El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) presentó ayer su informe anual correspondiente a 2017. Algunas de las conclusiones que surgen del documento apuntan a valorar positivamente el proceso de desinstitucionalización del sistema de protección a la infancia, el hecho de que el sistema de responsabilidad penal juvenil tenga menos internos, y las garantías que introdujo el nuevo Código del Proceso Penal (CPP).

Como aspectos negativos, se mencionan los malos tratos en una parte del sistema carcelario. “Existen bolsones problemáticos mucho más grandes de lo que sería deseable y que no han solucionado la temática de los malos tratos. En el sistema carcelario hay un tercio de los establecimientos en los que las personas están sujetas a tratos que están por debajo de los estándares internacionales”, dijo a la diaria Wilder Tayler, integrante del Consejo Directivo de la INDDHH y ex secretario general de la Comisión Internacional de Juristas. Las cantidades de “fallecimientos por homicidio y suicidio en la población carcelaria son el indicador más grave y contundente de una falla sistemática”, señala el informe anual. En el sistema penal juvenil hay alta rotación en las direcciones, falta de personal capacitado, carencias edilicias e insuficiente oferta educativa, apunta.

Tayler lamentó que las garantías establecidas en el nuevo CPP “inmediatamente empiecen a erosionarse”, en referencia a los cambios normativos posteriores que lo modificaron. “Lo que hay es una reacción al fenómeno del aumento de la violencia en la sociedad, el reclamo de mano dura y el fortalecimiento del punitivismo: se quiere mandar más gente presa y que esté más tiempo así. En el sistema penal juvenil pasa lo mismo; hemos tenido en los últimos años cinco o seis leyes para endurecer el sistema punitivo adolescente, a tal punto que, hace un año, si uno delinquía con 17 años tenía un sistema más gravoso que con 18”, indicó.

En este contexto, el director de la INDDHH evaluó a título personal que la reforma constitucional promovida por el senador nacionalista Jorge Larrañaga, con el lema “Vivir sin miedo”, “encierra algunos peligros que preocupan mucho”. En primer lugar, opinó que es preocupante que se proponga a las Fuerzas Armadas para salir a reprimir el delito, “tanto por lo que ya ha conocido el país, como por el hecho de que no son unidades que estén preparadas para hacer ese trabajo”. En cuanto a la propuesta de cadena perpetua, Tayler sostuvo que duda de que pueda ser una solución, y reiteró que los problemas en materia de seguridad no se solucionan con el endurecimiento de las penas. “A veces es incluso contradictorio el discurso que dice: ‘Bueno, fíjense lo que son las cárceles, son la universidad del delito’, y al mismo tiempo se adopta una cantidad de medidas para llenarla de estudiantes”, comentó. Agregó que la pena de reclusión perpetua tiene “una connotación hasta ideológica atrás, como la pena de muerte, que uno en principio rechaza, porque en una concepción humanista se debe hacer una apuesta a la rehabilitación”.

Los derechos en cuestión

Por otra parte, Tayler consideró que en Uruguay la llamada agenda de derechos “ha avanzado mucho”, y que siempre que esto sucede “hay una contrarreacción, eso ocurre en todos lados”. En ese sentido, evaluó que es muy importante lo que hagan el Estado, los partidos políticos y otras instituciones ante el avance de concepciones en muchos casos contrarias a los derechos humanos. “Hay que salir a dar más debate. Aquí no se trata de prohibir que alguien diga una cosa o que hable de tal manera, o de tratar de criminalizar la apología de... no, no tiene gollete. Lo que tenemos que hacer es dar más debate, explicar más, educar más”, sostuvo.

Lamentó que el Estado no haya tenido una “actitud proactiva” en esta materia, y puso como ejemplo la discusión posterior a la aprobación del CPP, que concluyó con la definición de cambios que fueron en el sentido de “erosionar las garantías” de la norma. “Todo el debate que hubo para el endurecimiento del CPP fue en materia de mano dura. Por suerte no pasó, pero las primeras propuestas que se presentaron llevaban a que una persona condenada por hurto ya no tuviera la posibilidad de una libertad anticipada; o sea, todo el mundo iba para adentro. Tuvimos suerte de que primó el sentido común y no se hizo a ese extremo, pero sería bueno reposicionar al Estado con respecto a esto”, consideró Tayler.

Ante el fenómeno de personas que optan electoralmente por “fórmulas inéditas de derecha y antiderechos” y sistemas políticos que no saben responder ante este fenómeno, Tayler opinó: “Sería muy importante que todos los que estamos a favor de los derechos humanos –Estado, políticos, organismos sociales, PIT-CNT– discutiéramos este tema”. “Necesitamos un debate en profundidad en Uruguay, que es un país chiquito y que necesariamente va a sufrir el impacto de nuestro alrededor, para ver cómo hacemos para mantener los progresos que se han hecho en esta democracia, que son muchos. Estamos en un momento en el que la máxima es de preservación de lo que se ha obtenido”, sentenció.