Alonso analiza de cerca las propuestas de Larrañaga

Mientras el senador nacionalista Jorge Larrañaga se aboca de lleno a la tarea de recolectar firmas para promover su proyecto de reforma constitucional, su par Verónica Alonso ha iniciado una serie de contactos para estudiar la viabilidad de una de las propuestas incluidas en el texto que se busca plebiscitar: la creación de una guardia nacional con personal de las Fuerzas Armadas. Alonso ya se ha reunido con algunos actores involucrados y tiene en vista otras conversaciones. La ronda culminará con un encuentro con el propio presidente Tabaré Vázquez, a quien la senadora planea comentarle lo recabado en sus entrevistas respecto de la situación actual de la Guardia Republicana y su posible fortalecimiento con militares.

“La gente hoy la está pasando mal. Todos la estamos pasando mal. Y si bien los titulares de la propuesta pueden ser buenos, hay que ir un poco más allá. Hay que abrir el espacio a los interlocutores que están preparados para ayudar y consultarles, y hay que ver más que la propuesta en sí: por ejemplo, cómo implementarla. ¿Qué tenemos hoy? A la Guardia Republicana, que es el cuerpo militarizado de la Policía, y es lo mismo que tienen otros países. Los que tienen algo similar son cuerpos militarizados de la Policía, que dependen de ella”, dijo Alonso a la diaria.

La senadora viene de reunirse la semana pasada con “altas jerarquías militares”, aunque prefirió no especificar nombres, para no poner en compromiso a estos efectivos. Dijo que “ellos mismos creen que [el camino] no es con militares, y creen que tienen otra preparación”. Semanas atrás, el editorial de la revista El Soldado, del Centro Militar, cuestionó la propuesta de Larrañaga. En ese texto se sostenía que “de tanto en tanto aparecen discursos o propuestas que involucran a las Fuerzas Armadas y que pretenden redefinirlas”, y hay quienes, “sin mayor rigor de análisis, afirman que las Fuerzas Armadas deberán dedicar su energía y su saber a las tareas civiles, abandonando progresivamente su finalidad originaria [o] que deberán sumar personal a los fracasos continuos de la política de seguridad, en total desconocimiento de sus notorias capacidades profesionales”.

Según Alonso, “la Guardia Republicana está preparada”. “Hay 32.000 funcionarios policiales, lo que hay que hacer es sacarla con más fuerza a la calle”, consideró. No obstante, sostuvo que pedirá una entrevista con el director nacional de ese cuerpo, el comisario mayor Alfredo Clavijo, para interiorizarse en el funcionamiento de esta fuerza y ver en qué se puede mejorar: “Quiero saber qué operativos han hecho, cuántos salen a ellos, si lo hacen junto al Programa de Alta Dedicación Operativa, qué es lo que les está faltando, etcetéra”. Adelantó que una vez que haya concretado esa entrevista solicitará una reunión con Vázquez para comunicarle de primera mano las conclusiones de sus encuentros.

Alonso no está de acuerdo con la propuesta de Larrañaga, y ya lo ha hecho saber. “Nosotros ya tenemos una Guardia Republicana. La verdad es que los militares en la calle me generan temor. Porque sabés cómo empieza pero no cómo termina. Me podrán decir que en las leyes pueden quedar muy claras las competencias del Ministerio del Interior y del de Defensa, pero en la realidad hay que ver quién termina mandando. No alcanzan los ejemplos internacionales. Creo que va por otro lado. Tenemos que volver a recuperar el valor y el respeto a la Policía. No creo que la solución sea la militarización”, dijo a la diaria el sábado.

Mientras tanto, la campaña de reforma constitucional de Larrañaga sigue ganando adhesiones dentro del Partido Nacional. Otro de los dirigentes que estamparon su firma en las planillas fue el senador rochense José Carlos Cardoso, “Yo sigo apoyando a [Luis] Lacalle Pou y no tengo ninguna dificultad con él”, dijo Cardoso a la diaria al ser consultado sobre su apoyo a la reforma. El legislador decidió sumarse a la iniciativa porque “hay una ansiedad en la opinión pública” para tratar la inseguridad. Reconoció que la propuesta, si se llegara a aprobar, se implementaría recién en dos años, pero dijo que “la gente se está adelantando porque está harta del sistema en el que vivimos”.