Los encargados de la campaña electoral del Partido Nacional (PN) asistieron el lunes a la comisión investigadora sobre el financiamiento de partidos de la Cámara de Representantes, para dar cuenta del gasto de publicidad televisiva que realizaron en la última campaña electoral. Los representantes del nacionalismo argumentaron que hicieron todo conforme a lo establecido por la Corte Electoral, y que el estudio académico en el que se basa la investigadora, que indica que existió un cobro diferenciado por partido de los segundos en televisión, tiene errores.

Afirmaron que lo que el PN gastó fue informado a la Corte –“ahí está, es público y se sabe”– en los términos que establece la ley, de modo que no corresponde detallar a cuánto negociaron el segundo con los canales de televisión, y retrucaron que el Frente Amplio (FA) nunca puso sobre la mesa la información que les solicita a los otros partidos.

El artículo académico en el centro de la polémica se titula El gasto electoral en publicidad televisiva en Uruguay: cobro diferencial y subdeclaración, y fue realizado por Rafael Piñeiro, Cecilia Rossel y Santiago Acuña. Allí se indica que 53% del gasto total de los partidos en la campaña electoral de Montevideo y Canelones fue destinado a publicidad televisiva, y que mientras el FA fue el que pagó más caro a los canales (410 pesos por segundo), el PN fue el que pagó menos (289 pesos por segundo).

La comisión investigadora, según afirmó el diputado frenteamplista Alfredo Asti durante la sesión del 2 de julio, quiere despejar si esas diferencias se debieron a que hubo una “distinta negociación entre los responsables de campaña” de cada partido y los canales, a que se subdeclaró el gasto o a “decisiones político estratégicas de los medios de comunicación, que habrían optado por favorecer más a una fórmula que a otra, encubriendo de esa manera algún financiamiento por fuera de lo que establece la ley de partidos políticos”.

El contador nacionalista Fernando Blanco sostuvo que tanto los senadores como los diputados blancos “armaron y organizaron sus campañas” y que toda la información acerca de los gastos se envió luego a la Corte Electoral. Blanco destacó que uno de los autores de la investigación, Rafael Piñeiro, declaró ante la comisión investigadora que el informe tiene “errores”, detectables si se analiza con detenimiento la información. Entre ellos, señaló el hecho de que los datos sólo correspondan a Montevideo y Canelones, e indicó, por ejemplo, que el Partido Comunista figura con cero gasto pero con 4.073 segundos contratados. “Yo no creo que el Partido Comunista haya hecho una declaración de que no gastó nada y haya tenido 4.000 segundos de televisión”, afirmó.

Opinó que las conclusiones del artículo son “temerarias” y que, según la academia, un precio se define como “aquel valor que una parte está dispuesta a pagar”. En ese sentido, si dos personas “se ponen de acuerdo, ese y nada más que ese es el precio”. El contador ejemplificó con el pago del IVA y dijo que si uno va a comer y le hacen un descuento de 25%, no se puede decir que esté evadiendo el pago de impuestos: “¿Por qué? Porque la empresa negocia ese precio, [por él] están dispuestos a darnos el almuerzo o la cena y nosotros estamos dispuestos a pagar”.

En esa línea, y en cuanto a la forma de negociar el minuto de publicidad, dijo que el PN lo hizo directamente con los canales de televisión y se preguntó cómo lo hacía el FA, porque hasta el momento no lo había explicitado. “Es verdad”, dijo Asti a la diaria, y explicó que el FA no ha proporcionado esa información porque hasta el momento “nadie se lo preguntó”. Para él, de todas formas, hay una “diferencia” clave y es que se le pide al PN información porque es el partido que pagó menos el segundo en televisión. A título personal, esbozó que la diferencia de negociar el minuto a través de una agencia de publicidad, como lo hace el FA, es que “no le estás poniendo el peso del dirigente político en la negociación”. Al otorgarle esa responsabilidad a la agencia “se deja todo librado a la profesionalidad, en vez de al peso político”.

En la reunión más reciente de la comisión investigadora, Asti explicó que se pide esta información a todos los comandos de campaña, así como a los medios de comunicación, “para aventar cualquier duda, cualquier suspicacia”. Por el momento, la comisión tampoco ha tenido suerte con los canales de televisión. Según informó la diaria el 31 de mayo, el representante del Canal 4 que asistió a una sesión criticó la investigación académica y dijo que no brindaría información sobre las tarifas cobradas, defendiendo así su “derecho a mantener la confidencialidad”, alegando que el canal está inmerso en un “mercado competitivo” .

En esa ocasión también concurrió a la comisión el responsable de la contaduría del FA, Andrés Correa, quien explicó que la coalición de izquierda contrata los minutos por medio de una agencia de publicidad, luego el departamento de contaduría recibe la información de la agencia y queda todo registrado. Eso descarta “la posibilidad de subfacturación o de subregistro por parte del partido político. Debo decir que el Frente Amplio no tiene esa clase de prácticas; todas las partidas están registradas por su valor nominal, por el valor de factura”, aseguró.