Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comparecieron ayer ante la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes para informar sobre la situación de personas que viven en la calle. Al salir, la ministra Marina Arismendi explicó, en conferencia de prensa, que su ministerio dispone de 48 refugios y de equipos que están trabajando continuamente para que las personas que viven a la intemperie accedan a alojarse en esos lugares. También señaló que actualmente los refugios están “a tope” y que el Mides prevé abrir centros de contingencia, ya que “da la pelea” para “que la gente entre [a ellos], no para que no vengan”.
El nacionalista Pablo Abdala, miembro convocante, evaluó que la exposición de la ministra permitió “constatar” la “magnitud del problema”. “Reconocieron que el número de personas durmiendo en la calle se ha incrementado”, señaló, y acotó que desde el Mides alegan que este fenómeno responde a una problemática “de escala universal”, que tiene que ver “con las características del tiempo que estamos viviendo”. Comentó que él acepta esa explicación, pero afirmó que invocarla no “alcanza para justificar la acción del ministerio”, que no sólo “debe constatar y diagnosticar la situación, sino resolverla”.
La polémica se disparó luego de que trascendiera que el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, había mandado una carta al presidente de la República, Tabaré Vázquez, alertando sobre el aumento de personas que sufren esta situación. El intendente “puso la problemática en los medios, no en el Mides”, retrucó la subsecretaria Ana Olivera en una entrevista realizada por Radio Sarandí el 3 de mayo. De todas formas, la ministra Arismendi precisó la semana pasada, en la Comisión de Derechos Humanos de la misma Cámara de Diputados, que en realidad “no hubo tal carta”, sino solamente una reunión entre Vázquez y Martínez en la que el intendente le comentó al presidente que estaba preocupado por el aumento de la cantidad de personas en situación de calle, y le dejó una “esquela recordándoselo”.
El último censo del Mides, realizado en 2016, indicó que había 556 personas durmiendo en las calles de la capital. Sin embargo, la directora nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulneración del ministerio, Eleonora Bianchi, reconoció el 7 de mayo, en una entrevista con el programa radial En perspectiva, que el panorama actual es otro: “Vemos más gente”, dijo, y comentó que no sabía si el número del censo de 2016 que se estaba manejando era “absolutamente preciso”, porque “en el ínterin vamos alimentando el censo con nuevas informaciones, y lo que estamos viendo desde hace un tiempo es que hay población que viene de otros lugares”, distintos de aquellos “de los que habitualmente provenía la gente en situación de calle”.
Bianchi explicó en aquella ocasión que antes se podía ver que “la gente en situación de calle tenía adicciones, tenía problemas vinculados con la vivienda, con la ruptura del entramado social propio”, y que ahora, en cambio, se constataba la presencia de “gente que sale de la cárcel y va a vivir en la calle; hay otras personas que han estado institucionalizadas por muchos años, por ejemplo, jóvenes que han tenido tránsitos largos en el INAU y también los encontramos en la calle”. Y concluyó: “Todo esto es a lo que llamamos ‘formas nuevas’: nueva gente que llega a la calle”.
Olivera, sin embargo, dijo a la diaria que no hay “nuevas personas” durmiendo en la calle. “Si tú mirás en el censo, las personas que se encuentran durmiendo a la intemperie son mayoritariamente gente joven, y seis de cada diez vienen de un proceso de institucionalización o de un proceso de privación de libertad. No es que sean nuevas personas”.
En la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Arismendi aseguró que “la interinstitucionalidad funciona”. En esa oportunidad, señaló que las personas que están en refugios o durmiendo a la intemperie “provienen de la institucionalización: de la privación de libertad de adultos, del amparo del INAU, o son adolescentes que estuvieron privados de libertad. Por lo tanto, hacer el abordaje desde las situaciones de privación de libertad, desde la situación de trabajo del INAU, para que cuando terminen su período [en esas instituciones] no vayan a la calle, es fundamental”. Olivera comparte la evaluación que hace la ministra sobre la articulación de las instituciones para abordar la problemática. “La interinstitucionalidad se viene fortaleciendo”, y no sólo se trata de “actuar juntos”, sino de “pensar en común”, dijo. Eso, aseguró, es lo que está pasando con el abordaje de la “nueva modalidad” de personas que viven en la calle y montan “campamentos”. “Lo trabajamos con la Intendencia de Montevideo, que es la que tiene la obligación de liberar el espacio ocupado junto con el Ministerio del Interior, que es el que actúa en función de la Ley de Faltas, al mismo tiempo que nosotros recogemos los datos que nos permiten saber de quiénes se trata”.
Abdala recalcó que la ministra insistió muchas veces, “–no digo sacándose la responsabilidad de encima, pero por lo menos socializándola–, en que la responsabilidad no es sólo del Mides, sino que es interinstitucional. Ahora, ese abordaje sistemático del Estado no está dando resultados porque el problema sigue, y crece”, valoró.