Los tres líderes principales de la oposición en el Parlamento –los senadores Pedro Bordaberry (Partido Colorado), Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga (Partido Nacional)– fueron los primeros en fundamentar ayer su voto favorable a una nueva interpelación al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. A pedido de Bordaberry y sólo con los votos de la oposición, la Cámara de Senadores aprobó el llamado a sala, que será el noveno para Bonomi y le permitirá mantener cómodamente su récord como el ministro más interpelado desde la recuperación democrática. El dirigente del Movimiento de Participación Popular se desempeñó como ministro de Trabajo y Seguridad Social desde 2005 hasta 2010, y a partir de ese último año asumió la titularidad de la cartera de Interior.

La convocatoria a la interpelación reclama que el ministro “responda sobre el aumento de homicidios y el fracaso que ello significa en la gestión que viene desarrollando, actos de nepotismo reiterados en su ministerio y vínculos con actividades ilegales y barras bravas, presencia y contratación de un integrante de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] en el Instituto Nacional de Rehabilitación [INR]”.

Bordaberry no se explayó demasiado ayer sobre cada una de esas preguntas, que son más bien acusaciones. Se limitó a comentar que se está viviendo “la situación más grave en materia de seguridad” desde 1980 (la referencia se debe a que ese fue el año en el que empezaron a llevarse estadísticas de los homicidios), e indicó que de marzo de 2017 al mismo mes de este año hubo 322 asesinatos. “Si se sigue adelante con este ritmo, no sólo vamos a pasar la barrera de los 300 homicidios a fin de año, sino que vamos a estar cerca de los 400, lo que para la Organización Mundial de la Salud es una epidemia”, afirmó el senador colorado. Agregó que el Ministerio del Interior ha manejado “un variado abanico de excusas” acerca de “lo que está pasando”, y que la última “fue echarles la culpa a los accidentes de tránsito”. “Obviamente que hay un fracaso, creemos ya reiterado, en las políticas de seguridad”, concluyó.

A su turno, Lacalle Pou consideró que “no va a haber cambios sustanciales” en la política de seguridad “mientras esté el Frente Amplio en el gobierno”. “El uruguayo tiene miedo; lo dicen todas las encuestas de opinión pública”, afirmó, y añadió que “se tiene que terminar el recreo para la delincuencia”, pero que esto no sucede porque “el gobierno no puede, no quiere, o simplemente no lo ha hecho, para no entrar en valoraciones”.

La senadora frenteamplista Daniela Payssé recordó que Bonomi ya dio respuestas a las mismas inquietudes hace poco, cuando compareció ante la Comisión Especial de Seguridad Pública del Parlamento a principios de marzo de este año. “No nos gustó lo que dijo el ministro [en aquella ocasión], y por eso lo citamos a interpelación”, le respondió el senador colorado José Amorín Batlle.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, habló del “fracaso de la política de seguridad”, más allá de los “esfuerzos” realizados, por ejemplo en materia de asignación de recursos. Afirmó que en los últimos meses se “revirtieron avances” que se habían registrado en materia de disminución de los delitos y consideró que la situación “no da para más”.

El señor de las FARC

Como recordó Payssé, Bonomi fue interrogado en comisión, a principios de marzo, sobre los temas de esta convocatoria. En particular, sobre un presunto integrante de las FARC “que trabajó con los delincuentes en Uruguay”, según Bordaberry.

El tema viene del año pasado: en noviembre de 2017, el programa Así nos va, que emite Radio Carve, informó que el colombiano Efraín Trejo, que estaba en Uruguay desde 2011 y que en 2013 había empezado a trabajar con reclusos en Punta de Rieles, en un taller de comunicación popular y radio comunitaria, estaba en la lista de personas hallada en la computadora del líder de las FARC Raúl Reyes en 2008, y que ese mismo año fue incluido en la “lista Clinton”, elaborada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el marco de la lucha contra el crimen organizado, por su presunta acción de búsqueda de apoyo económico para las FARC. Según el programa, a mediados de 2017 las nuevas autoridades del INR detectaron que Trejo había cometido “diversas irregularidades” en el manejo de las horas docentes del taller. Pese a ello, “la cúpula” del Ministerio del Interior expresó su interés en que siguiera trabajando y se firmó un contrato en mayo de 2017, pero en julio el colombiano se fue de Uruguay.

Sin embargo, Bonomi dijo en la comisión especial que el contrato de Trejo con la cartera terminó en marzo de 2017. Aseguró que se pidieron informes sobre él a los poderes Ejecutivo y Judicial de Colombia, y que, de acuerdo con la información recibida, en 2006 la Fiscalía de Colombia entendió que no se justificaba investigar a Trejo, y que en 2012 la Policía colombiana informó que no había “cuentas pendientes con esa persona”. El ministro dijo también que Trejo estaba en Uruguay en calidad de refugiado.

El senador frenteamplista Charles Carrera cuestionó a Bordaberry por medio de una publicación en su cuenta de Twitter y aseguró que esta nueva interpelación es “parte del show que viene montando desde hace años con fines electorales”. “Sigue perdiendo votos y –a esta altura– está obligado a retirarse de la política!”, opinó.