El senador Jorge Larrañaga insiste en promover una reforma constitucional con varios puntos que han causado polémica en el sistema político, como la creación de una Guardia Nacional con personal militar y la pena perpetua revisable.

Estas dos iniciativas son rechazadas por varios legisladores de la oposición. Javier García, senador nacionalista del sector Todos, dijo a la diaria que destinar militares a tareas de seguridad ya está previsto en la Ley 18.650, de Defensa Nacional, donde dice que las Fuerzas Armadas (FFAA) tienen como cometido “contribuir a preservar la paz de la República en el marco de la Constitución y las leyes”, y que “en tiempos de paz y bajo la autorización expresa del ministro de Defensa Nacional, podrán prestar servicios o colaboración en actividades que por su especialidad, relevancia social o conveniencia pública les sean solicitadas”. García recordó que esto se aplicó cuando Dolores fue afectada por un tornado en abril de 2016 y las FFAA colaboraron con la seguridad de la localidad, pero remarcó que se debería hacer sólo en algunos casos.

El senador del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, sostuvo que no es necesario hacer una reforma, porque la Constitución ya contempla la posibilidad de que las FFAA intervengan para cuidar el orden interno, aunque es un “tema estigmatizado”. Mieres aseguró que, según la Constitución, “si el Poder Ejecutivo dicta las medidas de seguridad, puede hacer que las FFAA actúen en materia de orden interno”. Sin embargo, el artículo 168 de la Constitución únicamente dice que las medidas prontas de seguridad proceden “en casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interna”, y no menciona a las FFAA. De todos modos, el senador opinó que el país no está en una situación en la que sea preciso aplicar estas medidas.

Por su parte, el diputado colorado Ope Pasquet comentó a la diaria que está en contra tanto de la intervención de las FFAA en tareas de seguridad pública como de la cadena perpetua. Sobre el primer punto, señaló que los militares están entrenados “para otra cosa” y manejan un armamento especial, “con una potencia devastadora, que en el ámbito ciudadano puede tener consecuencias que nadie desea”. Además, dijo que es fácil que empiecen a actuar pero no que se retiren. “¿Qué gobernante se atreverá a decir que se retiren cuando al otro día, al primer delito que se cometa, se va a decir ‘pasó porque no están las FFAA’?”, preguntó.

Pasquet piensa que “al crear una zona de contacto entre las FFAA y el delito tendríamos una situación similar a la que atraviesa la Policía, institución en la que hay malos funcionarios que cooperan de un modo u otro con el delito”, dijo. Sobre la cadena perpetua, afirmó que la Constitución dice que las cárceles tienen que rehabilitar, pero “si de antemano se dice que [las personas] van a estar ahí hasta que se mueran, se está abandonando el propósito de la rehabilitación”. Apuntó que el Código Penal prevé penas de hasta 30 años de penitenciaría, con la posibilidad de sumarles 15 más, y que, “45 años de privación de libertad son suficientes” para que “aun el delincuente más temible ya no represente una amenaza para nadie”.

Por su parte, Álvaro Garcé, asesor del Partido Nacional en seguridad, dijo que no cree que sea una solución la participación de militares en tareas de patrullaje. Sostuvo que lo que hay que hacer es darle apoyo a la Policía, por ejemplo con la aprobación de la ley de legítima defensa, que “es un medio más eficaz y más al alcance de la mano”.