Por unanimidad, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes culminó la votación del proyecto de ley para regular la publicidad oficial, que en breve será votado en el Plenario de ese cuerpo.

El texto había sido votado en general el 14 de diciembre de 2016, pero su discusión particular se había dejado para más adelante y prácticamente no fue tratado en todo 2017. A principios de diciembre, sin embargo, el tema volvió a ser considerado, cuando la Agencia de Contrataciones y Compras del Estado respondió a una consulta de la comisión, informándole que podía asesorar a organismos públicos “en aspectos vinculados a la contratación [de publicidad], pero que no tiene idoneidad para procesar los análisis de audiencia o comunicación, ni en lo que tiene que ver con los criterios de distribución”. Finalmente, esta agencia realizará tareas exclusivamente de asesoramiento, dijo el diputado nacionalista Rodrigo Goñi a la diaria.

“Se terminó la discrecionalidad en la publicidad oficial de gobierno”, vaticinó Goñi, y resaltó el esfuerzo de la bancada oficialista y las concesiones del gobierno y de la oposición para que el proyecto saliera por unanimidad.

No obstante, la iniciativa no estuvo exenta de polémica. La discusión principal radicó en el período de prohibición de la publicidad oficial. Mientras que la bancada oficialista quería restringirlo al período de campaña electoral previsto por ley, los legisladores de la oposición pretendían que se extendiera a todo el año electoral. “Propuse que fuera desde el 1º de enero hasta después de las elecciones departamentales, y hablando de publicidad oficial en el sentido más amplio, incluyendo campañas de bien público, pero el Frente Amplio no lo llevó”, dijo el diputado Daniel Radío, del Partido Independiente.

En la mayoría de los temas hubo acuerdo entre oficialismo y oposición, incluso para eliminar del proyecto original la figura de la Unidad de Asesoramiento para la Asignación de Publicidad Oficial, cuya creación fue considerada “excesiva”, explicaron los legisladores.

El proyecto establece cuando los organismos públicos de alcance nacional, departamental o municipal contraten pauta publicitaria en medios de comunicación social, servicios o plataformas tecnológicas de información y comunicación, deberán guiarse por criterios objetivos establecidos en el articulado, entre ellos el público al que se destina la publicidad, el tiraje o rating del medio y el precio.