Un niño de nueve años anda armado y hace de mula. Un adolescente de 15 años con discapacidad comete una rapiña y termina preso, tras años de desamparo y violencia institucional. Una madre le dice a su hijo que no lo quiere y que nunca lo quiso. Son sólo algunos casos ilustrativos de otras violencias que suceden en Uruguay, y que se comentaron ayer en una mesa de discusión organizada por la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), en la que participaron el padre salesiano Mateo Méndez y John Díaz, del proyecto Minga; el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira; la historiadora Graciela Sapriza y la directora de la Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación, Patricia Lanzani.

Sapriza, que investiga sobre las memorias de ex presas políticas de la última dictadura, afirmó que el principal legado que dejó ese período es el miedo y la construcción de un “otro” que ha ido variando. Hoy hay una “cultura de creación de marginales y ‘desperdicios humanos’”, y la opción es “el encarcelamiento masivo”, sostuvo.

Mateo Méndez, fundador del movimiento Tacurú y hoy encargado del proyecto Minga, en Las Piedras, comenzó aclarando que él no trabaja con población violenta sino con población “violentada desde el vientre materno”. Señaló que es consciente de que se ha avanzado en políticas sociales, pero afirmó que queda “una especie de disco duro” de extrema exclusión, y remarcó que solucionar esto es “responsabilidad de todos”. Dijo que espera que haya menos población “preocupada” por la seguridad y más personas “ocupadas”, haciendo algo para enfrentar el problema.

John Díaz, que trabaja con Mateo Méndez en Minga, cuestionó la afirmación del director nacional de Policía, Mario Layera, sobre la necesidad de “contener” a los marginales. Díaz consideró que estas afirmaciones “refuerzan la estigmatización de un sector de la población” y “generan una alarma que no es real”. Aseguró que la mayoría de los delitos en Uruguay tienen como origen los mecanismos de producción y distribución de la riqueza y no la perversidad humana.

Díaz cuestionó al Estado por avanzar en el “reforzamiento de la represión” y comentó que le llamó la atención que los cambios al Código del Proceso Penal, en una línea de mayor represión, hayan surgido tres días después de las declaraciones de Layera.

A su turno, Fernando Pereira se definió como “humanista cristiano” antes que marxista. Sostuvo que es una “hipocresía” sorprenderse de que un joven caiga preso, cuando la sociedad no debería esperar otra cosa de una persona que fue violentada durante toda su vida.

Tanto Pereira como Lanzani, de la Fiscalía General de la Nación, coincidieron en que hoy en Uruguay la propiedad privada vale más que la vida. “Y a cualquiera que se anime a hablar contra la propiedad privada le encajan un rótulo: peronista, marxista”, cuestionó Pereira.

El dirigente sindical valoró que el principal problema en Uruguay hoy es la falta de justicia social, sumado a que las personas más pobres consideran que no es posible salir de su situación. Aclaró que no desconoce las políticas sociales que se implementaron, al tiempo que valoró que debería invertirse más en la infancia, porque no se están encontrando “las respuestas adecuadas al problema que tenemos” en materia de segmentación social. “Hoy hablar de que el problema es social es casi un pecado”, lamentó.