“Corremos el riesgo de una fractura”, alertó este martes en una conferencia de prensa el diputado Saúl Aristimuño, de Compromiso Frenteamplista (CF, lista 711), luego de que trascendiera el dictamen del Tribunal de Conducta Política (TCP) sobre el uso de tarjetas corporativas por parte del senador Leonardo De León mientras estaba al frente de Alcoholes del Uruguay.
No obstante, la posibilidad de perder la mayoría parlamentaria no es algo que preocupe por el momento a la coalición de izquierda. El senador Juan Castillo, del Partido Comunista, dijo a la diaria que no duda en asumir que el Frente Amplio (FA) está en “un momento complicado” y que tiene que resolver “este gran escollo” para poder pensar en una eventual conquista de un cuarto gobierno. De todos modos, en las conversaciones en las que el senador ha participado nadie ha puesto “en cuestión su fidelidad respecto del proyecto frenteamplista”. Si bien “hay enojos” y “distintas opiniones”, Castillo recalcó que “nadie está dudando de su pertenencia al proyecto político ni planteando dejar sin mayoría parlamentaria al gobierno”.
Sobre los casos de De León y del ex vicepresidente Raúl Sendic, líder de CF, el senador planteó que lo “más o menos asumido” en el oficialismo es que el 15 de este mes, cuando se reúna el Plenario Nacional, va a existir una sanción. A su vez, agregó que “todos los sectores están planteando un sano equilibrio, porque los casos no son todos iguales”, y dijo que sea cual sea la sanción buscarán que signifique una “salida de consenso” entre todos los sectores, incluida la 711.
El diputado Alfredo Asti, de Asamblea Uruguay, opinó que la discusión sobre “la ética” no puede estar atravesada por la unidad de acción ni por la mayoría parlamentaria. Desde su punto de vista quien rompe la unidad de acción, por una decisión individual o sectorial, está violentando la voluntad de un millón de uruguayos que decidieron darle la mayoría parlamentaria al FA. “El pronunciamiento de la ciudadanía fue claro y la mayoría tiene un valor en sí mismo muy importante, que no es solamente votar una ley”, dijo Asti, y concluyó: “Si alguien, a cambio de que se considere o no una sanción, pone en juego esa mayoría, la historia lo terminará juzgando”.
El diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) entiende que lo mejor habría sido que tanto Sendic como De León tuvieran un “gesto” para aliviar al FA del problema, pero asume que eso quedó “descartado” porque el ex vicepresidente adelantó que no va a dar un paso al costado. De todos modos, considera que la eventual sanción que se les imponga no va a “tener repercusión alguna” en la mayoría parlamentaria del oficialismo, porque no ha sido esa la “tesitura” de CF en todo este tiempo y no cree que sea la postura que adopte ahora.
El diputado Pablo González, de la lista 711, aseguró que “jamás” se han planteado esa posibilidad y aseguró que no es un tema que esté sobre la mesa ni que su sector considere. “Nosotros vamos a acatar lo que se resuelva en el Plenario y seguiremos acompañando lo que resuelva la bancada”, manifestó.
La parte reglamentaria
Ya el primer estatuto del Frente Amplio previó, en 1971, que son los organismos de dirección nacional los encargados de juzgar si un afiliado o una organización se aparta de lo establecido en los acuerdos colectivos, y de decidir si corresponden sanciones a partir de informes elaborados por un Tribunal de Conducta Política (TCP).
En su redacción actual, las normas indican que el TCP considerará entre otras cosas, “de oficio o ante solicitud de una coordinadora, departamental o grupo político”, si hubo “desarreglos en la conducta política o ética” o “a las normas de conducta definidas [en 1990 y 2004] para los frenteamplistas que ocupen cargos políticos de confianza o de gobierno”. Luego elevará sus conclusiones al Plenario Nacional, “pudiendo este adoptar decisiones por 4/5 de sus integrantes, salvo los casos de expulsión de adherentes, que necesitará 9/10 de integrantes”. Sin embargo, no hay definido nada semejante a escalas de gravedad de las faltas ni de las sanciones que les pueden corresponder, de modo que el Plenario tiene las manos libres en esa materia.
A su vez, la habilitación para que una lista se presente con el lema Frente Amplio es en principio un trámite que corresponde a las autoridades partidarias registradas ante la Corte Electoral y no al Plenario Nacional, aunque obviamente este organismo puede adoptar resoluciones o aprobar declaraciones al respecto. En términos reglamentarios, por lo tanto, es viable que el Plenario, incluso sin la mayoría especial de cuatro quintos requerida para imponer una sanción formal, exprese su voluntad de que las listas frenteamplistas no incluyan a personas cuya conducta política haya sido considerada violatoria de los principios de la fuerza política en algún dictamen del TCP.