“Los uruguayos están demandando del sistema político respuestas, no palabras”, dijo ayer el senador del Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga (Alianza Nacional, AN) en el lanzamiento de la campaña de recolección de firmas para una reforma de la Constitución con la que pretende introducir cambios en materia de seguridad.
Las cuatro propuestas son el levantamiento de la prohibición de realizar allanamientos nocturnos; el cumplimiento completo de las penas en los casos de rapiña, violación, extorsión, secuestro, homicidio, copamiento, abuso sexual, trata de personas y tráfico de estupefacientes; la prisión perpetua revisable en los casos de violación o abuso sexual de menores seguido de homicidio y en los casos de homicidio muy especialmente agravado; y la creación de una Guardia Nacional conformada por 2.000 militares que cumplirían tareas de seguridad pública. Para que se lleve a cabo el plebiscito se necesita la firma de 10% del padrón electoral, es decir, unas 269.000 adhesiones.
Una particularidad de la iniciativa es que los cambios al articulado de la Constitución sólo dicen que el Parlamento “podrá” aprobar leyes con el contenido de esas cuatro propuestas, pero mediante sendas disposiciones transitorias se establece que, mientras eso no ocurra, entrarán en vigencia.
Larrañaga aseguró ayer que la mayoría parlamentaria del Frente Amplio (FA) fue una “suerte de bloqueo” de iniciativas para “combatir la delincuencia”. Lapicera en mano, el senador les pidió a los uruguayos que firmen para poder hacer “los cambios necesarios en materia de seguridad”.
El líder de AN aseguró que en esta instancia no quiere protagonismo, y sostuvo que nunca vaciló cuando tuvo que transitar “caminos difíciles y complejos, sin especulaciones políticas de ningún tipo”.
Ayer fue notoria la ausencia de legisladores y dirigentes de Todos, liderado por Luis Lacalle Pou; la única integrante de ese sector que participó fue Beatriz Argimón, pero lo hizo en su calidad de presidenta del directorio nacionalista.
En una rueda de prensa, Larrañaga dijo que no cree que la iniciativa requiera el acuerdo de todos los dirigentes de la oposición, y sostuvo que no atenta contra la unidad de esta. Espera que la recolección de firmas tenga el apoyo de gente de todos los partidos y dijo que sólo quiere ser “el instrumento para que la gente viva sin miedo”. “No nos preocupa nuestro destino político. Con toda sinceridad y firmeza puedo expresar, en nombre del respeto que les tengo a mis cuatro hijos, que el objetivo es tener una sociedad en la que los uruguayos podamos tener el derecho de vivir en paz”, declaró.
Además del texto, se presentó ayer la Comisión Nacional pro Plebiscito, presidida por Silvia Ferreira Sienra, hija de Wilson Ferreira Aldunate. Los demás integrantes son el intendente de Colonia, Carlos Moreira; el actor Roberto Jones; el docente Pablo Williams, “familiar de una víctima de violencia”; los diputados Jorge Gandini, Pablo Abdala, Richard Charamelo y Carlos Iafigliola; el precandidato del PN por el movimiento Adelante, Juan Andrés Ramírez Saravia; el médico Roberto Crosa; el ex ministro de la Corte Electoral Alberto Maschwitz; el senador Guillermo Besozzi; la escritora y periodista Karina Caputi; la abogada Luján González y la dirigente de Rivera Lilián Padern.
Moreira defendió la posibilidad de que se hagan allanamientos nocturnos alegando que es de 1830 el artículo 11 de la Constitución, que dice: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe [...]”. Ayer, Moreira dijo que en ese entonces “no había pasta base, no existía la cadena delictiva que hay hoy, y esas verdaderas bandas que se tirotean todos los días, con muchachos de 18 o 20 años”.
El texto propuesto dice que la prisión perpetua se aplicará a quienes “hubieren sido condenados por sentencia firme por delitos graves”, y que sólo “podrá ser revisada por la Suprema Corte de Justicia” una vez cumplidos 30 años de reclusión.
Con respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, Moreira dijo que la Guardia Nacional propuesta sería “un cuerpo especial” dependiente funcionalmente del Ministerio de Defensa Nacional, cuyas acciones se van a coordinar con el Ministerio del Interior. Sus integrantes cumplirían “tareas preventivas, disuasivas y represivas”, y eso no implicaría “ninguna amenaza a los derechos humanos, a la estabilidad”, aseguró. “Esto no es la dictadura, es un estatuto sometido al Código de Procedimiento Policial […]; nos van a dar garantías para que no estemos siempre temblando por el clima de inseguridad permanente”, sostuvo.
Militares en desacuerdo
En el editorial de la revista del Centro Militar de mayo de este año dice que “de tanto en tanto aparecen discursos o propuestas que involucran a las Fuerzas Armadas y que pretenden redefinirlas”, y quienes, “sin mayor rigor de análisis, afirman que las Fuerzas Armadas deberán dedicar su energía y su saber a las tareas civiles, abandonando progresivamente su finalidad originaria [o] que deberán sumar personal a los fracasos continuos de la política de seguridad, en total desconocimiento de sus notorias capacidades profesionales”.
