En un documento de 13 páginas, el gobierno de Brasil reglamentó el 16 de marzo una ley que su Parlamento había aprobado en 2012. La norma habilita la instalación de freeshops en zonas de frontera, al igual que Uruguay hace en su territorio. Según informó el 20 de marzo Folha de São Paulo, Transnacional Duty Free ya se interesó por el negocio. Habrá un límite de compra de 300 dólares por persona cada 30 días. No se podrá comprar más de 12 litros de bebidas alcohólicas por vez, ni más de 20 paquetes de cigarrillos.

Representantes de la Asociación de Comercios de Free Shops de Rivera, acompañados por el intendente de ese departamento, Marne Osorio, asistieron ayer a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para expresar su preocupación por el impacto que puede tener la medida en el comercio de las zonas fronterizas y en todos los servicios asociados. Luego hizo lo propio una delegación de la Junta Departamental de Rivera.

“De la misma manera que hasta ahora Uruguay se vio beneficiado por tener freeshops que estaban llenos de ciudadanos brasileños, ahora va a ser a la inversa, e incluso con mayores ventajas para los comercios brasileños, que van a tener menores costos por la regulación de Brasil”, explicó el legislador frenteamplista Alfredo Asti, integrante de la comisión. Agregó que otra desventaja que enfrentarán los comercios uruguayos es que no pueden vender algunos artículos, mientras que sus pares brasileños sí estarán habilitados a hacerlo. Asti dijo que la Asociación de Free Shops solicitó mejorar las condiciones para estos comercios del lado uruguayo, “cosa que seguramente estará planteada”. Recordó que en los últimos ocho años hubo un “boom” en Rivera, con la apertura de hoteles, restaurantes y locales comerciales, “porque muchos brasileños venían a los freeshops de Rivera y se quedaban algunos días”.

El diputado del Partido Independiente Iván Posada lamentó que se tenga que actuar “sobre un hecho prácticamente consumado”, cuando hubo “una alerta temprana” de que esto podía suceder. “Claramente va a significar un impacto muy importante para el comercio, y no sólo para el comercio, porque los freeshops trajeron consigo inversiones en otras áreas de servicio: restaurantes, oficinas. En Rivera significaron un desarrollo importante”, advirtió el legislador.

Tanto Asti como Posadas temen que los municipios brasileños puedan elaborar normativa incluso más beneficiosa para estos comercios, porque están habilitados a ello por la norma aprobada el 16 de marzo. “Tiene un grado de apertura que puede ser realmente muy amplio y muy perjudicial”, aseguró Posada. El legislador consideró que el Mercosur debería aprobar un estatuto de ciudades fronterizas que permita tener una normativa común en áreas como seguridad, desarrollo económico y educación.