Los precandidatos del FA hacen un balance sobre los pasos dados en materia de memoria, verdad y justicia

Los precandidatos del Frente Amplio (FA) valoran positivamente los pasos dados por los tres gobiernos progresistas en materia de verdad, memoria y justicia, pero coinciden en que los resultados todavía son magros. Reconocen como avances el ingreso a los batallones, la aprobación de la ley de sitios de memoria histórica, la voluntad política de dar con el paradero de los desaparecidos y la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, pero comparten que aún falta dar algunas señales. Repensar el vínculo con las Fuerzas Armadas (FFAA), crear un grupo técnico especializado en la materia y dotar de mayor presupuesto a la Fiscalía Especializada son algunas de las ideas que manejan de cara a un eventual cuarto gobierno.

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, evaluó que durante el primer gobierno del FA el tema se asumió con “mucho compromiso”, y distinguió dos momentos clave: por un lado, la decisión del gobierno de ubicar el caso de Nibia Sabalsagaray –asesinada en el Batallón de Transmisiones Nº 1 en 1974– por fuera de la ley de caducidad, convirtiéndose en un “punto de partida para que la Justicia pudiera investigar”, y por otro, el pedido de informes por parte del gobierno a los tres componentes de las FFAA sobre los desaparecidos.

En ese primer gobierno, Martínez recuerda que se iniciaron las investigaciones arqueológicas en predios militares con el fin de dar con el paradero de los restos de los desaparecidos. Así, “se encontraron los restos de [Fernando] Miranda y de Ubagésner Chaves Sosa”, y la iniciativa de “avanzar en la verdad, la memoria y la justicia favoreció al inicio de los procesos judiciales que dieron lugar a procesamientos por crímenes de lesa humanidad”. Para él, en esa administración se trabajó con “férrea voluntad” y en los siguientes gobiernos “no se avanzó a igual ritmo”, aunque rescató que de todas formas se continuó luchando por la defensa de los derechos humanos. Mencionó la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad como uno de los principales mojones durante los últimos tres períodos de gobierno.

Para el ex presidente del Banco Central del Uruguay (BCU) Mario Bergara el oficialismo dio pasos significativos, como el ingreso a los cuarteles, el hallazgo de los restos de cuatro detenidos desaparecidos y la creación de la Fiscalía Especializada, pero evidentemente las “expectativas” eran “más ambiciosas”. “Uno puede decir que avanzamos un poquito, pero sin duda aspirábamos a tener muchos más resultados que los que hemos tenido en casi tres gobiernos del FA. Creo que es natural que exista una sensación de insatisfacción”, reconoció.

Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería y precandidata presidencial, Carolina Cosse, entiende que en términos de la historia del país es importante que “un pueblo vaya resolviendo las heridas”. Cosse sostuvo que el paso del tiempo muchas veces no cura la enfermedad sino que la empeora. “El tiempo y la falta de comprensión nacional sobre el tema nos juegan en contra”. Este es un tema, continuó diciendo, que “excede a los casos particulares” y a “las instituciones” porque se trata de algo “fundamental para la democracia”. A pesar de la “expresión” del gobierno de avanzar, que consideró que es un “enorme avance”, se ha “avanzado con lentitud” o “disparidad” y no se ha logrado consolidar un avance histórico en el área. “Capaz que no se puede resolver en cinco años, pero lo que sí tenemos que resolver en ese período de tiempo es la voluntad nacional de que a esto no podemos dejarlo como está, porque pasó y porque para la democracia es grave no enfrentar estos temas”.

El dirigente sindical y ex diputado Óscar Andrade remarcó que hay una “deuda” en materia de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. “Hay unas 300 causas que siguen empantanadas, tanto porque el proceso judicial ha sido muy lento o porque la Suprema Corte de Justicia y su visión sobre los delitos de lesa humanidad han impedido el avance”. En ese sentido, recalcó el papel que ha tenido la Fiscalía Especializada en darles celeridad a las causas y dijo que ha dado “señales que son auspiciosas”. Como avances del oficialismo, destacó la aprobación de la ley de sitios de memoria histórica y las leyes reparatorias. Para Andrade, la principal carencia han sido las investigaciones para saber dónde están los restos de los desaparecidos. “Seguimos sin saber dónde están. Este tiene que ser un compromiso de primer orden, y tiene que serlo siempre”.

Cambio de pisada

“Si miramos, este es un año récord en vandalización de placas de memoria, donde además hemos tenido algunas salidas de las jerarquías de las FFAA, con pronunciamientos políticos muy claros, por lo que es evidente que tenemos una cuestión que tiene que ser cardinal en todas las líneas: memoria, verdad y nunca más”, dijo Andrade.

