“Entendemos que se han violado preceptos constitucionales, como el derecho a la salud y a la vivienda, que son derechos humanos fundamentales. Asimismo, se han violado normas, como la que establece el derecho a la información y el derecho al trabajo, por el impacto de este proyecto”. Son palabras de Sonia Gómez, que es abogada pero asistió el miércoles a la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados en calidad de habitante de Sayago, ya que vive a menos de una cuadra de la vía y es una de las tantas personas de la zona preocupadas por el impacto del proyecto del Ferrocarril Central, en el marco del contrato del Poder Ejecutivo con UPM.

Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, Gómez mencionó el artículo 47 de la Constitución, que establece que “la protección del medio ambiente es de interés general”. “Todos los uruguayos tenemos el derecho y el deber de cuidar el medioambiente. Además, se establece el principio de la participación, que en este caso no fue cumplido. Asimismo, hay un principio precautorio, que nos preocupa, que rige todo lo que se vincula a este proyecto para que no se produzca una lesión de derechos ambientales. Precaver es como hacer una acción de amparo, o sea, tomar todas las medidas para que no haya efectos negativos”, indicó Gómez. Agregó que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció el inicio de las obras para fines de enero de 2019, “a pesar de que todavía no se cumplieron las instancias correspondientes, no hay un informe y no conocemos las medidas que se van a adoptar para proteger nuestros derechos fundamentales”. “Esto nos preocupa demasiado”, finalizó.

Por su parte, Ramiro Duarte –que vive sobre la calle Uruguayana, en el barrio Capurro– enfatizó que en el proyecto “hay vulneraciones de derechos humanos relativos a la salud pública, a la propiedad, a la vivienda digna” y al medioambiente. “Entendemos que esta vulneración ya se está dando en estas etapas, pero también en los procesos implicados en la fase de obra y en la operativa”, agregó. Dijo que vive a siete metros de las vías, “medidos técnicamente”, y que “se está tomando la decisión de ratificar un trazado ferroviario decimonónico, que fue creado en otra época, en un contexto urbano totalmente diferente al actual”. “Nos encontramos con algunos discursos naturalizados por parte de funcionarios públicos y de representantes políticos que ofician en cargos de decisión en las instituciones el Estado. Se nos plantea que cuando accedimos a esas viviendas ya sabíamos que las vías estaban ahí. Es un discurso que no visibiliza el avance de los derechos ambientales y naturaliza la vulneración al derecho a vivir en ciudades donde se crearon estructuras ferroviarias de determinada manera y así quedaron. A joderse; ajo y agua”, señaló.

La semana pasada, tras la sesión de la comisión, el diputado frenteamplista Daniel Caggiani recordó que el 21 de diciembre la Dirección Nacional de Medio Ambiente brindará una audiencia pública “para poder responder las inquietudes que los vecinos han planteado”. Sostuvo que la comisión quiere “ser un puente” entre las demandas de los vecinos y el trabajo del Poder Ejecutivo, para que haya “un adecuado tratamiento en un tema que es muy sensible”. El diputado resaltó que el proyecto del ferrocarril es “muy importante para Uruguay” y se mostró interesado en que haya una “adecuada información y comunicación a la ciudadanía” sobre sus principales aspectos.