El Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género, conocido como Consejo Nacional de Género (CNG) y presidido por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), presentó el lunes a la Asamblea General un proyecto de ley que tiene como objetivo garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación entre hombres y mujeres, a efectos de cumplir con las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979.

En diálogo con la diaria, la directora de Inmujeres, Mariella Mazzotti, explicó que esta iniciativa busca “mejorar” y “profundizar” los contenidos de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres (18.104), aprobada en 2007, para dar “un paso adelante en relación a la institucionalidad de género que tenemos”. En ese sentido, el proyecto plantea cumplir con el artículo 2, literal a, de la CEDAW, en el que se establece que los estados parte deben “consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada, el principio de la igualdad del hombre y de la mujer, y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio”. Los principios de no discriminación de género y las directivas de políticas públicas de igualdad aún no están contemplados en la normativa uruguaya, explicó Mazzotti.

La “Estrategia Nacional para la Igualdad de Género al 2030”, publicada en 2017 por el CNG, dejó a la vista una serie de brechas de género persistentes en nuestro país, principalmente en el ámbito laboral y en materia de igualdad económica y participación política, que se agravan en los casos de las mujeres afrodescendientes y rurales.

Con esto presente, el proyecto establece una serie de principios orientadores y lineamientos para la delimitación de políticas públicas para consolidar una igualdad “sustantiva” entre hombres y mujeres, entendida como el cierre de la brecha entre la igualdad formal y la real. Entre otros, se mencionan la integralidad de los sectores del Estado, la inclusión de todos los sectores afectados por la discriminación, la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas para potenciar cambios a nivel sociocultural, los sistemas de creencias y el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres.

La iniciativa contempla la creación de un Fondo Concursable para la Igualdad, destinado a financiar proyectos de organizaciones de la sociedad civil enfocados al “fortalecimiento de las acciones de incidencia en las políticas públicas de igualdad de género y el monitoreo de su cumplimiento”. Los recursos del fondo procederían de las partidas que le asigne Rentas Generales al Ministerio de Desarrollo Social y de donaciones.

Además, se plantea la creación de un Consejo Nacional de Género para velar por el cumplimiento de la ley, en sustitución del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género que ya existe. Mazzotti planteó que se utiliza un nuevo nombre para “simplificar” el original, y que lo que dispone la ley es “ampliar” las funciones del consejo como “espacio articulador de la política de género a nivel institucional y con participación de la sociedad civil”.

La directora enfatizó en que también se dispone crear “unidades especializadas [en género] en los organismos públicos”. Entre sus cometidos están “dar seguimiento y evaluar el cumplimiento en el organismo de la Política Pública Nacional de Igualdad de Género”, “proponer y coordinar capacitaciones en la temática para el personal” y “elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad de género en las áreas de actividad del organismo”.

Según Mazzotti, el siguiente paso es determinar a qué cámara se enviará el proyecto y qué comisión lo considerará. En Inmujeres esperan que sea tratado antes de que comience el receso parlamentario y que se apruebe el año que viene.