacionalistas Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga dijeron que firmarían, aunque hasta el momento no han hecho campaña al respecto. “Es impresionante la gente que llama porque quiere firmar. Se están mandando hojas para todo el país. La tarea se ha multiplicado y ahora hay también mucha gente de Montevideo, que era donde estábamos más flojos”, dijo Tomás Casas, del Centro Comercial e Industrial de Lavalleja.

La restante iniciativa de plebiscito también reúne varios apoyos políticos, y refiere a una “defensa” del artículo 67 de la Constitución, al que se quiere agregar un inciso para establecer que “las pasividades, las pensiones, y en general, todo tipo de prestaciones de seguridad social, servidas por el Banco de Previsión Social, o entidades estatales, paraestatales o privadas, no podrán ser gravadas con tributos de ninguna naturaleza, ni ser objeto de detracciones, descuentos o prestaciones de cualquier tipo, salvo las obligaciones alimentarias, de salud, o las que consienta su titular”.

Esta iniciativa es impulsada por el Movimiento de Defensa del Artículo 67 de la Constitución, cuyo principal portavoz, el general retirado Sergio D’Oliveira –quien fue jefe del Estado Mayor del Ejército–, estima que ya han obtenido unas 130.000 firmas y asegura que la recolección “viene aumentando significativamente”, pero reconoce que es necesario “pasarse del monto” requerido para estar seguros de llegar a la cifra final. El artículo 67, cuya defensa proclaman estas organizaciones, establece que “las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros retiros adecuados y subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etcétera; y a sus familias, en caso de muerte, la pensión correspondiente. La pensión a la vejez constituye un derecho para el que llegue al límite de la edad productiva, después de larga permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales”.

También tiene el respaldo de Un Solo Uruguay, por considerar que con tributos como el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social “se ha buscado una forma elegante de hacer algo inconstitucional. El que está cobrando una jubilación ya aportó sus impuestos cuando era activo”, explicó Nougué, y añadió: “Aunque fuera constitucional, no nos parece correcto”.

El diputado Tabaré Viera, uno de los principales dirigentes del sector Batllistas, presentó 9.000 firmas para contribuir con la campaña. “Decidí adherirme a la recolección de firmas porque me parece interesante esa propuesta de modificar ese artículo para hacer constitucional la prohibición de ponerles cualquier tipo de impuesto a las jubilaciones”, sostuvo.

Ley trans

Hasta el 26 de setiembre se realizó una campaña de recolección de firmas impulsada por la Unión Trans para apoyar el proyecto de Ley para Personas Trans, que está a estudio del Senado. Fue una “acción simbólica de apoyo y presión organizada” para que se dé un “buen debate público y una pronta aprobación” del proyecto, explicó Josefina González, de la Unión Trans (y cabe recordar que se habían presentado papeletas contra la iniciativa). La comisión de recolección de firmas, que está dentro de la campaña nacional de apoyo al proyecto, está contando las adhesiones, y González dijo que aún no es posible saber cuántas se reunieron.