El Frente Amplio (FA) presentó ayer modificaciones que ya acordó a la ley integral para las personas trans. Hay varios cambios de redacción, pero el tema que ha generado más polémica –el procedimiento para que menores de 18 años accedan a tratamientos hormonales y quirúrgicos sin el consentimiento de sus representantes legales– aún no tiene una nueva formulación y será presentado a más tardar el lunes, dijo el senador oficialista Marcos Otheguy. Hace más de un año que la iniciativa es estudiada por la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, y el texto alternativo fue acordado por los senadores y diputados del FA. El objetivo de estos es que el proyecto se empiece a votar el lunes y quede aprobado “en las próximas dos sesiones”, adelantó Otheguy.

El presidente de la comisión, Germán Coutinho (del Partido Colorado), confirmó a la diaria que es posible que se empiece a votar este lunes, ya que el documento del FA empezó a circular ayer de tarde, pero prefirió no hacer comentarios sobre este hasta que termine de estudiarlo. A su vez, Carol Aviaga (Partido Nacional, PN) dijo que esperará a escuchar opiniones del resto de la bancada nacionalista para decidir qué votará en la comisión. En cambio, José Carlos Cardoso, también del PN, se mostró favorable a votar lo antes posible, ya que considera que se trata de un proyecto necesario para garantizar los derechos de las personas que “tienen una opción diferente de vida”.

Según Otheguy, los cambios se deben a razones de “técnica legislativa” y no implican alterar la “esencia” del proyecto. “Las leyes deben tener una lógica de redacción y lo que se hizo fue adaptar el texto del Ejecutivo”, explicó.

Sobre el acceso a tratamientos y cirugías para menores de 18 años, Otheguy aclaró que, si bien una de las posibilidades que se manejaban era excluir en forma expresa las operaciones a menores sin la autorización de sus responsables legales, no se está hablando “de hacer una distinción [por edad]. Estamos buscando una redacción que sea consistente con las normas vigentes, que parten de la base de preservar el bien superior del menor y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes consagrada en el Código [de la Niñez y la Adolescencia]”.

Uno de los artículos que se modificó fue el que se refiere a la adecuación del nombre y sexo en los documentos de identificación a pedido de los interesados. La nueva redacción establece que “el cambio de cualquier dato que incida en la identificación del sujeto conforme a esta ley no implicará el cambio de la titularidad jurídica de los actos inscriptos en la Dirección General de Registros”. El proyecto crea además la Comisión Asesora Honoraria de Cambio de Identidad y Género, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura y se encargará de verificar que en estos casos se cumplan los requisitos de la ley.

En el punto que establece una reparación para personas que sufrieron violencia institucional “por causas relacionadas a su identidad de género” (el que fue tergiversado como una “pensión por ser trans”), se especifica que estas deberán acreditar en forma “fehaciente” que eso sucedió. El nuevo texto enumera al respecto una serie de exclusiones: “No tendrán derecho a percibir la prestación [...] los titulares de una jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo que optaren por la prestación reparatoria, ni quienes perciban ingresos de cualquier naturaleza superiores a 15 bases de prestaciones y contribuciones mensuales [57.720 pesos actuales]”. Para el trámite de las reparaciones se crea una Comisión Especial Honoraria Reparatoria que “funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y tendrá los cometidos de recibir, sustanciar y resolver las solicitudes”.