A fines de mayo, el gobierno anunció que crearía una comisión para coordinar las políticas en materia de seguridad. En conferencia de prensa, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, explicó en aquella instancia que pretendían “analizar con cierta regularidad cómo funcionan las distintas herramientas” de combate al delito. Días antes, el presidente Tabaré Vázquez se había reunido en Suárez y Reyes con jerarcas de distintos ámbitos para contarles la idea. El encuentro fue con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi; la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Heber Galli; el director de la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), José Clastornik; y la directora general de Primaria, Irupé Buzzetti.

La intención de Vázquez se materializó en un decreto que el Poder Ejecutivo aprobó esta semana, que crea la Comisión de Coordinación en materia de Seguridad Pública. En la norma se señala que “en función de las nuevas y complejas modalidades delictivas, resulta imprescindible el abordaje integral y transversal de las conductas reprochables desde el punto de vista penal”.

La comisión dependerá de Presidencia de la República. La presidirá Roballo, y estará integrada en forma permanente por el ministro del Interior y por el fiscal de Corte. Roballo había dicho en la conferencia de prensa de mayo que la comisión contará con el asesoramiento de Agesic; en el decreto se establece que la integración de la comisión podrá “ampliarse transitoriamente, a solicitud de la comisión, en mérito de las temáticas tratadas”.

El nuevo organismo tendrá el cometido de impulsar “el desarrollo de acciones coordinadas” entre distintos organismos públicos para la “prevención, investigación y represión del delito”. Además de generar espacios de diálogo, tendrá que colaborar en el diseño de “proyectos de trabajo auditables” y deberá “promover una visión integrada del delito y su contexto”.

También tendrá la función de “fomentar la producción y uso de estadísticas e indicadores” sobre seguridad e “impulsar el intercambio de información autorizada por las normas aplicables”. Este fue uno de los puntos en discusión a raíz de la queja del director nacional de Policía, Mario Layera, de que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no facilitaba la tarea de la Policía porque no ponía a disposición información personal de sus beneficiarios. Luego el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sostuvo en el Parlamento que hay intercambios de información pero que se puede “mejorar”. El Mides, en tanto, salió a aclarar que no es su rol cumplir tareas policiales.