El represor Gilberto Vázquez violó la prisión domiciliaria que cumple en Rivera

Dos personas entran a la torre 1º de Octubre y, en cuestión de segundos, un señor canoso baja por las escaleras. El represor Gilberto Vázquez, que vive en el apartamento 201 del edificio, ubicado en la calle Figueroa 1090, recibe a sus invitados. Un vecino, que se encontraba charlando con el portero en el hall de entrada, mira atónito la escena y atina a sacarle un par de fotos. Vázquez sonríe.

El juez de ejecución penal Martín Gesto autorizó al coronel retirado a mudarse de Montevideo a Rivera. Vázquez fue condenado a 25 años de prisión por delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor, y a 30 años por participar en el secuestro y desaparición de María Claudia García. Gesto le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria hace dos años, y explicó a la diaria los motivos: “Él solicitó a fines del año pasado cambiar de domicilio, porque su familia se encuentra radicada en esa ciudad [Rivera] y por cuestiones de salud. A principios de este mes lo autoricé y la efectivización se realizó estos días”.

Como el monitoreo electrónico mediante tobilleras “no está habilitado todavía” en Rivera, el juez dispuso la custodia policial del coronel retirado. Gesto señaló que debe ser, según su decisión, una “custodia permanente”, pero que él no sabe cómo se instrumenta, porque de “eso se encarga la jefatura”. Hace unos años que el mismo juez habilitó una salida transitoria del torturador José Nino Gavazzo, para que fuera al cumpleaños de 15 de su nieta, aunque esto no llegó a concretarse luego de que organizaciones sociales y de derechos humanos hicieron un escrache frente a su casa. También fue Gesto el magistrado que permitió a Gavazzo trasladar su domicilio de Pocitos a Parque Miramar, según informó el semanario Brecha en noviembre de 2016.

El miércoles de esta semana, Vázquez violó la prisión domiciliaria. Cuando la Policía llegó a su domicilio, a las 11.30, el coronel retirado no abrió la puerta. El jefe de la Policía de Rivera, Ricardo Pereira, explicó a la diaria cómo funciona el procedimiento de vigilancia en este tipo de casos. “El juez dispone la prisión domiciliaria. La persona notifica dónde va a vivir, la Policía toma nota y lo incluye en la lista de aquellas con prisiones domiciliarias que hay en el departamento”. En Rivera son 20 las personas que se encuentran en esa situación. En cualquier momento del día la Policía les puede hacer una visita, para comprobar si están donde deben. “En este caso se constató el incumplimiento de la prisión domiciliaria por la concurrencia de la Policía. Fueron a hacer el control de rutina y no estaba en su casa. Informamos al juzgado de su ausencia y luego la persona informó a la jefatura que estaba en el médico”. Según explicó, las personas en esta situación no pueden dar un paso afuera de su casa sin solicitarle permiso al juez, y recalcó que, si se constata un incumplimiento, el magistrado puede revocar la concesión del beneficio.

Gesto dijo a este medio que no sabe si Vázquez “pidió o no” autorización para ir al médico. “A mí me informaron que él fue”, se limitó a señalar. Al ser consultado sobre si el coronel retirado tiene que solicitar permiso al juzgado con anticipación en esos casos, el juez reconoció que a él sólo le notificaron que fue a la mutualista, y que efectivamente se le tiene que pedir autorización antes. “Sí, eso debería ser la forma de instrumentarlo. Lo que me dijeron es que en estos días se habían hecho los demás controles y no hubo problema. Fueron a la casa, no estaba, un familiar dijo que estaba en la mutualista, que es a dos cuadras del domicilio, y efectivamente estaba allí. En ese momento le hicieron saber, por si no lo sabía, que tiene que pedir autorización previamente”, relató.

