“El asilo político está concedido”, dijo ayer a la diaria el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, sobre el pedido que hizo el ex presidente peruano Alan García (1985-1990 y 2006-2011). “De acuerdo al artículo IX de la Convención [de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 de la Organización de Estados Americanos, OEA], el gobierno peruano va a hacer llegar información a Uruguay”, expresó el canciller. Su ministerio expresó ayer en un comunicado que esa información servirá para que “nuestro país pueda evaluar la situación y adoptar la decisión que soberanamente considere adecuada a las circunstancias”.
Por otra parte, la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República confirmó que García se encuentra en la sede de la embajada de Uruguay en Perú y que “le transmitió a [Tabaré] Vázquez la solicitud [de asilo por] vía telefónica”. García ingresó a la embajada el sábado de noche, y el domingo de mañana el gobierno de Perú recibió la noticia de que estaba allí por medio del embajador de Uruguay, Carlos Alejandro Barros.
El artículo I de la Convención de Caracas establece que el asilo “a personas perseguidas por motivos o delitos políticos será respetado por el Estado territorial”. El IV dice que “corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución”. A su vez, el IX, citado por Nin Novoa, señala que el “asilante tomará en cuenta las informaciones que el gobierno territorial le ofrezca para normar su criterio respecto a la naturaleza del delito o de la existencia de delitos comunes conexos; pero será respetada su determinación de continuar el asilo o exigir el salvoconducto para el perseguido”.
García llegó a su país el jueves, proveniente de España, para declarar ante la Fiscalía por presuntos actos de corrupción relacionados con la construcción de la Línea 1 del metro de Lima por parte de la empresa brasileña Odebrecht. El sábado, la Justicia le impuso un impedimento de salida del país por 18 meses a pedido del fiscal José Domingo Pérez, quien también solicitó ampliar las investigaciones por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos, informó la agencia Efe.
García calificó estas medidas de “persecución política”, y el presidente peruano, Martín Vizcarra, replicó mediante su cuenta de Tiwitter que “no existe persecución política en el Perú”, pero que todos los ciudadanos de ese país deben allanarse a la Justicia, “sin excepciones”. Añadió: “Reafirmo nuestro compromiso con el respeto irrestricto de la división de poderes, la Constitución y los tratados internacionales”.
El juez Juan Carlos Sánchez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, valoró el sábado que existían “suficientes elementos de convicción” para declarar fundada la medida de impedir la salida del país. Consideró que de los documentos entregados por Odebrecht se infiere que García recibió en forma ilícita dinero de la empresa y que esto justifica “no sólo la investigación en este caso, sino la imposición de la medida a fin de que los hechos sean aclarados”.
Según medios peruanos, esa información procedente de Odebrecht confirmaría que esa firma entregó a García 100.000 dólares como si fueran el pago por una conferencia. El fiscal considera que por ese pago “se habrían realizado actos de conversión, transferencia, tenencia y ocultamiento”, propios del delito de lavado de activos.