Los diputados de la oposición que se reunieron ayer con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, quedaron desconformes con los anuncios del secretario de Estado para mejorar la seguridad en ese departamento.
Legisladores canarios de todos los partidos asistieron al encuentro para saber cuáles son las medidas que el Ministerio del Interior se dispone a adoptar. Bonomi dijo que en el proyecto de Rendición de Cuentas a consideración del Parlamento está prevista la incorporación de 500 policías a la Guardia Republicana que serán repartidos en cuatro sedes, una de ellas ubicada en Pan de Azúcar (Maldonado), que tendrá a su cargo la zona este de Canelones, con recorridos a lo largo de los ejes de la Interbalnearia y la ruta 9. Dijo que se reforzará el patrullaje para controlar las motos, y confirmó que su ministerio terminará de colocar 750 cámaras de videovigilancia, a las que sumarán otras 750 que instalará la intendencia.
Richard Charamelo (Partido Nacional) dijo a la diaria que la reunión fue interesante porque asistieron legisladores de todos los partidos, pero afirmó que el ministro “hizo un raconto que no es mucho más de lo que viene diciendo hace varios años”. Sobre las cámaras, reconoció que son importantes, pero acotó que ya hay algunas y sin embargo el crecimiento de la delincuencia en Canelones ha sido “increíble”. También sostuvo que lo primero que el ministerio debe asegurar es que funcionen, porque “se ha dicho, de manera extraoficial, que no tienen mantenimiento, y ante alguna situación de robo, los comerciantes [de Las Piedras] fueron a pedir las imágenes y las cámaras no habían grabado”.
Según Charamelo, Bonomi dice que el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) “ha complicado las cosas”, porque “desde setiembre a esta parte, por el proceso abreviado, hay 1.400 personas que deberían estar procesadas [pero] han salido y son las que están complicando”.
Adrián Peña (Partido Colorado) destacó que todos los partidos se hayan juntado para ver cómo se resuelve el problema de la seguridad, pero evaluó que los resultados concretos fueron pocos. Dijo que, aunque es consciente de que en cuestiones de seguridad tienen visiones diferentes, pensó que en la reunión se expondrían estrategias concretas para ser aplicadas de inmediato, y comentó que quedaron “muy desconformes” con las propuestas. “Una expectativa es que, en la medida en que se apliquen las modificaciones del CPP, haya una mejor articulación entre la Policía y la Fiscalía, pero esa es una expectativa, lo que necesitamos son medidas de impacto”, alegó.
José Carlos Mahía (Frente Amplio, FA) destacó la reacción del sistema político en su conjunto. “Estamos preocupados por la seguridad, en particular en el área metropolitana. El FA estuvo presente [en la reunión] porque, como partido político, tiene que dar un gesto a la población de Canelones, que hoy está muy preocupada”, explicó.