Entre el edificio donde vive Vázquez y la frontera con Brasil hay sólo tres cuadras de distancia. Es sabido que el coronel retirado cuenta en su prontuario con una fuga y un intento de fuga. En 2006, fue trasladado al Hospital Militar porque aseguraba que tenía dolores de próstata. En esa ocasión logró fugarse, y lo atraparon cuatro días después, disfrazado con una peluca. Al año siguiente, según informó lr21 en esa oportunidad, el Ministerio del Interior informó que el militar retirado tenía escondida una sierra y que había untado dulce de membrillo en los barrotes de la celda para corroerlos y fugarse de la cárcel.

Sobre sus antecedentes de fuga y la posibilidad de que escape por la frontera, Gesto dijo que él dispuso para Vázquez “la custodia permanente y suficiente”. “Después, cómo lo instrumenta la jefatura de Rivera, no lo sé”, acotó. También puntualizó que “se da la casualidad de que justo su familia es de ahí. Si fuera otro departamento, capaz que no se plantea el tema de la frontera. De todas maneras, como en Rivera no está funcionando el sistema de las tobilleras, la alternativa es la custodia”.

Justicia

Aldo Chiquito Perrini tenía 34 años y tres hijos: Aldo, Dino y Piero. Era heladero y tenía su negocio en Carmelo. El 26 de febrero de 1974 fue secuestrado en ese local, y llevado al Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia. En una sesión de tortura, luego de varios días de plantón, picana, golpizas y submarino, Perrini murió.

Tras el pedido de procesamiento de la fiscal Ana María Telechea, el general Pedro Barneix se suicidó. El otro militar procesado y detenido por el asesinato fue José Puigvert. Ahora el fiscal especializado en derechos humanos Ricardo Perciballe acusó a Puigvert como coautor del homicidio muy especialmente agravado de Perrini, y solicitó que se lo condene a 22 años de penitenciaría. Desde que Perciballe ocupa su cargo, es la primera vez que hace una acusación. A diferencia del pedido de procesamiento, para el que se requiere la semiplena prueba de lo acontecido, la acusación implica que el fiscal cuenta con los “elementos totales para imputar el delito”, explicó Perciballe a la diaria.

Varios detenidos cuentan que los militares le dieron un trato especialmente cruel a Perrini porque les gritaba que dejaran de abusar de las detenidas. Según consta en el fallo fiscal, uno de sus compañeros de cautiverio relató: “En determinado momento preguntó algo así como ‘qué le están haciendo’ y le contestaban con sorna, diciéndole efectivamente lo que estaban haciendo, y el Chiquito les pedía que la dejaran tranquila, y ellos contestaban riéndose, por supuesto, y él insistía en que la dejaran tranquila, hijos de puta, y entonces le decían quién la iba a defender, y el contestaba que él, hijos de puta”.

El fiscal subraya que existió “particular ensañamiento” con las mujeres “por su condición de tales”, y que además de sufrir las mismas torturas que los varones, “se les sumó la desnudez, los manoseos y aun la violación”. Si bien Perrini fue “sometido a igual tratamiento que los restantes detenidos”, dice el fiscal, “sobre él recayó especial consideración”, porque en “distintas ocasiones intentó, con los escasos medios a su alcance (que no fueron otros que su voz), interceder para que las jóvenes no fueran objeto de tratos degradantes y aun de vejámenes”.

Memoria

Miguel Mato tenía 28 años y militaba en la Unión de la Juventud Comunista. El 29 de enero de 1982 salió de su casa corriendo para tomar el ómnibus 145. No volvió; lo secuestraron. Fue el último detenido desaparecido de la dictadura. Su hija, Verónica Mato, contó a la diaria: “Tenía cinco años cuando desapareció. Esa fue la última vez que salió de casa. Unos militares vestidos de civiles lo agarraron en 8 de Octubre y Larravide y lo metieron en un auto”.

Ayer, a las 18.00, se colocó una placa de memoria en esa esquina. Verónica entiende que es una medida “reparatoria”, no sólo para ella sino también para la “historia de Uruguay”. Reconoce que las causas de delitos de lesa humanidad se han movido bastante en los últimos años. “Seguimos con la esperanza, con el deseo, con la lucha de que en algún momento se haga justicia por mi padre y por todas las personas que sufrieron una violación tremenda a los derechos humanos”, aseguró.