La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) presentó ayer su informe anual, en el que repasa lo hecho por el organismo, las denuncias recibidas y las resoluciones tomadas durante 2017. El organismo trató 648 casos, 68% de los cuales fueron pedidos de asesoramiento y consultas, mientras que el 32% restante fueron denuncias por vulneración de derechos humanos.

Según las denuncias analizadas, los derechos más vulnerados son los que refieren a la igualdad y no discriminación (22%), a la integridad física (17%) y al trabajo (11%). El director de la INDDHH Juan Faroppa explicó a la diaria que el derecho a la no discriminación muchas veces se vulnera junto con el derecho al trabajo y al del acceso a la educación. Por ejemplo, existen denuncias de personas que no pueden acceder a un puesto de trabajo porque existen límites de edad, al mismo tiempo que se contabilizan varias denuncias de discriminación de personas con discapacidad en lo que refiere al acceso a la educación.

Al igual que el año anterior, el Ministerio del Interior (MI) es el organismo más denunciado por la presunta violación de los derechos humanos; la INDDHH recibió 71 denuncias sobre el organismo. Lo siguen la Administración Nacional de Educación Pública y el Poder Judicial, con 18 y 17 denuncias, respectivamente. La presidenta del directorio de la INDDHH, Mariana Mota, dijo a la diaria que el MI recibió ocho recomendaciones de la institución, pero se observó que existen ciertas dificultades para que la cartera cumpla con lo que sugiere el organismo. Mota explicó que es un organismo que tiene prácticas arraigadas que son muy difíciles de cambiar, pero también que existe una suerte de “burocratización” a la hora de dar respuestas. De todas formas, señaló que el MI se ha mostrado abierto a recibir a la institución y trabajar en formas de prevención y promoción de los derechos humanos.

Lo que pasa en el encierro

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la INDDHH denunció los altos índices de violencia institucional e interpersonal en las cárceles del país. Según el informe, el número de muertes por homicidio y suicidio es la cara más visible de una “falla sistémica”. En particular, la institución solicitó el cese del confinamiento en solitario que subsiste en el módulo 12 de la Unidad 4 (ex Comcar). Hace un mes, el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, dio cuenta en su informe anual que en ese módulo no se llevan a cabo actividades socioeducativas y tan sólo tienen “dos horas de contacto humano”, situación que puede definirse como tortura, “ya que existe un dolor añadido volitivamente que es innecesario y que se agrega injustamente a la pena de prisión”.

En cuanto a los adolescentes privados de libertad, la institución señaló que Uruguay ha avanzado en el “endurecimiento punitivo” mediante la aprobación de una serie de normativas. En particular, se reconoce que la modificación del Código de la Niñez y Adolescencia (CNA), que determina un aumento de la duración de las medidas cautelares de 60 y 90 días a 150 días, es “una grosera regresión en materia de derechos, pues aumenta la carga punitiva hacia los adolescentes privados de libertad en una medida como la cautelar, que debe ser de carácter excepcional”.

En tanto, la institución hizo foco en el Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, donde desde 2014 se constata la existencia de basurales en los patios y condiciones de “abandono del lugar”, así como se ha comprobado que varios adolescentes duermen en el piso debido a la falta de un número suficiente de camas. Asimismo, las condiciones edilicias “no son adecuadas desde una perspectiva de derechos humanos”, ya que existe escasa iluminación natural y artificial en las celdas, y filtraciones de agua de las duchas y los sanitarios.

Los reformas que no ayudan

“Se están desandando caminos muy importantes en materia de derechos”, indicó a la diaria el director de la INDDHH Wilder Tyler, en referencia al proyecto de ley que busca modificar el nuevo Código del Proceso Penal. El texto, enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, acota el beneficio de la libertad anticipada, hace obligatoria la prisión preventiva para reincidentes en algunos delitos graves y otorga mayores potestades a la Policía en sus operaciones. Para Tyler, las modificaciones sustraen al juez la habilidad de juzgar sobre aspectos cotidianos de la vida y circunstancias específicas de cada caso, al mismo tiempo que restringen la “presencia garantista del fiscal”. “Eso se traduce en un grado de vulnerabilidad para el justiciable”, agregó.

La progresión punitivista se puede ver también en el sistema penal juvenil, aseguró Tyler, y señaló como ejemplo la modificación del CNA, que pone al adolescente en condiciones “más desventajosas” que los adultos. “Se escucha con mucha frecuencia que la cárcel es la universidad del delito, pero para mitigarlo no encuentran otra forma que seguir mandando más gente a la cárcel”. Para Tyler, la pregunta que deberían hacerse las autoridades es la siguiente: “¿El problema se soluciona mandando más gente a las cárceles? Nosotros creemos que no”.