Ayer la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el espionaje en democracia hecho por militares y policías recibió a integrantes del directorio de UTE, que presentaron los resultados de una investigación interna. la diaria tuvo acceso al formulario de la denuncia penal que el ente presentó en la Fiscalía General de la Nación y que resume los hechos. Allí se señala que en agosto de 2017 el directorio de UTE dispuso iniciar una investigación administrativa debido a que en muchos de los documentos del “archivo Berrutti”, y también del “archivo Castiglioni” (encontrado en 2015 en la casa del coronel retirado Elmar Castiglioni, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia), se hacía referencia a funcionarios de esa empresa pública.

Del análisis de los documentos se concluyó en que los funcionarios que oficiaron de informantes fueron varios (usaban seudónimos como “Agente 33”, “Omar” o “Carmelo”) y lo hicieron de 1987 a 1993. Básicamente, los documentos de espionaje se refieren a actividades realizadas por funcionarios de la Central Batlle y de otras unidades del ente “que eran delegados de sector y/o que integraban la Mesa Directiva de AUTE [el sindicato de funcionarios de UTE]”.

En la denuncia se destaca que el espionaje daba cuenta de “actividades personales” de los trabajadores y de la “filiación ideológica” de estos y de personas ajenas a la empresa. “Dicha información era razonablemente obtenida por medio de personas que pertenecían a UTE y que factiblemente les fuera remunerada. Las personas objeto de la pesquisa eran de distinta filiación ideológica, política y/o sindical, y de diferentes rangos dentro de la empresa”, se señala en el documento, y se agrega que la investigación administrativa no probó que las jerarquías de la institución en esa época tuvieran conocimiento del espionaje ni que haya mediado “connivencia” entre ellas y los informantes. También se consigna la “razonable convicción” de que el espionaje era desplegado por “varias personas, en función de su relación con compañeros de trabajo”.

Tampoco está probado que alguno de los informantes integre “los actuales cuadros de la empresa”, por lo que “no es factible hacer efectiva la responsabilidad administrativa del caso”. “Se consultó un universo por demás significativo de las personas que aparecen mencionadas en las actas y/o documentos, funcionarios y ex funcionarios, sin que aporten elementos concretos sobre las personas que pudieran efectuar espionaje”, se agrega en el documento de la denuncia. Por último, se señala que si bien “no se pudo atribuir que las personas que usaran seudónimos o nombres encubiertos fueran o no funcionarios de UTE”, se ponen los hechos en conocimiento de la Justicia penal por “las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder”.