La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores analiza el proyecto de ley que encomienda a las Fuerzas Armadas (FFAA) llevar a cabo tareas de vigilancia en las zonas fronterizas, y recibió ayer al fiscal de Corte, Jorge Díaz, citado por el nacionalista Javier García, para saber su opinión sobre esa iniciativa y el papel que tendría la Fiscalía en el procedimiento.
El proyecto encomienda a las FFAA la realización de “tareas de vigilancia y “apoyo a los organismos con jurisdicción y competencia” en la zona fronteriza, definida como “franja de territorio nacional de 20 kilómetros de ancho”, por fuera de los centros poblados. La iniciativa, según aduce el Poder Ejecutivo en la exposición de motivos, busca “disuadir de posibles actividades ilícitas y prevenir amenazas”. De sus seis artículos, el tercero es el que causa mayores dudas en la oposición: determina que las tareas de las FFAA sean de patrullaje, identificación de personas y control de vehículos, y detención en caso de flagrante delito, y añade que, en caso de que los militares detecten una “presunta irregularidad”, la comunicarán “de forma inmediata a la autoridad policial u organismo competente”. A la oposición le preocupa particularmente la idea de que las FFAA tengan que avisar a la Policía y no directamente al fiscal.
El fiscal de Corte sostuvo ayer, en declaraciones al portal Ecos, que en el marco de esta norma los militares serían auxiliares de la Justicia y que, por lo tanto, cuando presuman que una persona incurre en un delito, deberán reportarlo a la Fiscalía. Por su parte, el senador García comentó en una conferencia de prensa que quedó satisfecho con lo expuesto por Díaz y aseguró que si bien se tiene un “buen proyecto”, es necesario “mejorar” algunos aspectos. Por ejemplo, señaló que el texto debería anticipar en forma expresa problemáticas que se pueden dar “en la práctica”, y agregó que es preciso evitar que existan dos procedimientos diferentes cuando le toca proceder a un policía o a un soldado. Según García, por la forma en que está planteado el proyecto las FFAA son auxiliares de la Policía y no de la Fiscalía. Por otro lado, el senador expresó que es necesario garantizar la “claridad jurídica” a fin de “darle la mayor tranquilidad jurídica al soldado y que su trato sea con un fiscal”, ya que “todo lo que se interponga en el medio le quita blindaje y capacidad de acción, y lo pone en una zona de dudosa legalidad que lo puede complicar posteriormente”.
La senadora frenteamplista Patricia Ayala aseguró a la diaria que en la comisión todos comparten la “voluntad política” de que el proyecto sea aprobado. Por ese motivo, explicó que se intentará “tomar los recaudos posibles” y dejar “allanado el camino” para que después no se sucedan múltiples interpretaciones del texto de la ley. En este sentido, el fiscal de Corte “plantea que seamos más específicos sobre la situación en la que va a quedar el Ministerio de Defensa en esta función”, indicó Ayala, e informó que la comisión aprobó mandar la versión taquigráfica de la sesión a ese ministerio, que probablemente responda con alguna sugerencia. “Podemos llegar a especificar algo más, para que quede claro cuáles van a a ser las reglas de juego en ese sentido”, aunque todavía no se discutió en la comisión, adelantó la senadora.