La Suprema Corte de Justicia (SCJ) está estudiando siete casos de inconstitucionalidad contra el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Según pudo saber la diaria, cuatro de ellos fueron presentados a fines de 2017, luego de que el código comenzara a aplicarse en noviembre de 2017, y tres más este año.
Ayer el semanario Búsqueda dio cuenta de los recursos presentados. El primero fue interpuesto por el abogado Gustavo Salle, defensor de su par Juan José Ayala, acusado de amenazas de muerte contra el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Entre los casos mencionados por el semanario está el de un presunto homicida en Paysandú, que habría sido liberado por decisión del juez luego de que su abogado presentara un recurso similar ante la SCJ. Otro refiere a la liberación de tres personas detenidas en San Carlos por venta de drogas. Una de ellas, apodada el Buñuelo, es acusada de ser jefe de una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas en esa ciudad y en otras del este del país. En ese procedimiento se incautaron autos, una moto, 448 dosis de pasta base, armas de fuego y 28.000 pesos.
Según fuentes de la SCJ, estos recursos van a dejar de tener efecto ni bien se falle por primera vez en contra de uno de ellos. De hecho, desde el Poder Judicial explicaron a la diaria que el recurso presentado por Salle impugna casi 50 artículos, y en los hechos agota muchas de las posibilidades de presentar otras objeciones a la constitucionalidad de la norma. Además, algunos ministros de la SCJ impulsaron activamente la modificación del CCP, entre ellos el ex presidente de la corporación Jorge Chediak.
Los nuevos cambios
En tanto, los entredichos entre el director nacional de Policía, Mario Layera, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación parecen haberse resuelto tras el envío al Parlamento de un proyecto de modificaciones al nuevo CPP para acotar el beneficio de la libertad anticipada, hacer obligatoria la prisión preventiva para reincidentes y dar mayores potestades a la Policía. Las críticas a Layera tras la entrevista publicada por El Observador el sábado fueron mucho mayores que los tímidos cuestionamientos dentro del oficialismo a ese proyecto del Poder Ejecutivo. Incluso algunos legisladores, entre otros el senador Charles Carrera (MPP), admitieron que la implementación del nuevo CPP tuvo un “impacto negativo” en la seguridad que “no estuvo previsto en el sistema político”. En cambio, el ministro de la SCJ Ricardo Pérez Manrique dijo en Buen día, Uruguay que “el elemento central” del nuevo CPP es “preservar el principio de inocencia y que vayan a la cárcel sólo personas con una condena”, y que el proyecto del Ejecutivo “vuelve al sistema anterior”.
A su vez, la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad, a instancias del diputado nacionalista Pablo Abdala, citar a Layera para que explique sus dichos sobre que Uruguay va rumbo a una situación de inseguridad como las de Guatemala o El Salvador. El presidente Tabaré Vázquez se refirió a los dichos del director de Policía y dijo estar seguro de que Uruguay no terminará así.
Vázquez también adelantó que habrá más “novedades” en esta área. En declaraciones a Búsqueda, aseguró que mejorará la coordinación entre el Ministerio del Interior, el de Desarrollo Social, la Administración Nacional de Educación Pública y el Banco de Previsión Social, que había sido uno de los reclamos de Layera y del subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez.