El directorio de ANCAP solicitó un informe al departamento jurídico del ente para decidir si correspondía denunciar al senador oficialista Leonardo de León por el uso de las tarjetas corporativas cuando estuvo al frente de Alcoholes del Uruguay (Alur). Esta semana, el departamento jurídico concluyó que “Alur no tiene nada más para hacer”. Según supo la diaria, los abogados señalaron que la Justicia pudo haber procesado de oficio a De León, independientemente de que la empresa presentara una denuncia. Asimismo, recalcaron que Alur otorgó a la Justicia toda la documentación que estaba a su alcance, por lo que no existió una “omisión” de su parte. Desde el directorio expresaron a la diaria que si bien tienen “la libertad” de tomar una acción legal, es muy difícil que su resolución sea diferente de la que establecen los especialistas.
La inquietud del organismo surgió luego de que el fiscal Luis Pacheco pidiera archivar la denuncia del uso de las tarjetas corporativas por parte de De León. El fiscal señaló en el dictamen que “la ausencia de reglamentación y la no exigibilidad de comprobantes de los gastos” hacen imposible determinar “si efectivamente cada uno de los gastos denunciados respondió o no a gastos de representación, que si bien no estaban previstos, pueden ser admisibles”. De todas formas, el 3 de mayo, en diálogo con la diaria, el fiscal dejó entrever que la ausencia de acciones legales por parte de Alur determinó, en parte, el resultado de su fallo: “Si Alur hubiera hecho la denuncia, el dictamen habría cambiado”, aseguró.
El Partido Independiente (PI) denunció, en octubre del año pasado, que De León había utilizado las tarjetas en restaurantes, estaciones de servicios, alojamientos y viajes no oficiales. Luego del fallo fiscal, el PI resolvió enviar a las autoridades de ANCAP y de Alur copias del pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (que señaló que el senador violó varias normas con su uso de las tarjetas de Alur) y del dictamen del fiscal de Crimen Organizado, con el objetivo de que tomaran cartas en el asunto. El senador Pablo Mieres dijo a la diaria que no le “extraña nada” la resolución del departamento jurídico del ente, porque “han justificado” todas las irregularidades. Acotó que tienen “bastante claro” que la administración del ente “mira para el costado y, lamentablemente, barre abajo de la alfombra”. Señaló, no obstante, que no critica al actual directorio, sino “la actitud que tienen con respecto al pasado”. Para él, “han sido muy condescendientes”.
No abandona
En tanto, el ex vicepresidente Raúl Sendic vuelve a estar en la mira de su fuerza política. El presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, dijo ayer en el programa No toquen nada, de FM Del Sol, que la situación de Sendic ya fue tratada por el Tribunal de Conducta Política (TCP) y que en el plenario del oficialismo se iba a discutir su inhabilitación en caso de que fuera procesado. Agregó que ese es el “resorte” que tiene el FA, pero también apuntó que la Constitución, en su artículo 80, establece que si existe “un procesamiento donde pueda caer pena de penitenciaría, el ciudadano queda inhabilitado”. En este caso, indicó Miranda, la Corte Electoral puede inhabilitar una lista encabezada por Sendic. Más allá de los aspectos legales, el presidente del FA agregó que existe una “dimensión ético-política”. “¿Qué haría en su lugar? Generado el hecho político, yo mismo me aparto”, manifestó.
El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, también se refirió al procesamiento de Sendic. El jerarca dijo, en una conferencia de prensa, que la situación “ha lastimado mucho” al FA, pero aseguró que comprende y acepta el fallo de la jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu. Para él, es un “episodio” que “no sólo golpea a la izquierda, sino a cualquiera que lo tenga que padecer”, y sostuvo que los “cuestionamientos éticos” son un componente “del descontento social”, que no le hacen “nada bien a la política”. Para Astori, el TCP debe analizar nuevamente el caso del ex vicepresidente.
Corrupto serás vos
Ayer el ex vicepresidente Raúl Sendic habló por primera vez en público luego de que la jueza Beatriz Larrieu decidiera su procesamiento, y atacó a los senadores de la oposición Pedro Bordaberry y Álvaro Delgado, así como al ex abogado del Partido Nacional Pablo Correa, quien participó en la causa de ANCAP como denunciante. De Delgado dijo que “todavía usurpa un predio de Colonización que obtuvo con la tarjeta de un político hace muchos años y que no le corresponde”. Luego sostuvo que Bordaberry tiene “sociedades offshore en Panamá para evitar pagar impuestos en Uruguay” y que Correa “está siendo investigado por ser uno de los autores en Uruguay del lavado de dinero de Odebrecht”.
“Cuando hablamos de corrupción hay que rascar más profundo, porque la hay, pero no tiene nada que ver con ANCAP”, apuntó el ex director de esa empresa estatal. Finalmente, dijo que si bien en principio es partidario de no apelar, “porque lleva tiempo y plata”, también le cuesta “dejar las cosas como están, porque el fallo no le hace honor a la realidad y a la verdad de las cosas que ocurrieron”, ya que “las decisiones fueron adoptadas en colectivo, avaladas por Jurídica de ANCAP”.