El Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) resolvió el sábado, tras más de nueve horas de discusión, postergar una resolución sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile para otra sesión, aún sin fecha, y pidió a sus integrantes en el Poder Ejecutivo que haga un estudio de impacto sobre ese acuerdo, como insumo para la próxima discusión. Antes había aprobado una serie de orientaciones para las negociaciones comerciales, que implican en los hechos un mandato al Ejecutivo de no suscribir más TLC en los formatos denominados “de última generación”. Estos formatos son los que utiliza, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, y lo resuelto el sábado impediría negociar acuerdos como el Transpacífico. En cambio, quedarían por fuera de esa restricción el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y un eventual acuerdo con China, que no negocia en esos formatos. Las bases de Montevideo y de Canelones, el Partido Comunista del Uruguay (PCU), el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y Casa Grande se impusieron a los sectores electoralmente mayoritarios del FA en las votaciones.

Consultado ayer por la diaria, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, comentó que lamenta la decisión del Plenario de postergar la resolución sobre el acuerdo con Chile, y que también lamenta las orientaciones resueltas. “Deberíamos tener un franco apoyo a la política de apertura del gobierno, que con este documento no se está logrando”, cuestionó. Más tarde, Astori dijo a la prensa en Florida que el programa del FA es aperturista, y que en cambio las mociones que triunfaron en el Plenario “pretenden imponer criterios que en materia de negociación internacional son maneras de establecer dificultades para que esos acuerdos se realicen”. “Uruguay no puede salir al mundo a negociar imponiendo criterios”, criticó. Finalmente, expresó su deseo de que en el Parlamento estén las voluntades para aprobar el TLC con Chile, y destacó que por el momento no hay un mandato del Plenario al respecto.

Durante casi toda la reunión del sábado, que tuvo lugar en La Huella de Seregni, se discutió el documento titulado “Orientaciones políticas para la inserción comercial internacional del país en los próximos dos años (2018-2020)”, que había sido elaborado por una comisión ad hoc del FA y que fue finalmente aprobado. Este señala en su introducción que la inserción internacional de Uruguay debe “privilegiar la integración regional” y que los acuerdos comerciales deben estar “al servicio de la estrategia de desarrollo del país”, lo que “implica la transformación de la matriz productiva”. Sostiene además que la estrategia de inserción comercial “debe servir tanto al sector agroexportador como ser un instrumento de desarrollo industrial”.

Por otra parte, establece que el Ejecutivo debe “consolidar un equipo de negociadores especializado y estable”, cuya labor “debe estar respaldada por estudios previos que analicen los impactos ex ante (y seguir los efectos de dichos impactos con estudios ex post) desde el punto de vista económico, comercial, social, laboral, cultural y ambiental”. Reconoce, además, el derecho de la sociedad y de los actores sociales y económicos a “conocer y a ser consultados sobre los acuerdos que se han de implementar”.

Finalmente, enumera una serie de prohibiciones sobre los contenidos de las negociaciones; en esto se centró la discusión el sábado. Se acordó excluir de cualquier acuerdo a los sectores de servicios vinculados con políticas sociales –salud, educación, vivienda, agua, cultura– y también a aquellos en los que Uruguay tiene empresas estatales. Se definió “reservar las contrataciones y compras públicas como mecanismo de estímulo al desarrollo nacional”.

Sólo con votos del PCU, el PVP, Casa Grande, la mayoría de las bases de Montevideo, las bases de Canelones y algunas otras del interior, se acordó prohibir las cláusulas “trinquete” y “statu quo”, que impiden a los gobiernos volver atrás una vez que han liberalizado un sector, y no habilitar la negociación de propiedad intelectual en los acuerdos bilaterales. “Los acuerdos comerciales vinculados a la propiedad intelectual no podrán restringir el acceso a la salud, educación, ciencia, tecnología, conocimiento y la cultura”, señala el texto aprobado. Dispone que no se podrá aumentar la extensión de los años de protección del derecho de autor o de las patentes, ni proteger los datos de prueba, ni aceptar la protección bajo indicaciones geográficas.

