Con algunas discrepancias puntuales, el Partido Nacional (PN) acompañó ayer el proyecto de ley que establece y regula el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento en 2016. El Partido Independiente (PI) también votó en general la norma, pero el Partido Colorado (PC) la rechazó.

El diputado frenteamplista José Carlos Mahía, miembro informante de la iniciativa, destacó que la norma introduce “un cambio profundo en la percepción y el sentido de la inteligencia”, y no la limita a lo policial ni a la defensa, sino que refiere a toda la información que se produce con el objetivo de “proteger los intereses estratégicos del Estado” frente a situaciones “que pueden afectar” sus intereses en materia de seguridad interior o defensa nacional. Mahía consideró que el texto “logra un adecuado equilibrio” entre “dos pilares que suelen entrar en contradicción”: por un lado, el referido a la seguridad general de la sociedad; por el otro, el derecho a la privacidad y a la protección de la información personal.

El proyecto crea el SNI y una secretaría nacional de inteligencia como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo. El titular de esta secretaría durará seis años en el cargo y deberá ser designado con venia del Senado –en primera instancia con mayorías especiales y, si no se logra entonces, con mayoría simple–. Los responsables políticos del SNI serán los ministros de Defensa Nacional, Interior, Relaciones Exteriores, y Economía y Finanzas.

El diputado del PN Gustavo Penadés valoró positivamente el proyecto. Consideró que para el Estado “es central la unificación, la profesionalización y encarar con seriedad la tarea de desarrollar inteligencia”, y evaluó que hoy los organismos están descoordinados y tienen una relación de “mutua desconfianza”. De todos modos, opinó que es un “profundo error” que la secretaría dependa de cuatro ministerios, porque la ubica “en un ámbito de volatilidad” y “no le da la jerarquía que debiera tener”. “No hay un claro responsable político, la dispersión atenta contra la posibilidad de saber quién es el jerarca responsable”, señaló.

Además, Penadés consideró que el titular de la secretaría debería designarse con mayoría de tres quintos, y no con el sistema que se aprobó ayer. Agregó que tampoco es aceptable que la destitución del coordinador sea sólo por decisión del Poder Ejecutivo, sino que debería tener venia del Senado.

Mahía destacó las garantías que introduce el texto para que las agencias de inteligencia actúen en el marco de la normativa vigente. En ese sentido, consideró que evita situaciones como la del espionaje militar en democracia constatado en la comisión investigadora parlamentaria, que hoy está a estudio de la Justicia. Recordó que hay actividades prohibidas para los organismos de inteligencia, como desarrollar tareas represivas e intervenir en la vida social, política o económica del país.

Asimismo, la iniciativa crea una comisión bicameral que tendrá la potestad de controlar y supervisar las actividades de los órganos de inteligencia, y que recibirá un informe anual de esas actuaciones.

Además, el proyecto establece la obligatoriedad de autorización judicial previa en casos de “procedimientos especiales”, como los casos de intervenciones de comunicaciones telefónicas e informáticas, intervención de sistemas informáticos, y escucha o grabación electrónica. También regula los casos de actuación en forma encubierta. Mahía remarcó que de esta forma “se establecen salvaguardas a los derechos individuales y para la protección de la información de las personas”.

El diputado del PI Iván Posada opinó que el proyecto es “un paso necesario e imprescindible” desde el punto de vista institucional. Afirmó que la experiencia de la comisión sobre espionaje en democracia indica la necesidad de que haya una institucionalidad del Estado en temas de inteligencia, y de que haya responsables en esa materia.

Por su parte, el diputado del PC Ope Pasquet explicó que si bien su partido comparte los objetivos de la ley y algunas de las disposiciones porque constituyen “avances significativos”, su tiene “reparos fundamentales” que le impiden acompañar el proyecto en general. En particular, discrepa con que la secretaría dependa de cuatro ministerios. “Este diseño institucional conspira contra la labor de la secretaría y el contralor parlamentario que se debe ejercer”, manifestó. Añadió que le parece “absolutamente inviable” que la secretaría pueda funcionar como órgano desconcentrado de cuatro ministerios. “¿Cómo se va a poder hacer el contralor parlamentario de esa secretaría si tenemos que obtener la concurrencia simultánea de cuatro ministros al Parlamento?”, inquirió Pasquet. Asimismo, cuestionó que se disponga la reserva absoluta de la información de inteligencia del Estado. “Puede haber actividad de inteligencia que implica recolección, análisis y evaluación de información que no sólo no debe ser reservada, sino que es conveniente que sea de conocimiento público y amplio”, consideró. Agregó que esto impide “cualquier pedido de acceso a la información pública”.