La Comisión de Defensa Nacional del Senado se encuentra a la espera de las opiniones del ministro de Defensa, Jorge Menéndez, sobre las modificaciones que sugirió el fiscal de Corte, Jorge Díaz, al proyecto de ley que encomienda a las Fuerzas Armadas (FFAA) la realización de tareas de vigilancia en las zonas fronterizas, según explicó el senador nacionalista Javier García.

La iniciativa otorga a las FFAA la función de vigilar una zona de frontera definida como la “franja del territorio nacional de 20 kilómetros de ancho” que no comprende los centros poblados. Se prevé que el Ejército realice en esa área tareas de patrullaje, identificación de personas y control de vehículos, y que en caso de constatar un ilícito también se encargue de llevar adelante la eventual detención. En particular, tanto la oposición como el fiscal de Corte manifestaron sus discrepancias sobre el tercer artículo del proyecto, que determina que cuando las FFAA detecten “una presunta irregularidad” deberán comunicarlo “de forma inmediata a la autoridad policial u organismo competente”.

García explicó a la diaria que, tal como se encuentra redactada la iniciativa, los soldados deberían reportar a la Policía en vez de al fiscal de turno, y de esa manera se rompería “la cadena de mando”. Con el actual texto, agregó, se transforma al Ejército en “auxiliar del auxiliar” y, en su opinión, eso solamente genera “burocracia” e “intermediarios”. “Si lo que quieren es que el soldado no vaya a la Justicia, no lo van a evitar de esta forma, porque el fiscal solicitará el testimonio de quien estuvo en el lugar de los hechos”, explicó.

Díaz señaló al respecto, durante su comparecencia hace dos semanas en la comisión, que la vigilancia de la zona fronteriza se tendrá que “coordinar” entre la Policía y las FFAA. Acotó, además, que siempre que exista la posibilidad de represión, disuasión y uso de la fuerza se debe notificar a la Fiscalía. En su opinión, el mayor problema de la iniciativa está dado por la posibilidad de que los militares puedan realizar detenciones “en caso de flagrante delito”, ya que cuando se habla de detención se está haciendo referencia directamente “a una tarea de investigación criminal, [...] que naturalmente desarrollan quienes son auxiliares de la Justicia”.

Acerca de la idea de que las FFAA operen como auxiliares de la Justicia, indicó que eso ya ocurre en la actualidad, y puso como ejemplo el rol de la Prefectura Nacional Naval en la franja costera. “No me queda claro cómo se puede no ser auxiliar de la Justicia y tener facultades para detener. Si tengo facultades para detener in fraganti delito, de alguna manera estoy siendo auxiliar de la Justicia, independientemente del procedimiento posterior”, alegó. Por otro lado, comentó que los fiscales necesariamente deberán pedirles a los militares que expliquen sus motivos para una detención, a fin de controlar su legalidad. “Son temas espinosos y complejos”, señaló, y agregó que el proyecto de ley le había parecido una “especie de puercoespín”, ya que “por donde uno lo quisiera agarrar, se pinchaba”.

“Son definiciones de naturaleza política, pero lo que queda claro es que por más que queramos poner al personal policial en el medio, desde el momento en que hay una detención el bypass no funciona”, sentenció Díaz. El fiscal de Corte cuestionó, además, la disposición en la que se establece que las FFAA deberán apoyar a los organismos con jurisdicción y competencia en la zona fronteriza. En su opinión, ese artículo es “bastante amplio y un poco inasible”, ya que existe un “sinnúmero” de organismos con jurisdicción y competencia en la zona fronteriza, entre ellos las intendencias correspondientes, la Dirección Nacional de Aduanas y la propia Fiscalía.