La Cámara de Representantes votará hoy, en sesión extraordinaria, la creación de un nuevo régimen de declaraciones juradas de bienes e ingresos, con el fin de “promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción”, indica el texto del proyecto. La propuesta aumenta la cantidad de funcionarios públicos obligados a realizar estas declaraciones, e incluye a los titulares de empresas privadas que manejan fondos públicos. Además, establece que las declaraciones de quienes ocupan cargos de mayor jerarquía –incluyendo a los legisladores– serán publicadas en el Diario Oficial y en el sitio web de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

El objetivo declarado del proyecto –presentado por los legisladores del Frente Amplio (FA)– es “afianzar y profundizar el mecanismo de declaraciones patrimoniales, aportando de esta forma a la consolidación de un sistema cada vez más transparente, adecuado al marco internacional y a las necesidades que se vislumbran en la realidad de nuestro actual sistema jurídico”.

En diálogo con la diaria, el diputado frenteamplista Alfredo Asti sostuvo que esta iniciativa forma parte de un conjunto de propuestas impulsado por el FA que apunta a la lucha contra la corrupción y a fortalecer la ética en la función pública. Señaló que se “intenta aumentar la transparencia de la situación patrimonial de todos los titulares de cargos políticos, de particular confianza y electos, pero además aumenta los controles”.

El proyecto modifica y amplía las disposiciones de la Ley 17.060, de 1998, que obliga a funcionarios públicos de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, de entes autónomos y servicios descentralizados, del Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y los gobiernos departamentales a realizar declaraciones juradas de sus bienes e ingresos. De todas ellas, las únicas con carácter público son las del presidente y el vicepresidente de la República.

Ahora se añaden a la lista de funcionarios obligados a los fiscales adscriptos, secretarios generales de la Fiscalía General de la Nación, alcaldes, concejales municipales y sus correspondientes suplentes, así como los cónyuges o concubinos del presidente y vicepresidente de la República y “los integrantes de órganos directivos y directores o gerentes de entidades comprendidas en el Sistema Nacional Integrado de Salud, licenciatarios o concesionarios de obras públicas o servicios públicos y organismos privados que manejan fondos públicos o administran bienes del Estado”.

Las declaraciones juradas deberán contener “una relación precisa y circunstanciada de los bienes muebles e inmuebles propios del declarante, de su cónyuge o concubino reconocido, de la sociedad conyugal o de la sociedad concubinaria de bienes que integre y de las personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela”. A La Jutep le corresponde llevar a cabo un análisis de esas declaraciones, para identificar inconsistencias o variaciones significativas.

Por otra parte, el proyecto amplía el período de custodia de las declaraciones juradas, de cinco a diez años, con el objetivo de acompasarlo a los años de prescripción de los delitos contra la Administración Pública. Si se aprueba la iniciativa, aquellos funcionarios que no presenten su declaración pasado el plazo de 15 días de que dispondrán para hacerlo quedarán inhabilitados para ejercer otro cargo público, estatal o no, y además deberán pagar una multa de 50 unidades reajustables (actualmente 54.766 pesos).

Se vota

Sobre la votación de hoy, Asti comentó a la diaria que no sabe qué esperar. “De la misma manera en que nos llevamos la sorpresa el jueves pasado de que un legislador no votaba un proyecto, puede ser que tengamos alguna otra sorpresa”, dijo, refiriéndose a la votación de la ley de financiamiento de partidos políticos que el frenteamplista Darío Pérez no acompañó.

Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a este medio que su partido votará a favor del proyecto, y agregó que si bien no integra la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado –en la que se discutió el proyecto y fue aprobado por unanimidad–, sabe que se hizo “un trabajo muy largo, se procesó la discusión con tiempo y se ajustó el alcance de la solución en términos satisfactorios”. Sin embargo, sostuvo que si algún nacionalista integrante de la comisión plantea una modificación, su bancada la analizará. Cabe recordar que, en la comisión, la nacionalista Graciela Bianchi discrepó con que las declaraciones se hagan públicas. La diputada opinó que “es un disparate colgar las declaraciones en una página web”, y sugirió que los interesados puedan acceder a ellas mediante un pedido de acceso a la información pública. Esa propuesta de modificación no fue aceptada.

El diputado colorado Germán Cardoso, que sí integra la comisión especial, sostuvo en diálogo con la diaria que espera que el proyecto se apruebe por unanimidad, como sucedió en ese ámbito. Agregó que él va a votarlo, pero que en la bancada de su partido “no hubo una reunión al respecto” y por ende no puede adelantar cuál será la posición colectiva, aunque enfatizó que lo más probable es que sea de apoyo.