Ayer, en una larga sesión de la Cámara de Diputados, se confirmó lo que se vaticinaba: el proyecto de ley que grava las jubilaciones militares más altas no fue aprobado. Al Frente Amplio (FA) le faltó un voto, el del dirigente de Liga Federal Frenteamplista Darío Pérez, que ya había anunciado que no lo apoyaría, por considerarlo inconstitucional.
La primera en tomar la palabra fue la diputada del FA Bettiana Díaz, que hizo una breve reseña del estado actual del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. “Sólo una quinta parte de las Fuerzas Armadas [FFAA] genera 70% del gasto”, expresó. La discusión, apuntó, se tiene que centrar sobre los “privilegios” de un sector pequeño de la sociedad: “Nadie puede desconocer que hay retirados con prestaciones muy onerosas”, y explicó que, por ese motivo, el proyecto de ley apunta a las pasividades más altas, por encima de los 57.000 pesos, pero “no toca a los subalternos, quienes realmente reciben los retiros más bajos”. En otras palabras, dijo que “no serán gravados más de 80% de los militares, lo que implica que 40.000 pasivos no pagarán este tributo”.
A su turno, el diputado del Partido Nacional (PN) Gustavo Penadés explicó que su partido no acompañaría una iniciativa que empieza por el final. “La discusión la empezamos por el lado más fácil: vamos a encajarles un impuesto a los militares por un déficit de 500 millones de dólares anual”, cuando lo que tendríamos que “estar discutiendo son los millones de dólares en materia de defensa nacional que el gobierno gasta” sin restricción alguna. El legislador manifestó que “hay que decir las cosas como son”: “Se cae de maduro que este proyecto es inconstitucional”, primero porque lo dicen la cátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) y la cátedra de derecho de la Universidad Católica (UCU), y segundo porque se trata de una doble imposición a los militares junto con la del Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS), indicó.
El diputado del FA Alfredo Asti se centró en rebatir los argumentos que plantearon los dirigentes de la oposición. En primer lugar, se refirió al argumento de que el impuesto implicaría una doble tributación y, por lo tanto, sería inconstitucional. El legislador hizo referencia a dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia que sostienen que es constitucional que los pasivos de la Caja Bancaria paguen tanto el IASS como el impuesto que les corresponde para financiar su propia caja. El proyecto de ley en cuestión, agregó Asti, fue prácticamente copiado de este último y, por lo tanto, se sostiene que no hay ninguna norma que impida que los pasivos tributen por ambos impuestos. También se refirió a los dos informes de los institutos de Derecho Constitucional de la Udelar y la UCU que señalan que el impuesto viola el artículo 67 de la Constitución, que determina que los ajustes de jubilaciones y pensiones no “podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central”. El diputado sostuvo que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se ha referido a ese artículo en otras oportunidades y ha establecido que ninguna norma establece que la jubilación será “intangible”, dado que el “interés general radica en la contribución solidaria de todos los ciudadanos” al mantenimiento de la actividad estatal.
Aníbal Abreu, militar retirado y diputado suplente del PN, dijo que “nadie está en contra de las reformas necesarias”, pero “el impuesto es ridículo”. El “estado militar” es el “más importante”, consideró, pero “el soldado es el gran postergado y excluido en el tiempo de bonanza”, aseguró. “Si quieren eliminar las FFAA, que lo digan”, apuntó. “¿Por qué se apela a unos orientales que ganan 57.000 pesos? ¿Porque se trata de militares?”, preguntó. Agregó que hay “zánganos” en el Estado, pero no en las FFAA, y que hay que terminar con la “tara mental” de la lógica de villanos y héroes.
El diputado Pablo González (FA) solicitó la palabra por alusión personal y le dijo a Abreu que no correspondía usar una enfermedad para descalificar a los que “piensan diferente”, y que eso era rebajar el debate. También indicó que la normativa indica que no podía participar en el debate porque tenía intereses individuales relacionados con lo que se estaba discutiendo.
Luego de cinco horas de sesión, Pérez dijo que no iba a dar su voto al proyecto. “Algunos me dirán ‘facho’”, comentó, pero consideró que eso es caer en un error. A este impuesto, agregó, lo sobrevuelan muchas cosas, en particular la relación que ha tenido la izquierda con las FFAA. “Quieran o no, la subjetividad prima sobre la razón”, sostuvo.
Este impuesto, como han dicho los académicos, es “in-cons-ti-tu-cio-nal”, afirmó con énfasis, y argumentó que hace poco escuchó al presidente Tabaré Vázquez decir: “Dentro de la Constitución, todo; fuera de la Constitución, nada”. Por otro lado, señaló que el impuesto no está en el programa del FA y ni siquiera fue propuesto en la última campaña electoral.
“Yo fui preso político”, recordó, y añadió que votaba “desde ese lugar”. Luego, con la voz quebrada, relató las torturas que sufrió cuando estuvo preso y dijo que lo más doloroso era escuchar “el grito del compañero”. “Yo no me olvido de eso, no tengo el síndrome de Estocolmo. Quiero verdad y justicia, pero no voy a votar este impuesto”.