La Mesa Política del Frente Amplio (FA) instó a su bancada de Diputados a que vote el proyecto de ley que grava las jubilaciones militares más altas; aun así, la Liga Federal se mantiene en la misma postura (negativa). Por lo tanto, el martes, cuando se vote el proyecto en la cámara baja, al oficialismo le faltará un voto para aprobarlo, el de Darío Pérez.
Ayer la Liga Federal expresó en un comunicado que ese tema ya fue debatido y laudado en el Secretariado Nacional del sector. La negativa se basó en dos informes de los institutos de Derecho Constitucional de la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad Católica (UCU), que señalan que el impuesto contraviene los artículos 7, 8 y 67 de la Constitución de la República. El último artículo establece que los ajustes a las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios, “y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central”.
“Este impuesto es sumamente peligroso para el país”, dijo a la diaria el abogado José Maldonado, delegado de la Liga Federal en la Mesa Política del FA, ya que, si se declara inconstitucional, “pueden venir juicios millonarios”. El dirigente agregó que el impuesto debería tratarse en el proyecto de reforma de la Caja Militar, que el Senado está estudiando. Maldonado señaló que el sector asumirá las “consecuencias políticas” de la abstención de Pérez, ya que las consecuencias “jurídicas y económicas” podrían ser “desastrosas” si la ley se declarara inconstitucional luego de aprobada. Además, opinó que con la actual integración de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) “hubo fallos con sabor amargo para el FA en temas de derechos humanos, y con este tema podría repetirse”. “El Parlamento debe aprobar leyes claras que en lo posible no admitan más de una interpretación, ya que la ‘judicialización de la política’ no es buena”, sentenció.
Esta no es la primera vez en el año que Pérez no le sigue la corriente al oficialismo. En marzo se dio un ejemplo a la inversa: fue el único integrante del FA que dio su voto –decisivo– para que se aprobara el proyecto denominado Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública, presentado por el diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular. “Por supuesto que esto va a traerme consecuencias políticas, pero, a esta altura del campeonato, ni me va ni me viene”, dijo en aquella oportunidad.
En tanto, el diputado Alfredo Asti, del Frente Liber Seregni e integrante de la Comisión de Hacienda de la cámara baja, aseguró a la diaria que hay argumentos para demostrar que no hay “visos de inconstitucionalidad” en el proyecto de ley y que, en todo caso, la única que lo puede determinar es la SCJ. Agregó que en reiteradas oportunidades esa institución se pronunció a favor de la constitucionalidad de los gravámenes a las pasividades, como en el caso del impuesto que afecta las jubilaciones de la Caja Bancaria, redactado “de la misma forma” que el proyecto que se tratará el martes. Recordó que en dos sentencias la SJC rechazó los reclamos de inconstitucionalidad que presentaron afiliados a la Caja Bancaria. Además, señaló que juristas del FA “destrozaron” los informes de los institutos de Derecho Constitucional de la Udelar y la UCU, en base justamente a la jurisprudencia que señaló en más de una oportunidad la SJC.
Asti también dijo que en el oficialismo no se manejó la posibilidad de que el impuesto sea incluido en el proyecto de reforma de la Caja Militar, ya que “son dos temas distintos”. “Porque uno tiene un carácter transitorio y el otro ya es un tema de efecto más prolongado, porque tiene un período de transición”, indicó. Agregó que mezclarlos sería “complicar la discusión”.
Por último, Asti no quiso opinar de la abstención de Pérez. En cambio subrayó que está enfocado en la discusión del martes, centrada en la “necesidad y la justicia” del impuesto, que además “está referido exclusivamente a los temas actuales” y no tiene nada “de mirar hacia el pasado”. “Hay una tremenda diferencia en montos y en la forma de liquidar las pasividades entre los militares y el resto de los sistemas de previsión social. Además, hay un tremendo déficit, que supera los 500 millones de dólares anuales y que tiene que estar solventando toda la sociedad. Por tanto, se le pide a las altas pasividades, de más de 55.000 pesos, que aporten algo para disminuir ese déficit en 10%, y con carácter temporal, por 18 meses, a la espera de que se apruebe la reforma del servicio de retiro y pensiones militares”, finalizó.