Ayer, en una larga sesión del plenario de la Cámara de Diputados, se aprobó en general (por 84 votos a 81) el proyecto de ley que modifica el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), con algunas modificaciones en relación con el texto ya votado en el Senado, a donde por lo tanto volverá, aunque sólo por un aspecto formal. Una de las modificaciones es la inaplicabilidad del beneficio de la libertad anticipada para quienes cometan ciertos delitos de extrema gravedad, o por la reiteración, reincidencia o habitualidad de otros delitos.

La diputada frenteamplista Cecilia Bottino (Movimiento de Participación Popular) abrió el debate explicando que la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, que integra, aprobó en general el proyecto por unanimidad, tras un “arduo e intenso” trabajo, y que como había voluntad de llevarlo ayer al plenario para no demorar más su entrada en vigencia, no se pudo procesar todo “el debate necesario”, como habrían querido todos sus integrantes.

Bottino sostuvo de que desde que comenzó la aplicación del nuevo CPP, en noviembre de 2017, hubo preocupación por “cuestiones que se complejizaron”, y que a eso se debe que el proyecto de modificación, presentado en mayo por el Poder Ejecutivo, busque, por ejemplo, que mejore la relación operativa entre la Policía y la Fiscalía General de la Nación. El tercer artículo de esta iniciativa sustituye al artículo 54 vigente del CPP, sobre la información a la Fiscalía, por el siguiente: “Recibida una denuncia o conocido por cualquier medio el acaecimiento de un hecho con apariencia delictiva, la autoridad administrativa, de acuerdo a la gravedad del hecho, informará inmediatamente y por el medio más expeditivo al Ministerio Público. Sin perjuicio de ello, procederá a realizar las diligencias que correspondan a la investigación del hecho, respecto de las cuales se cumplirá la obligación de información a la autoridad competente”.

Cuando le tocó el turno al diputado blanco Pablo Abdala, señaló que detrás del proyecto hubo “decisiones políticas”, y que por eso los votos a su favor corresponden a “motivaciones diferentes”, aun en la coincidencia. Subrayó que en el Frente Amplio (FA) hay “diferencias notorias” con el proyecto (en efecto, el Partido Socialista, el Partido Comunista e Ir no ven con buenos ojos los artículos que endurecen las penas) y que “hay contradicciones difíciles de entender para quienes no integramos el FA”. Entre ellas, mencionó que se haya “promovido el incremento de las penas en otras decisiones legislativas, de reciente formalización, como la ley de trata de personas o el delito de femicidio, y sin embargo exhibir una opinión dogmática con relación a las respuestas penales como estas que aparecen aquí”. Además, coincidió con Bottino en que habría querido disponer de más tiempo para analizar el tema, y puso como ejemplo que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, fue citado para comparecer ante la comisión el 8 de agosto, fecha en la que el proyecto ya va a estar aprobado. No obstante, subrayó que era necesario votarlo porque “es un ajuste imprescindible”, debido a que en la aplicación del nuevo CPP surgieron “insuficiencias” que urge subsanar. De todas maneras, Abdala acotó que las modificaciones de las normas “no tienen efectos mágicos” y que, por ejemplo, aumentar las penas “no va a cambiar la realidad que todos los días vivimos los uruguayos” en materia de seguridad.

El diputado frenteamplista Pablo González (lista 711) coincidió en que el incremento de las penas “no genera una disminución de los delitos”, y sostuvo que hoy estamos ante una crisis de las que se producen cuando “lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no termina de morir”, como sostenía Antonio Gramsci. No obstante, destacó que el nuevo CPP, con la implementación del sistema acusatorio, es una alternativa al proceso inquisitivo, que tiene “un bajo interés por los derechos humanos”. “Se ha logrado que salga a la luz una gran cantidad de denuncias que no se reportaban, porque en el sistema anterior la Policía operaba como un filtro sobre las denuncias recibidas. Considero que el sistema acusatorio es el que mejor llega al ideal, por eso es llamativo que en pleno siglo XXI sigamos en medio de esta polémica”, comentó.

A su vez, la frenteamplista Macarena Gelman, de Ir, opinó que todavía no transcurrió el tiempo suficiente para evaluar el nuevo CPP, que a su entender debería ser, razonablemente, un año. Además, dijo que el proyecto de modificación está fundado en argumentos “que no cuentan con suficiente respaldo empírico”. “La iniciativa es por lo menos apresurada. Pedimos la paciencia que debemos tener ante un desafío como el que asumimos. Nadie puede pretender que los operadores asimilen de inmediato su nuevo rol. Estamos hablando de la transformación de un sistema absolutamente perverso”, finalizó Gelman.