Según el precandidato, la militancia social se ha encargado de poner el tema en la agenda una y otra vez, pero la fuerza política no actuó a la par. Valoró como positiva la creación de la Fiscalía Especializada y planteó que esta tiene que ser una prioridad en un eventual cuarto gobierno. Esto implica, según Andrade, que no le puede faltar ni “medio recurso” y que el gobierno tendrá que darles jerarquía a las investigaciones de las causas pertinentes. “Esa es una primera señal que habría que dar de inmediato”, acotó, porque “no hay perspectiva de izquierda si no es una perspectiva que tenga una mirada radical en el sentido de cumplimiento de derechos humanos”.

Para Cosse, la mayoría de las FFAA –cuyos integrantes “usaban túnica” o “no habían nacido” durante la dictadura– quieren cerrar este tema por su propia “salud como institución”. Cosse recalcó que es necesario tomar algunas “definiciones” en esta línea, porque “estas FFAA que tenemos no son las mismas que tuvimos durante el terrorismo de Estado, entonces no hay que caer en una estigmatización”. Una primera cuestión a resolver es “el relacionamiento” que el oficialismo tiene con los militares. “Hay que resolverlo y comprender que son otras FFAA”, sentenció.

Otro elemento en el que Cosse distingue que se puede avanzar es en definir claramente cuáles son los “roles”. “Una cosa son las organizaciones que nuclean a las víctimas y otra cosa es un grupo especializado”, manifestó. Por eso, considera que una buena idea podría ser crear un “grupo profesional especializado” que investigue las causas, que técnicamente sepa sobre investigación y sobre el manejo de los archivos. “Es una sencilla división de tareas, que con mi visión pragmática estoy casi segura de que sería algo bueno”. “Esa sería una primera separación que haría”, porque “nos podemos juntar, pero no para todo”, agregó.

Bergara comparte la idea de redefinir el relacionamiento con las FFAA. “No es solamente el tema de memoria, en el que el accionar de los militares en general ha sido lamentable y los resultados son muy magros; esto también se relaciona con el hecho de que en más de 13 años de gobierno no hemos podido avanzar hacia una ley orgánica militar diferente y con que la reforma de la caja militar, a su vez, es insuficiente”. Para el ex presidente del BCU la coalición de izquierda tiene que “redefinir” el vínculo con las FFAA de manera más integral, incluyendo temas que no solamente tengan que ver con la violación de los derechos humanos en el pasado reciente, sino con la propia organización de las FFAA y del sistema de pensiones que tiene actualmente. “No estoy planteando eliminar las FFAA, estoy diciendo que hoy existe una percepción de que están sobredimensionadas y no tienen los roles definidos de manera muy precisa, por lo que tenemos que discutir también esas cosas”.

Como presidente del BCU, Bergara participó en el proceso de la primera ley reparatoria. “Era un momento en el que el Estado básicamente no tenía un mango, y por tanto, si bien se entendía como obvio desde el punto de vista político que había que dar señales referidas a la reparación de todos aquellos que habían sufrido el terrorismo de Estado, eso hizo que el Estado se limitara a brindar la pensión reparatoria a aquellos que tenían circunstancias socioeconómicas más difíciles”. A su juicio, la solución a la que se arribó confunde la lógica reparatoria con una de política social. Para Bergara, hay que atender el tema con lógica “estrictamente de reparación”, y por tanto la pensión no puede quedar supeditada a la condición socioeconómica de las personas.

Sobre la búsqueda de los desaparecidos, Bergara remarcó que se tiene que “profundizar” tanto en los cuarteles como en aquellos lugares en los que haya “señales” de posibles enterramientos. “Creo que la redefinición de los vínculos con las FFAA podría desembocar en mejores resultados”, acotó. En la misma línea opinó Martínez, quien destacó que cada vez que un familiar se muere sin tener respuesta por parte del Estado, como sucedió con Luisa Cuesta, es un “dolor muy grande” para el sistema político. Para avanzar, añadió, tanto la sociedad como el Estado deben ser “empáticos” con estas realidades, y agregó que la opción de fortalecer a la Fiscalía Especializada podría ser un buen camino. “Como señala el programa [del FA], también tenemos que generar mecanismos para garantizar la fluidez de las tramitaciones judiciales. Para continuar avanzando hay que dotar a la investigación de poder de acción”, indicó.

Si llega a la presidencia, Martínez adelantó que “la voluntad política de seguir investigando y obteniendo información de calidad estará presente”. “Somos herederos de la lucha social y política” que ha ido conquistando “libertades y derechos”, por eso “es que la propuesta programática se propone seguir avanzando en el camino de la verdad y la justicia y en esa línea trabajaremos”, adelantó.