“Mi decisión política es seguir en actividad porque soy un revolucionario y un luchador”. Con estas palabras, en su primer acto público tras ser procesado sin prisión por los delitos de peculado y abuso de funciones, el ex vicepresidente Raúl Sendic encendió las alarmas en la interna frenteamplista. El viernes la Mesa Política analizó el tema, pero no adoptó ninguna resolución.

El presidente de la coalición, Javier Miranda, dijo a la diaria que el fallo de la jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu “era algo esperado, pero tuvo una notoria repercusión política”. Por tanto, el presidente del Frente Amplio (FA), la Vertiente Artiguista y Asamblea Uruguay plantearon en la Mesa Política la necesidad de convocar a un plenario para que se expida sobre los informes del Tribunal de Conducta Política que no han sido tratados por el FA, entre los que se encuentra el de Sendic. Cuando el ex vicepresidente anunció su renuncia, explicó Miranda, tan sólo “sacamos una declaración”, pero no “adoptamos una resolución sobre el dictamen”. De todas formas, recordó que en las negociaciones previas a la renuncia de Sendic “se llegó a un proyecto de resolución que contaba con las mayorías necesarias para establecer una sanción”.

Por su parte, el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista y el Partido Socialista dijeron en la Mesa Política que los “problemas del país pasan por otro lado” y que el caso de Sendic fue analizado en su momento por la fuerza política. Según fuentes del MPP, tratar el caso de Sendic en un plenario nacional “es hacerle un linchamiento público”, algo que sería “totalmente inoportuno” para la fuerza política.

Miranda insistió en que el FA tiene que “tomar una resolución”. Aclaró que la “sanción no es un fin en sí mismo” ni una “venganza sobre una persona que se apartó de una conducta debida”, sino que es la culminación de un proceso de reflexión y tiene un “valor simbólico central”. Recalcó que si estuviera en el lugar de Sendic, “suspendería mi actividad política, en tanto la situación jurídica no se dirima”. Para él, eso sería “una actitud política responsable”.

En la misma línea, el vicepresidente del FA José Carlos Mahía aseguró a la diaria que la fuerza política debería “laudar esta situación cuanto antes, para evitar un proceso desgastante para todas las partes”. Sobre el discurso de Sendic en su primer acto público después de conocerse el dictamen judicial, donde el ex vicepresidente señaló que existió una política de linchamiento en su contra, Mahía aseguró que existió una “particular saña contra él y su actuación política”, pero que “ha cometido una serie de errores que también son parte esencial de la cosa”. También acotó que una posible sanción a Sendic no puede ser medida en términos electorales. Más allá de los votos que se ganen o pierdan, aseguró, el “FA tiene que recuperar la credibilidad y la confianza de los frenteamplistas. Esa tiene que ser nuestra prioridad”.

Otro rumbo

Ayer Rumbo de Izquierda, un sector fundado por dirigentes escindidos de la lista 711, emitió una declaración en la que también reclama a las autoridades del FA que tomen cartas en el asunto. “Nos duele que un compañero de nuestra fuerza política termine responsabilizado por actos contra la administración pública, y en esto no cabe otra cosa que hacerse cargo y realizar la autocrítica que corresponde ante todos los ciudadanos/nas del Uruguay”. Según Rumbo de Izquierda, el FA “debe analizar en profundidad esta experiencia y aprender de los errores cometidos” y, en el contexto de una sociedad con un creciente “descreimiento en la política y en los partidos políticos”, se deben dar “señales contundentes que preserven por sobre todo los valores que son esenciales para la convivencia democrática”. “Si lo anterior no es asumido por los compañeros involucrados, debe ser el partido político quien asuma las decisiones correspondientes que establezcan con contundencia que este tipo de prácticas no son aceptadas en su seno”, remata la declaración.

En otro orden, el sector también defiende lo hecho por los legisladores frenteamplistas en la comisión investigadora sobre ANCAP que funcionó en el Senado durante 2015 y 2016. “Podemos señalar con contundencia que en buena medida lo sostenido por el FA en el informe final, en el que se fundamentaba que no se podía comprobar la existencia de delitos en la gestión de ANCAP, es corroborado por un poder independiente y fundamental en un sistema democrático. Todo lo que la oposición intentó instalar de cientos de millones de sobrecostos en las inversiones, y otra serie de irregularidades fue desestimada por la Justicia de nuestro país”. El sector asegura que “hasta la fecha, de todas las denuncias presentadas por la oposición, la Justicia interpreta que en un solo caso un compañero puede ser señalado por un delito de abuso de funciones, figura delictiva cuestionada por todos los especialistas en derecho penal de nuestro país”. Además, se destaca que el uso de las tarjetas corporativas que hizo Sendic “no fue parte del proceso de la investigadora sobre el tema ANCAP”.