Con los votos del oficialismo (16 en 29), la Cámara de Senadores encontró “ampliamente satisfactorias” las explicaciones que dio la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, sobre la construcción del Antel Arena. El miembro interpelante, Pablo Mieres (Partido Independiente, PI) dijo ayer que la construcción fue una “violación fragrante de la Constitución de la República” y un “abuso de poder por parte de entes y servicios del Estado”. Puso énfasis en un pedido de acceso a la información pública que le hizo a Antel y que la empresa se negó a contestar, al declarar que la era información reservada. Según el senador, la Unidad de Acceso a la Información Pública dictaminó que Antel está obligada a responder porque “la información proviene de un organismo obligado y refiere a fondos públicos”. El senador formuló ayer 42 preguntas, y al final se declaró “muy insatisfecho con las respuestas”.

La referencia a la Constitución se apoya en que su artículo 190 establece que “los entes autónomos y los servicios descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”. “Tenemos un debate que es polémico sobre si [la obra] es constitucional o no, pero esa fue la primera cosa que dije de muchísimas que no fueron levantadas”, afirmó. En el debate, Mieres sostuvo que “no hay una sola empresa de telecomunicaciones en el mundo que haya construido” un recinto de este tipo, y que lo que siempre hacen es patrocinarlos.

Cosse aseguró que el proceso de construcción fue “transparente”. “Tenemos todos los detalles [...] Si hay algo que ha tenido seguimiento y rigurosidad ha sido este proyecto”, afirmó. También destacó que la obra incluyó la edificación desde cero de una escuela, un auditorio de 1.100 plazas, un club de baby fútbol, nueve hectáreas de parque público y un estacionamiento con 1.300 lugares. En el fin de su intervención, Cosse sostuvo que es usual que las empresas de telefonía tengan este tipo de complejos para espectáculos, ya sea porque los “compran hechos”, los alquilan, los construyen o compren los derechos de nominación por muchos años, con una gran inversión. Dijo que “las formas son diferentes y no hacen a la cosa”. También alegó que habría sido “irresponsable” por parte de Antel “no haber visto los cambios del mundo y no haber ayudado a Uruguay a construir la base material para el mundo digital”.

Andrés Tolosa, presidente de Antel, dijo que “los procesos competitivos, en los que participaron más de 80 empresas, garantizan los mejores precios”, negó que haya habido sobrecostos en la construcción del estadio y apuntó que el costo fue en promedio de 1.787 dólares por metro cuadrado, menor que el de obras similares en otros países.

Desde el Frente Amplio, Marcos Otheguy dijo que la interpelación tuvo una “finalidad política” y que Mieres hizo afirmaciones falsas. “Si comprendemos y asumimos que el futuro tiene que ver con el conocimiento y la innovación, las empresas públicas son las únicas que están en condiciones de ser parte del liderazgo de ese proceso”, sostuvo. A su vez, Charles Carrera comentó que Mieres hace “un razonamiento equivocado”, porque se basa en una observación, también equivocada, del Tribunal de Cuentas de la República, que en 2013 sostuvo que el convenio entre la Intendencia de Montevideo y Antel violaba el mencionado artículo de la Constitución.

Entre los colorados, Pedro Bordaberry se quejó de la falta de información y mencionó cuatro pedidos de informes sobre Antel Arena, de 2015 a 2018, que no tuvieron respuesta del Ministerio de Industria; y José Amorín Batlle admitió que la inconstitucionalidad es discutible pero dijo que quería saber en qué se gastaron 82 millones de dólares, cuando se había proyectado gastar 40.