Además, con votos del PCU, Casa Grande, el PVP y la mayoría de los representantes de las bases y del Movimiento de Participación Popular (MPP), se definió que en las negociaciones sólo deberán utilizarse listas positivas. “Las listas negativas presentan varios problemas y obstáculos al desarrollo: todo lo que no esté incluido en la lista queda automáticamente sujeto a las obligaciones del tratado. Por tanto, sectores y actividades que pueden no estar aún desarrollados en el país o que no existen quedan sujetos a las obligaciones”, advertía el documento de la comisión.

El Frente Liber Seregni (FLS) y el Partido Socialista (PS) promovían, en cambio, mociones que dejaban en mayor libertad de acción al gobierno. Por ejemplo, una que establecía que “en caso de ser inevitable la negociación con enfoque de listas negativas, deberán establecerse cláusulas precautorias”. Pero ninguna tuvo los votos necesarios, y en cambio prosperaron las más restrictivas.

El respaldo al gobierno estuvo en debate. Por ejemplo, el ex senador del MPP Ernesto Agazzi planteó que el tema en discusión era técnico y que se debía tener confianza en los “compañeros encargados de la gestión”, y los diputados José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay, AU) y Óscar de los Santos (Alianza Progresista) reclamaron apoyo al gobierno, ante lo cual representantes de las bases defendieron la legitimidad del Plenario como órgano de decisión y la tradición democrática de discusión del FA. En conferencia de prensa después del Plenario, el presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda, destacó que el FA “es la única fuerza política de este país que discute democráticamente sus puntos de vista”.

Molestias varias

Tras la larga discusión sobre el documento de orientaciones, llegó el turno del TLC con Chile. El FLS, el MPP, el PS y la lista 711, entre otros sectores, presentaron una moción para que el tema se definiera en la bancada del FA, utilizando como insumo el documento sobre orientaciones políticas. Eso habría garantizado la aprobación del acuerdo, pero triunfó, por seis votos de diferencia, otra moción, impulsada por el resto del Plenario, que pospuso la discusión para una próxima reunión del organismo.

La decisión fue festejada por representantes de Casa Grande, del PCU y del PVP en las redes sociales, pero generó molestia en los sectores mayoritarios. Representantes de AU en el Plenario prefirieron no opinar. Fuentes del MPP hicieron notar que los sectores que pidieron que el tema se discutiera en la bancada representan “84% de los votos del FA y 14 de los 16 senadores”. “Falta una dimensión de realidad. Metieron en un brete político fuerte al FA, y no lo miden. Para eso, que pidan la renuncia de [el canciller Rodolfo] Nin y ya está”, cuestionó una fuente del MPP.

En particular, a estos sectores les molestaron las expresiones de la senadora de Casa Grande, Constanza Moreira, en Twitter. La legisladora celebró con la expresión “ganamos”, aunque luego aclaró que se corregía y que quiso decir “ganó la moción”. Pero eso no fue suficiente para calmar los ánimos. “Está rompiendo el pacto frenteamplista. El Plenario tiene por estatuto que es un organismo reservado, y tenés una compañera que te va sacando tuits diciendo ‘ganamos’ cuando no terminó” la reunión, cuestionó una fuente del MPP. “Vos no podés estar cantando en un tuit a viva voz que sos ganador. La lógica frenteamplista es que no hay ni vencidos ni vencedores. Nosotros tratamos de llegar a una síntesis”, apuntó otra fuente del mismo sector.

El senador Charles Carrera, del MPP, destacó como positivo que el Plenario logró definir “líneas de acción”. “Si el gobierno nacional se pone a negociar un acuerdo a nivel internacional, tiene que llevar a consideración estas líneas de acción que definimos. Es importante, tenemos un documento que le está marcando el rumbo al Poder Ejecutivo si va a llevar adelante un proceso negociador”, comentó.

Moreira interpretó en Twitter que la prohibición de negociar con listas negativas “deja automáticamente el TLC con Chile atrás”, pero Carrera discrepó con esta visión. “Cuando el gobierno negoció el TLC con Chile, esto no existía. Este documento marca un rumbo de acá al futuro”, consideró. Probablemente este será el próximo debate en las reuniones orgánicas del FA esta semana.