Las principales críticas a la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) plantearon que le faltaban “eficacia” y “eficiencia, señaló ayer el fiscal de Corte, Jorge Díaz, al presentar en conferencia de prensa un balance y rendición de cuentas, a un año de la implementación de ese conjunto de normas. En ese sentido, admitió que los tres primeros meses fueron “complicados”, pero aseguró que, una vez que fiscales, policías, defensores y jueces incorporaron los criterios del nuevo sistema, de carácter acusatorio, adversarial, oral y público, la situación “comenzó a mejorar rápidamente”.

En mayo de 2018, la cantidad de formalizaciones y procesamientos igualó el promedio del sistema anterior, y agosto fue el único mes en que las formalizaciones (1.100) superaron el promedio de 2017, planteó Díaz. En un video presentado por la Fiscalía General de la Nación durante la conferencia, se destacó que desde febrero y marzo de este año se han logrado más imputaciones que las del primer trimestre de 2017, y que “en agosto se lograron 70% más imputaciones por rapiña” que en el promedio de aquel período.

El informe, elaborado por el politólogo Diego Gonnet, indica que “la cantidad de casos formalizados mediante el nuevo CPP sigue fluctuando mes a mes”, pero que en los últimos siete “se registra un promedio de 942,4 casos formalizados (sin considerar unificados), cifra que representa el 89,1% de los procesamientos logrados en los 10 meses anteriores a la puesta en vigencia de la reforma procesal”.

Díaz añadió que el nuevo código permitió disminuir el porcentaje de personas procesadas sin sentencia, debido a que la prisión preventiva funciona como medida cautelar, y al proceso abreviado. “Uruguay tenía 70% de personas procesadas sin sentencia y 30% de penados, ese porcentaje lo estamos revirtiendo”, destacó.

Sobre el proceso abreviado, el titular de la Fiscalía manifestó que las penas que se aplican hoy “no son muy distintas de las que se aplicaban en el sistema anterior”, y agregó que en los “delitos menores”, como hurto y rapiña, por los que, antes, a los “dos o tres meses” los delincuentes salían de prisión, hoy se aplican penas de 12 a 20 meses de cumplimiento efectivo. “Vamos a desmitificar eso de que el abreviado permite penas más bajas”, enfatizó.

El fiscal apuntó que otros aspectos cuestionados del nuevo CPP se refieren a los derechos y garantías para los imputados, pero acotó que “las garantías no son para los delincuentes, son para las ciudadanos, y cuando se pierden, se pierden para todos”. En opinión de Díaz, el sistema acusatorio es, “antes que nada, un cambio revolucionario en materia de derechos”, y entre los de los imputados mencionó los derechos “a una asistencia letrada desde las primeras actuaciones”, “a una libre y previa comunicación del abogado con su defendido” y al “acceso a la carpeta de investigación del fiscal y a hacer su propia investigación”, destacando con ímpetu el derecho “a tener un juicio justo frente a un juez imparcial”.

En relación con las víctimas de delitos, Díaz destacó que ya no son consideradas “objetos de prueba” como sucedía en el sistema anterior, en el que eran desplazadas por la intervención del Estado, y subrayó sus derechos a la información, al acceso a la carpeta de investigación del fiscal y a asistir a la audiencia. Añadió que los fiscales tienen que asumir el derecho de las víctimas a participar, cuestionar, reclamar y llorar. “El código nos dio la obligación de asistir, atender y proteger a las víctimas”, remarcó.