MGAP asegura que no cometió omisión en el caso de Paso Picón

Los vecinos del paraje rural canario de Paso Picón presentarán a fines de julio la demanda contra el productor Máximo Castilla y contra el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) por los daños que les provocaron las fumigaciones de Castilla, principalmente a partir de fines de 2013. El 20 de junio se desarrolló en el Juzgado de Conciliación de 4º Turno de Montevideo una audiencia de conciliación. Castilla no concurrió –no estaba citado por residir en el interior– y, si bien el MGAP estuvo presente, no se llegó a una conciliación. Por tanto, dentro de pocos días los vecinos presentarán la demanda, confirmó a la diaria el abogado Alberto Gómez, quien, junto con Martín Fernández, está a cargo de la defensa de los vecinos de Picón.

Los vecinos reclaman que el productor, al haber aplicado agroquímicos fuera de la reglamentación, les generó y les sigue generando graves daños a sus derechos fundamentales, “como son el derecho a la vida, a la salud, a la libertad física, al trabajo y al medio ambiente sano”, expresa el escrito presentado en la instancia de conciliación. Al MGAP le reclaman que “fue omiso en su deber de fiscalización y de defensa de los más fundamentales derechos”, que sus intervenciones fueron “extemporáneas e ineficaces”, cuando era la “única autoridad competente con capacidad para hacer cesar el daño”. A Castilla le reclaman 15.980.000 pesos (por daños y perjuicios y “daño moral generado por injurias, violencia privada y agresiones”) y al MGAP 11.980.000 pesos, por ser “solidariamente responsable de los daños causados por las fumigaciones”, dice el escrito. “Son solidarios en la deuda; se les pide a los dos porque consideramos que los dos son responsables. El juzgado verá el grado de responsabilidad de cada uno, puede absolver a uno o hacerlo en parte”, explicó Gómez.

En diálogo con la diaria, Horacio Servetti, director general de Secretaría del MGAP, explicó que hasta el momento lo único que recibieron es la citación a conciliación. “Ellos alegan la responsabilidad del ministerio por omisión en el cumplimiento de sus cometidos, la responsabilidad del Estado, pero no concretan qué es lo que nos imputan porque lo que hubo fue una citación a conciliación en términos genéricos. Alegan daños a la salud, en animales o en plantaciones, pero no existe ninguna prueba porque la conciliación no tiene por objeto discutir ese tipo de cosas, la conciliación es tratar de evitar un juicio”, expresó Servetti. Añadió que “para que exista responsabilidad del ministerio van a tener que probar que el ministerio no actuó de acuerdo al artículo 24 de la Constitución [de la República], o sea, que los servicios funcionaron mal, tardíamente y que hay un nexo de causalidad entre lo que el ministerio hizo o no hizo con el daño que ellos reclaman, porque si hay daño, quien causó el daño fue el que aplicó el producto”.

Servetti aseguró que el MGAP actuó conforme a la legislación: “Cada vez que se recibieron denuncias se fue, se constató, se hicieron los análisis. Muchas veces eran denuncias infundadas porque no se constató, o por lo menos la prueba analítica dio que no existían rastros de glifosato”, comentó, y remarcó que “el ministerio va en tiempo y forma”. En esto coincidió Federico Montes, director general de Servicios Agrícolas del MGAP.

Los entrevistados no dieron información de cuántas fueron las multas que el MGAP le aplicó al productor ni detallaron cuánto le costó el daño que provocó. “Son variadas, hay de 60 UR [Unidades Reajustables] y de 40 UR”, se limitó a responder Servetti.

Lo que se constató fue el daño en los campos vecinos por deriva de glifosato. Montes detalló que “el período más complejo fue en 2014”. Luego, el MGAP respondió a “denuncias de seguimiento”. El jerarca agregó que las últimas denuncias se recibieron en 2017, cuando no se constató que hubiera deriva. “Es un tema que quedó, ahora vuelve a tener vigencia por el juicio; los hechos fueron todos en 2014 y 2015”, completó Servetti.