Con el apoyo de todos los partidos políticos, la Cámara de Senadores aprobó ayer un proyecto de ley por el que se tipifica como delito el “enriquecimiento ilícito”, definido como el incremento sustantivo e injustificado del patrimonio de un funcionario público durante el ejercicio de su función y hasta cinco años después del cese del cargo. La iniciativa busca subsanar las fallas del sistema de declaración jurada actual con el establecimiento de penas de prisión y pecuniarias.

En la exposición de motivos del proyecto, el senador frenteamplista Charles Carrera subrayó que la figura de enriquecimiento ilícito funciona como “contracara” del sistema de declaraciones juradas para que exista la posibilidad de analizar la evolución patrimonial de los servidores públicos y de “castigar” si es necesario. Para el legisladora, este proyecto apuesta a la “austeridad republicana”, la democracia y la transparencia, y además posiciona al país en un lugar de “privilegio y seriedad” al cumplir con los estándares internacionales.

Esta ley entiende como “enriquecimiento ilícito” el delito cometido por el “funcionario público con obligación legal de presentar declaración jurada de bienes e ingresos, que durante el ejercicio de su función, incluso hasta cinco años después de haber cesado en su desempeño, obtenga, por sí o a través de interpuesta persona, un incremento patrimonial significativo e injustificado en relación a sus ingresos legítimos”. La cancelación de deudas o de otro tipo de “obligaciones” del funcionario también serán investigados por enriquecimiento ilícito.

El delito puede sancionarse con penas de 18 meses de prisión a seis años de penitenciaria, una multa de 50 a 15.000 unidades reajustables (de 54.766 pesos a 16.429.800 pesos) y la inhabilitación para cumplir funciones por un período de dos a cinco años. En el caso de funcionarios públicos que ocupen un “cargo electivo o de particular confianza” las penas aumentan a entre dos y diez años de penitenciaría, multas de 300 a 15.000 unidades reajustables (de 328.596 pesos a 16.429.800 pesos) e inhabilitación especial de cinco a diez años.

Los senadores de la oposición Luis Alberto Heber (Partido Nacional), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Pedro Bordaberry (Partido Colorado) resaltaron la importancia del proyecto, sus efectos positivos sobre el sistema político y el trabajo interpartidario. Bordaberry, quien impulsó la iniciativa en 2015 y no había estado presente en la votación el martes en la Comisión de Constitución y Legislación, no expresó discrepancias y sólo se refirió a las modificaciones al texto original que debieron hacerse por la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal.

Las únicas diferencias las planteó la senadora Constanza Moreira, quien sostuvo que este delito –además de ser “genérico”– “contiene una inversión importante de la carga de prueba”, es decir que el imputado debe demostrar su inocencia ante el fiscal, lo que consideró desfavorable en un “contexto de sospecha generalizada sobre la política, los políticos y los funcionarios públicos”. Añadió que en la definición de las penas establecidas y sus correspondientes agravantes no se tuvo en cuenta la proporcionalidad con otros delitos. De todas formas, acompañó la iniciativa.