Así como a partir de 2011 el senador colorado Pedro Bordaberry y el Herrerismo se lanzaron a una campaña de recolección de firmas para reformar la Constitución y bajar la edad de imputabilidad penal –de 18 a 16 años–, el senador nacionalista Jorge Larrañaga (que no acompañó aquella iniciativa) se propone, a partir de mañana, junto a su sector, Alianza Nacional (AN), reunir adhesiones para otro fin relacionado con la seguridad: una reforma constitucional con varios puntos que han estado en discusión en los últimos días.
Esa reforma tiene cuatro puntos clave, dijo el diputado nacionalista Pablo Abdala. El primero es la “pena perpetua revisable” para los delitos “más aberrantes”, como violaciones, abusos sexuales a menores, homicidios cometidos en forma reiterada o sicariato.
También se plantea que en las condenas judiciales de los delitos más graves (rapiña, violación, abuso sexual, etcétera) deberá haber un efectivo cumplimiento de las penas, lo que limitará la libertad anticipada.
Además, se modifica el artículo 11 de la Constitución, para habilitar los allanamientos nocturnos. “El propósito es que, cuando el juez tenga fundadas sospechas de que durante la noche se comete un delito, con orden del juez la Policía pueda intervenir”, explicó Abdala.
Por último, se dispone la creación de una Guardia Nacional integrada por personal del Ministerio de Defensa Nacional, que dependerá desde el punto de vista administrativo de esa cartera, pero que a nivel operativo estará bajo el mandato del Ministerio del Interior. Según Abdala, la idea es que esto se concrete mediante una ley, pero se añadiría a las disposiciones transitorias de la Constitución, junto con la definición de pautas para el funcionamiento de la guardia “de forma precisa, estableciendo claramente los límites”. Eso “es bastante más garantista que el proyecto de ley que habilita a los militares a actuar en la frontera [que ya cuenta con media sanción en el Parlamento], donde los límites son difusos. No es la militarización de la Policía, sino la creación de un cuerpo que ayude a la gestión policial”, aseguró el diputado.
A diferencia de la campaña de recolección de firmas por la baja de la edad de imputabilidad, que arrancó a tres años de las elecciones y contaba con el apoyo de todo el Partido Colorado (PC) y de la mayoría del Partido Nacional (PN), la iniciativa de Larrañaga hasta ahora no ha recibido respaldos desde fuera de su sector, y además sólo quedan algunos meses para completar la recolección de firmas, puesto que el plazo para presentar las cerca de 260.000 requeridas vence en octubre.
En el PN las reacciones no han sido contundentes. El senador Luis Lacalle Pou, líder del sector Todos, dijo en abril que apoyaría la recolección de firmas impulsada por Larrañaga, aunque antes, en febrero, se había referido a la creación de la Guardia Nacional, recordando que ya existe la Guardia Republicana, que “tiene herramientas muy buenas para ponerlas en práctica”. Desde Todos aseguraron que Lacalle Pou estudiará la propuesta antes de expedirse, aunque respetará que se trata de una iniciativa de Larrañaga, y si la apoya no intentará disputarle protagonismo. Por lo pronto, Álvaro Garcé, su asesor en seguridad y ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario, criticó el proyecto de reforma.
En el PC la propuesta tampoco ha ganado muchas simpatías. A principios de mes, el diputado Ope Pasquet dijo estar en contra de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, así como de la cadena perpetua.