El objetivo de “alcanzar niveles de desarrollo humano del primer mundo” se plantea en la introducción del documento programático con el que el Partido Nacional (PN) buscará acuerdos entre los partidos de la oposición, con miras a obtener gobernabilidad si gana las elecciones del año próximo.

El documento fue aprobado ayer en el Honorable Directorio por unanimidad. Según explicó el diputado Pablo Abdala (Alianza Nacional), en la próxima sesión se votará qué pasos seguir dando y qué entrevistas pedir en el proceso de diálogo con otros partidos. “No pretende ser la respuesta final, sino un insumo para los acuerdos”, explicó. Los coordinadores del documento fueron Pablo da Silveira (Todos) y Luis Calabria (Alianza Nacional).

El texto tiene unas 30 páginas y el primer tema específico al que hace referencia es la seguridad, abogando por un “nuevo enfoque” que abarque no sólo la “multicausalidad” del delito, sino también el combate a la delincuencia. Se propone un “combate frontal” al narcotráfico y la “recuperación de territorios” que están en sus “manos”, además del “cumplimiento efectivo de penas de delitos de mayor gravedad”.

Sobre la política económica, se cuestiona que haya sido gobernada por un partido, y se sostiene que debe ser de “diálogo y acuerdo”. Entre sus problemas, se señala que el gasto público se ha incrementado “año tras año”, lo que ha causado “altos déficits fiscales y procesos de ajuste que han recaído sobre el ingreso de los trabajadores, a través de mayores impuestos y tarifas públicas”. Estos “errores de política económica”, a juicio del PN, “hicieron que la época de bonanza que tuvo nuestro país no permitiera afianzar los pilares de nuestro sistema productivo”. Para revertir esto, se insiste en establecer una “regla fiscal” que permita ahorrar en los períodos de bonanza. También se cuestiona el uso de las tarifas públicas como “instrumento de política fiscal”, y se propone “restablecer las competencias originales que se asignaron a las unidades reguladoras existentes (URSEA y URSEC) [de servicios de energía y agua, y de servicios de comunicaciones], dotándolas de verdadera autonomía” y especializándolas en la regulación de tarifas.

En cuanto al mercado laboral, se habla de un nuevo “paradigma” modernizador, sostenido en las “relaciones laborales colaborativas”. El texto señala que es necesario “adecuar los marcos que definen las relaciones laborales en Uruguay, sin que ello implique debilitar ni desproteger la situación de los trabajadores”. No obstante, sostiene que los Consejos de Salarios “deben seguir siendo el ámbito de diálogo y determinación de los parámetros fundamentales de las relaciones laborales”.

El modelo de la “estructura educativa” del país está “agotado” y requiere una “reforma”, se asegura. Para eso, se propone que el poder político, “representativo de la ciudadanía”, tenga el control de la educación, y que los organismos de conducción tengan una representación “pluripartidaria”. Además, se afirma que el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública debe tener mayores potestades en la definición de las políticas educativas; se propone cambiar el sistema de elección de horas y cargos y “otorgarles y reconocerles título universitario” a los docentes.

Respecto del Estado, el PN dice que debe asegurar al ciudadano “el ejercicio de todos sus derechos y deberes” desde una “concepción solidaria”, pero “que no asfixie la iniciativa privada y la dinámica empresarial, que respete al contribuyente y compense y corrija desigualdades e inequidades”.