El senador Leonardo de León (Lista 711) se refirió ayer al dictamen que elaboró el Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio (FA) sobre su uso de tarjetas corporativas de Alcoholes del Uruguay (Alur). En diálogo con Radio Uruguay, De León recalcó que lo primero que hizo cuando tomó conocimiento de la denuncia contra él por este tema fue notificarle al fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, que no se ampararía en los fueros parlamentarios. Aseguró además que le aportó “muchísima” documentación a la Justicia y explicó que, en el medio del proceso judicial, el TCP lo convocó para que diera su versión: “Le planteamos que primero queríamos terminar con todo este proceso judicial y que después, con mucho gusto, íbamos a ir al TCP, porque obviamente respetamos la institucionalidad” (frenteamplista). Al poco tiempo, “la denuncia fue archivada”, dijo el legislador oficialista, porque el fiscal no encontró “delito alguno”.
Si bien De León afirmó que respeta el dictamen del TCP, opinó que el tema de la ética es “subjetivo”, y que existe un problema cuando se piensa que la ética y la política van por un carril, y la ley por otro. El TCP critica en su escrito la “negativa” de De León a responder las preguntas de ese organismo, y cuestiona que no haya aportado información. Sobre este punto, el senador retrucó que sí presentó información al tribunal, y también que existían datos que eran públicos. También se refirió a las declaraciones del presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, en el programa Todo pasa, de Océano FM, en las que sostuvo que la conducta de De León podría enmarcarse como un caso de corrupción. “Gil Iribarne se pone por encima de la Justicia”, sentenció.
Los precandidatos del oficialismo también dieron su punto de vista sobre la situación de De León. El dirigente sindical y ex diputado Óscar Andrade dijo a la diaria que “no hay dos opiniones” sobre el dictamen del TCP. A su juicio, es “categórico” y ahora el FA tiene que desarrollar “una ingeniería” que permita formar mayoría para resolver cuando el Plenario Nacional trate este y los demás dictámenes del TCP el 15 del mes en curso. Agregó que “está cantado” que el FA tiene que sancionar al senador, pero que el problema no se soluciona solamente adoptando esa medida. A su entender, es preciso al mismo tiempo darle a la ciudadanía un “conjunto de señales”, entre las que mencionó “fortalecer” a la Jutep, comprometer a los precandidatos a “poner arriba de la mesa” las declaraciones juradas de sus bienes, evitar la proliferación de pases en comisión e intentar dar un mensaje de austeridad. Para Andrade, el oficialismo tiene que ser “un ejemplo”, y la “autoexigencia” tiene que estar por encima de lo que exige la normativa.
En la misma línea, Mario Bergara declaró a la diaria que frente a todos los dictámenes que señalan “faltas éticas de gravedad, como es el caso, el FA sin duda tiene que sancionar”. Agregó que “ningún compañero que esté en esa situación va a integrar nuestras listas a nivel electoral”. “La inhabilitación electoral me parece cantada” tanto para el caso de De León como para el del ex vicepresidente Raúl Sendic, comentó el ex presidente del Banco Central, y apuntó que el FA también tendría que tomar decisiones “contundentes” sobre los casos de indisciplina partidaria.
El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo a El Observador que desviarse de la ética “implica asumir responsabilidades y consecuencias”. “Chau, hay que asumir”, aseveró, y planteó que una persona es o no es ética, sin que haya términos medios. En su opinión, el FA debería “inhabilitar” tanto a De León como a Sendic, líder de la 711, de modo que ninguno de los dos esté en una lista del oficialismo. La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, dijo en declaraciones recogidas por Telemundo: “Cuando el TCP del FA saca un dictamen, lo respeto”. En su opinión, el FA deberá resolver el asunto de manera “colectiva”, y dijo que espera que sea con énfasis en la “unidad”.
El segundo round
El diputado nacionalista Pablo Iturralde, quien promovió sin éxito un juicio político a De León, propuso reabrir la causa judicial contra el senador frenteamplista. En diálogo con la diaria, Iturralde adelantó que el próximo viernes presentará un escrito al fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, para que se retome el caso, y agregó que tiene “nueva información” que le brindaron autoridades argentinas acerca de “vuelos que no están registrados” realizados por De León. Además, comentó que el dictamen del TCP es “lapidario” y reafirma que existió delito, aparte de que “ni siquiera el fiscal dijo que no existía”, y manifestó que los 50 legisladores oficialistas que no levantaron la mano para aprobar el juicio político que él propuso tendrán que dar explicaciones.
El senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, dijo que está a favor de la propuesta de Iturralde, que es una forma de demostrar que el FA no tiene “margen” para seguir “defendiendo” a De León, pero que hay que estudiar si existe “margen jurídico” para la iniciativa.
El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, explicó a la diaria que las causas se pueden desarchivar cuando se presentan nuevos elementos a la Justicia, pero que no opinará sobre este caso antes de recibir la solicitud.