El proyecto de ley de Rendición de Cuentas que envió el sábado el Poder Ejecutivo al Parlamento prevé, en el capítulo destinado a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la creación de la Unidad de educación, prevención y diagnóstico de salud escolar, dentro del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP). Esta unidad se encargará de desarrollar los programas de Salud Bucal, Salud Visual y el de Salud Auditiva Escolar (que todavía no comenzó a funcionar), que hoy están en la órbita de Presidencia de la República. Con el traslado, también se le asignan los recursos de estos programas, y según dispone el articulado, los funcionarios que hoy trabajan en ellos podrán elegir si pasar o no al CEIP.
Algunos de los consejeros de Primaria mencionaron que ese cambio se estableció recientemente en el texto que envió el Poder Ejecutivo, y esperan que pueda tener ajustes en el trámite parlamentario. Héctor Florit aseguró que el programa de Salud Bucal “ha tenido un impacto muy favorable; hay casi 100 odontólogos e higienistas prestando funciones y ha significado que decenas de miles de niños tuvieran prevención, promoción, incluso asistencia”, pero consideró que la “propuesta concreta sobre la modalidad en la que se transfieren los recursos amerita un análisis más detallado”.
Pablo Caggiani, integrante del CEIP elegido por los docentes, manifestó que el CEIP estaba al tanto de la voluntad de Presidencia de que los programas pasaran a Primaria “para que se institucionalizaran”. Consideró que el pasaje será “un desafío, porque el CEIP no tiene el conocimiento técnico para armar programas que tengan atención de salud”, pero aseguró que la salud de los niños, en particular la ocular, “tiene mucha relación con lo educativo”. “El programa de Salud Ocular hace pesquisas fundamentalmente en educación inicial, y a los que precisan se les hacen los lentes”, explicó. Señaló que muchas veces “se detectan gurises que no ven, recién en primer año”, y por las metas de los prestadores de salud, entre que la maestra se da cuenta y se concretan las consultas con el pediatra y el oftalmólogo, muchas veces el diagnóstico que indica que el niño necesita lentes llega en agosto o setiembre, cuando ya pasó gran parte de un año central para que el niño adquiera la lectoescritura.
Para Caggiani, que estos programas pasen a depender del CEIP refleja que en Uruguay “la matriz de protección social está basada en la escuela”. Advirtió que “muchas veces se puso todo en la escuela, pero faltaron los recursos en términos de otros profesionales que no son del magisterio”, y consideró que el traspaso no podría implicar “que la escuela tenga que invertir tiempo y horas docentes en una actividad que en realidad la sociedad está financiando por otro lado”. De todas formas, para el consejero, “mientras discutís, un gurí que no tiene lentes se queda sin aprender”, por lo que si bien la propuesta “no es la mejor solución, es la posible para garantizar que los gurises tengan resuelto esos aspectos de salud”.
A estudiar
Los consejeros mencionaron algunos de los aspectos que se deberán trabajar en el ámbito parlamentario. En particular, que el cargo que se crea para el director de la unidad no está presupuestado y que los funcionarios profesionales que acepten el traslado entrarían en un escalafón menor al que se encuentran los profesionales en el CEIP. Para cubrir esa diferencia, se necesitarían 45 millones de pesos más que hoy no están contemplados en el presupuesto.
El director de la unidad estaría asesorado por una comisión integrada por dos delegados del Consejo Directivo Central de la ANEP, por dos delegados de la Universidad de la República, designados a propuesta de las facultades de Medicina y de Odontología, y dos representantes del Ministerio de Salud Pública. El texto de la Rendición prevé que la unidad pueda ser incluida en los beneficios para empresas contribuyentes de IRAE e Impuesto al Patrimonio que hagan donaciones, y establece que todos los créditos y partidas que sean transferidos a la unidad no pueden destinarse a otro objetivo.
“Es un servicio importante; en el caso de que se transfiriese a la ANEP generaría un desafío grande”, mencionó Florit. El traslado de los funcionarios, dijo, “supondría una dificultad desde el punto de vista de la administración, la gestión y el apoyo que supone esa transferencia”. “Es un tema que tenemos que analizar con más cuidado desde el punto de vista presupuestal, de los espacios institucionales donde quedaría radicado el programa y desde el punto de vista de las competencias que tendrían las diversas unidades”, afirmó.
Florit recordó que al final de la primera administración de Tabaré Vázquez el programa de Salud Bucal se ubicó en el Centro Ceibal para la Niñez, después pasó por el Ministerio de Salud Pública y luego volvió a Presidencia. “Hay una dificultad en cuanto a la función específica, que está, obviamente, en el área de la salud, y a la población objetivo y el espacio en el que se desarrollan las intervenciones, que es ANEP; esa tensión puede tener múltiples soluciones”, afirmó.