La denuncia, presentada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), se tramita en la Fiscalía Penal de Flagrancia de 10° Turno, a cargo de la doctora Diana Salvo. Ayer, cerca de las 11.00, Nicolás Pons, director de cooperación internacional y proyectos del MEC, fue citado en esa sede judicial y recibió información vinculada con la investigación policial. En las últimas horas, funcionarios de inteligencia identificaron, mediante registros de cámaras de vigilancia, un mismo vehículo, marca Chevrolet, en las cercanías de las placas de la memoria ubicadas en el ex Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (CGIOR) y frente al Hospital Militar. Como se sabe, ambas fueron vandalizadas, con la misma tinta verde, en los últimos días, lo que generó sendas expresiones de repudio de organizaciones sociales y políticas como el PIT-CNT, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y el Frente Amplio, entre otras.
Con el número de matrícula que aparecía en las filmaciones, la Policía identificó luego una dirección, en el barrio La Blanqueada, donde se constató la presencia de ese Chevrolet. Además, según confirmaron fuentes vinculadas con la investigación, ya está claro, a partir de información que surge del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), que el propietario del automóvil es un militar retirado. La fiscal Salvo pretende ahora indagar al propietario del vehículo para confirmar si está vinculado con los actos denunciados. Ayer se intentó entregar una citación en su domicilio pero no fue posible; anoche se evaluaba la posibilidad de que un juez autorizara una orden de conducción contra el sospechoso.
Hay otra denuncia en trámite relacionada con el caso. El martes de tarde, un grupo de ciudadanos vinculados con organizaciones defensoras de los derechos humanos había formalizado otra denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Patrocinados por el abogado Daoiz Uriarte, pidieron, considerando las circunstancias agravantes previstas en el artículo 359 del Código Penal, penas que podrían abarcar desde tres meses a seis años de prisión.