A poco más de ocho años de la Ley de Descentralización que habilitó la creación de alcaldías en todo el país, el gobierno está planteándose varias cuestiones acerca de cómo afinar el funcionamiento y las potestades de los 112 municipios instalados en el territorio del país, que gobiernan 73% de la población uruguaya.

El director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Pedro Apezteguía, visitó la Comisión Especial de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados y allí planteó algunos de los temas que se discuten actualmente en el Ejecutivo.

El jerarca presentó en forma de pregunta algunas de las cuestiones: “¿Los municipios deberían tener algún poder de iniciativa, de expresión con respecto a su presupuesto frente a las juntas departamentales al estilo que los organismos del 220 en el Presupuesto Nacional? [...] ¿Todos los municipios deben tener las mismas competencias o algunos pueden tener más que otros? ¿La credencial cívica o las series electorales vinculadas con los segmentos censales son la mejor solución, o hay que pensar en otras formas que aseguren que quienes eligen el municipio, el concejo, sean los residentes de una circunscripción, de un territorio?”. Luego agregó que se discute la posibilidad de habilitar el voto cruzado a la hora de elegir candidatos a intendentes y a alcaldes, y se preguntó si todos los municipios deben tener la misma cantidad de concejales (cinco) o esto podría variar en función de la población.

Para responder estas y otras preguntas, la OPP acordó con el Congreso de Intendentes elaborar trabajos de investigación, que fueron financiados por la Unión Europea tras una postulación conjunta de ambas instituciones. Según dijo Apezteguía, actualmente la OPP está terminando la publicación de esos trabajos.

Apezteguía también se refirió a otras cuestiones electorales, como la posibilidad de que los alcaldes no sean elegidos por voto directo, sino mediante los concejales, y que los vecinos de un municipio puedan juntar firmas para promover iniciativas populares. “Pensar en 15% o 10% de los ciudadanos de un municipio para realizar una iniciativa parece, para los temas vinculados con la materia municipal, en muchos casos excesivo”, dijo el jerarca. También está en la mesa la discusión de si los concejales deben ser o no rentados, como ya lo es el alcalde. Apezteguía admitió que entre los concejales “hay beneficios que se han ido desarrollando en los últimos años, que algunos reciben y otros no”, como exoneraciones de patente, de contribución y de tasas, además de viáticos. Por eso, explicó que sería bueno que el Parlamento pudiera establecer un “tope a esos beneficios”, para que la diferencia salarial entre el alcalde y el conjunto de los concejales pueda ser “mitigada y limitada”. Además, dijo que el Ejecutivo considera estos planteos como una “buena oportunidad” para discutir si todas las juntas departamentales deben tener 31 miembros.

Durante su exposición, Apezteguía aseguró que en 2017 todos los municipios del país recibieron la partida correspondiente a los compromisos de gestión de 2016; “algunos porque cumplieron, algunos porque quisieron cumplir y por causas de fuerza mayor expresamente previstas en los compromisos de gestión no lo pudieron hacer [...], y otros porque [...] tuvieron la intención de cumplir y no pudieron hacerlo”. Sin embargo, vaticinó que en 2018 la cosa no será igual: “Nos da la impresión de que este año se van a requerir grandes intenciones para que la totalidad de estos puedan considerarse cumplidos”.