El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe pidió al juez letrado penal de 23er Turno, Tabaré Erramuspe, el procesamiento con prisión de los militares retirados Carlos Alberto Rossel Argimón, José Bassani, Glauco Yiannone y Eduardo Ferro por los delitos de privación de libertad, en reiteración real y con abuso de autoridad en concurrencia fuera de la reiteración, cometidos contra Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti.
En su dictamen, el fiscal asegura que “existen elementos de convicción suficientes para sostener estos delitos”. Rodríguez y Celiberti fueron detenidos el 12 de noviembre de 1978 en Porto Alegre por un comando conjunto de militares brasileños y uruguayos, en un operativo enmarcado en el Plan Cóndor y orquestado desde la Compañía de Contrainformación del Ejército.
Una vez detenidos, Rodríguez y Celiberti fueron sometidos a “apremios físicos e interrogados sobre sus vínculos con los partidos políticos brasileños, así como respecto de otros militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en Brasil y Uruguay”. Luego se los trasladó a Uruguay en vehículos particulares, y aquí fueron nuevamente torturados, en la Fortaleza de Santa Teresa y en un lugar costero que no se pudo determinar. En el dictamen se indica que fueron sometidos a golpizas y a un simulacro de ejecución. El objetivo de los militares era conocer el domicilio en San Pablo del líder del PVP, Hugo Cores. El caso culminó con la prisión de ambos en el Penal de Libertad hasta 1983 y la entrega de los hijos de Celiberti, que en 1978 tenían ocho y tres años, a su abuelo materno, luego de que pasaran un tiempo en el Consejo del Niño (actual Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay).