La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores aprobó la semana pasada, por unanimidad, 14 de los 75 artículos del proyecto de ley de Reforma del Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. La unanimidad lograda, sin embargo, no abarca los aspectos centrales del proyecto de ley; las posiciones respecto de estos puntos son muy distantes entre el Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional, que hizo suya la minuta de comunicación presentada el año pasado por el senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga.

El senador nacionalista Carlos Camy explicó a la diaria que su partido pidió en comisión el desglose de 38 artículos. La propuesta de Larrañaga prevé disposiciones mucho más beneficiosas para los militares que las contempladas en el proyecto del Poder Ejecutivo.

Por ejemplo, el proyecto del gobierno establece que serán alcanzados por el nuevo sistema, en modalidad de régimen de transición, los militares que al 31 de diciembre de 2018 “configuraren alguna causal de retiro prevista por el régimen que se sustituye o computaren no menos de 20 años de servicios militares efectivos”. En cambio, la iniciativa de Larrañaga elimina este régimen de transición y excluye totalmente del nuevo sistema a quienes “gocen actualmente de pasividad militar”, así como al personal militar y civiles equiparados que estén en actividad a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Camy explicó en la comisión que su partido entiende que el régimen de transición “afecta a quienes se encuentran cumpliendo funciones”, y aclaró que no apoyará ninguna disposición vinculada con este régimen.

En el caso de las edades mínimas para el retiro, la iniciativa de Larrañaga también es más benevolente con los militares: prevé en general un año menos de edad mínima para todos los rangos militares. El senador nacionalista propone, además, que lo recaudado por la aplicación del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social generado por las pasividades militares se destine al financiamiento de la Caja Militar.

Por otra parte, el proyecto del Ejecutivo establece que el haber básico de retiro se calcule como el promedio mensual de las asignaciones de los últimos 60 meses de servicios militares efectivos, y establece un haber máximo de 101.108 pesos. En cambio, Larrañaga no establece un haber máximo y propone que el haber básico de retiro sea el promedio mensual de las asignaciones correspondiente a los últimos 12 meses anteriores al cese, lo que determina que el haber a percibir sea mayor en este caso que en la propuesta del Ejecutivo.

¿Y por el FA cómo andamos?

La elaboración del proyecto de ley de reforma de la Caja Militar fue un proceso muy discutido en el Poder Ejecutivo, y aparentemente sucederá lo propio en la interna de la bancada frenteamplista. En la última sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, la semana pasada, la senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) Ivonne Passada pidió el desglose de algunos artículos y anunció que plantearía cambios. Entre ellos, el artículo que define quiénes se encuentran comprendidos en el régimen de transición y el que define el haber básico de retiro en el régimen de transición.

Sin embargo, en la bancada frenteamplista no se definió ninguna modificación de estos artículos. Hoy sesiona ese organismo, y senadores de otros sectores, como Asamblea Uruguay (AU), advierten que por el momento no hay ninguna propuesta formal de modificación del articulado, salvo la que presentó el sector Ir el año pasado.

La propuesta de Ir consistía, en primer lugar, en bajar la tasa de reemplazo (el porcentaje que representa la pasividad sobre los ingresos percibidos en actividad) de 90%, como está en el proyecto del Ejecutivo, a 85%. En segundo lugar, sugería bajar el tope jubilatorio de 101.108 a 85.596 pesos y acortar el período de transición a un máximo de cinco años –el proyecto actual lo fija en diez años–.

En algunos sectores del FA existe preocupación por la eventualidad de que Passada, en representación del MPP, presente cambios que “debiliten” la iniciativa del Ejecutivo y generen una opción más beneficiosa para los militares (y menos beneficiosa para las cuentas públicas). Passada no quiso responder a la diaria sobre el tema y el senador de su sector Charles Carrera dijo a este medio que desconoce una eventual propuesta en ese sentido.

La senadora de AU Daniela Payssé explicó que su sector apoya la iniciativa del Ejecutivo y que está dispuesto a estudiar y a acompañar cualquier propuesta que, como la de Ir, permita “profundizar” el proyecto del gobierno si esta alcanza consenso. En cambio, AU no está dispuesta a respaldar una iniciativa que signifique extender los plazos del régimen de transición.