El Movimiento de Participación Popular (MPP) presentó la semana pasada a la bancada del Frente Amplio (FA) un nuevo proyecto de Código Penal (CP), para retomar la discusión de su reforma a nivel parlamentario. La iniciativa propone modificaciones al proyecto que está a estudio del Parlamento desde 2010, en relación con delitos económicos, delitos empresariales y delitos medioambientales, y propone integrar al código leyes aprobadas por separado, cuidando su compatibilidad con el resto del texto, según informó a la diaria la diputada frenteamplista Cecilia Bottino.
La intención del MPP es que la reforma del CP se apruebe en este período de gobierno y que la iniciativa se presenta como “base para la discusión”. Si el resto de la bancada oficialista considera que se trata de un aporte útil y oportuno, se presentará a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes como base para trabajar. Bottino insistió en que no se pretende la aprobación de este nuevo proyecto tal como está, sino contribuir con elementos para retomar la discusión que quedó interrumpida desde 2017. “Es un elemento más de trabajo, que guía nuestra visión de qué código penal queremos”, agregó.
Según explicó Bottino, se redactó “todo un proyecto nuevo” que incorpora algunos títulos no previstos en la iniciativa que ya está a consideración del Parlamento, por ejemplo, en materia de delitos económicos, delitos ambientales y delitos empresariales. Además, se atiende la recomendación planteada en un trabajo de la Escuela de Gobierno (financiada por las Cortes de Aragón para apoyar la labor parlamentaria), acerca de la conveniencia de integrar al CP leyes que fueron aprobadas por separado y que tipifican delitos penales, y que en algunos aspectos pueden chocar no sólo con el resto del código sino también con normas constitucionales. Bottino sostuvo que la idea es “codificar” y “compatibilizar” esas leyes, que pasen a formar parte del CP y depurar incongruencias, para reforzar las garantías y la seguridad jurídica.
Para la diputada, a pesar del contexto preelectoral es posible reformar el CP antes de que termine la legislatura. “El año que viene no sería un obstáculo si existen acuerdo y voluntad política”, manifestó, y añadió que “la mayoría de las leyes más engorrosas ya se sacaron”. Resaltó que la modificación del CP fue un compromiso asumido por el FA luego de reformar el Código de Proceso Penal (CPP).
En el freezer
La iniciativa para reformar el CP ingresó al Parlamento en 2010, redactada por una comisión de juristas, y tras cinco años de discusión estuvo a punto de ser aprobada en el plenario de la Cámara de Diputados. Los parlamentarios del FA paralizaron el tratamiento del texto en 2015, tras la crítica pública que le hicieron más de 40 organizaciones sociales que cuestionaron el proyecto por vulnerar los derechos humanos.
Ante los reclamos, se incorporaron en 2017 las propuestas de las organizaciones sociales y se dio una nueva redacción al texto, que incorporó la tipificación del femicidio como agravante muy especial del homicidio, con agravantes adicionales por la presencia de menores, la relación de afectividad o condición de ex pareja entre víctima y victimario, y la tipificación de actos de discriminación. De todas formas, esa versión del CP tampoco se aprobó (sí un proyecto separado sobre femicidio) y desde entonces la discusión de la reforma se congeló.
Bottino recordó que la reforma del CPP determinó una pausa en el tratamiento del nuevo CP, pero afirmó que hoy es necesario y posible reanudarlo y aprobar un proyecto. En dialogo con la diaria, el diputado frenteamplista Darcy de los Santos, también integrante de la comisión, coincidió en que otros temas, como el del CPP, desplazaron por su urgencia la reforma del Código Penal.
De los Santos aseguró que la necesidad de reformar el CP es asumida tanto por el oficialismo como por la oposición, pero acotó que debe discutirse “la oportunidad” y la viabilidad de votar la reforma en este período. Añadió que está estudiando la propuesta del MPP y que la bancada tiene tiempo para pronunciarse al respecto hasta principios de diciembre.